Fiscalía pide juicio civil para quienes destruyeron estatua de Chávez
La Fiscalía de Venezuela pidió el miércoles que 14 personas, detenidas y acusadas de destruir una estatua del fallecido presidente Hugo Chávez y de daños a una alcaldía, sean juzgadas en cortes civiles y no militares como se está haciendo con otras decenas de aprehendidos.
El viernes, en medio de una ola de protestas antigubernamentales, manifestantes opositores quemaron y destruyeron una efigie de Chávez, ubicada en una plaza de la pequeña ciudad de Villa del Rosario, en el estado Zulia, al oeste del país.
Según autoridades, unos 250 civiles que han sido apresados en los últimos días durante las manifestaciones fueron puestos a la orden de tribunales militares por delitos que van desde «rebelión» hasta «ataque» a las fuerzas de seguridad.
La ONG Foro Penal, que presta servicios gratuitos de asistencia jurídica, dijo esta semana que 65 de esos detenidos ya están en prisión por las decisiones de cortes militares.
«Los hechos que se le atribuyen a las personas detenidas no constituyen delitos previstos en la referida norma militar», dijo el Ministerio Público en un comunicado específicamente sobre los 14 aprehendidos por causar destrozos en la alcaldía de Villa del Rosario y acabar con la estatua de Chávez.
«Los procesados no son funcionarios militares, por lo que mal podrían ser juzgados por esa jurisdicción», agregó.
En el comunicado, la Fiscalía no hace referencia al resto de los detenidos en la más reciente ola de manifestaciones.
Venezuela atraviesa una grave crisis que tiene a la oposición en las calles del país protestando por lo que considera una «dictadura» que apresa a la disidencia, viola los derechos humanos y no permite la entrada de ayuda humanitaria para aliviar la escasez de medicinas y alimentos.
El Gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro, por su parte, se ha defendido asegurando que la oposición, con apoyo externo, busca crear caos para finalmente desbancarlo.
La Asamblea Nacional de mayoría opositora aprobó el martes un acuerdo que condena los juicios de civiles en cortes militares, en una sesión en la que intervino, en comunicación vía web, el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
«Esa es una práctica de las dictaduras», dijo Almagro desde Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), de donde Venezuela oficializó su retiro en abril.
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