Fiscalía de la CPI observa 'inacción' de autoridades venezolanas en la investigación de casos de Derechos Humanos
Aunque la Corte Penal Internacional no ha tomado una decisión sobre la realización del proceso de examen preliminar de las denuncias de presuntos crímenes de lesa humanidad contra el gobierno de Nicolás Maduro, sí considera que existe «inacción» por parte de las autoridades en investigar estos casos y sancionar a los supuestos responsables, informa la ONG especializada en temas jurídicos y Derechos Humanos Acceso a la Justicia, en su cuenta de Twitter.
«Es la primera información que da la Fiscalía de la CPI sobre este punto. Ya anteriormente señaló que en Venezuela autoridades del Estado, en especial fuerzas de seguridad militares y policiales, habían cometido presuntamente crímenes de lesa humanidad», indica la organización, citando pronunciamientos de la CPI.
El jefe del Ministerio Público Tarek William Saab hsa objetado la forma en la que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional lleva las averiguaciones preliminares, pues considera que las autoridades venezolanas han aportado suficientes elementos probatorios de que sí se investigan las presuntas violaciones de Derechos Humanos, así como la existencia de un amplio marco jurídico de protección.
De hecho, Saab solicitó a la CPI una reunión directa para explicar la situación antes que tome una decisión sobre el examen preliminar del caso venezolano.
De acuerdo con la interpretación de Acceso a la Justicia, «Esto significa que en el caso conocido como Venezuela I ante la CPI solo queda pendiente decidir si se pasa a la fase investigación ante la Sala de Cuestiones Preliminares de esa institución».
#AlertaLegal El #8Agosto se hizo público el último documento que estaba pendiente por publicarse de parte de la Fiscalía de la CPI con motivo del recurso dilatorio del fiscal Saab. Se abre hilo #JusticiaVe
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) August 12, 2021
El comentario de la CPI señala que «es significativo que, habiendo revisado la información presentada por las autoridades nacionales, los casos potenciales que probablemente surgirían de una investigación sobre la situación serían admisibles en términos de inacción. Esto se debe al número limitado de procedimientos internos pertinentes relacionados con los posibles casos identificados por la Fiscalía; su alcance muy limitado en relación con sus hallazgos; y la falta de pasos concretos y progresivos en esos casos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos”.
Para la abogada especializada en Derechos Humanos y delegada de la Asociación Mundial de Juristas (WJA, por sus siglas en inglés) ante la Corte Penal Internacional, Tamara Suju, el pronunciamiento de la fiscalía de la CPI, a cargo de Fatou Bensouda, es «histórico», porque, en su opinión, abre la puerta para que el proceso de investigación siga adelante.
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