FMI: Argentina se alista para su nuevo desafío en el derrotero de la deuda

Argentina se alista para iniciar en las próximas semanas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con vistas a lograr un acuerdo de refinanciación de la descomunal deuda que el país suramericano tiene con ese organismo.

El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, confirmó que las conversaciones se iniciarán pronto, incluso quizás antes del 4 de septiembre, cuando Argentina espera concretar un canje de bonos de ley extranjera en manos de acreedores privados por 66.238 millones de dólares, el primer capítulo en el plan de reestructuración de su pesada deuda.

Las negociaciones con el FMI, según admitió Guzmán, serán «duras y complejas» y pueden llevar varios meses, e incluirán discusiones sobre los planes para la economía argentina, que desde hace dos años atraviesa una recesión profundizada por la pandemia de coronavirus, con altos niveles de inflación y déficit fiscal y preocupantes indicadores sociales.

– La pesada deuda a refinanciar –

La abultada deuda de Argentina con el FMI se generó por un acuerdo de auxilio financiero firmado en 2018 por el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) con el organismo.

El pacto, con duras metas fiscales, preveía préstamos totales por un récord de 56.300 millones de dólares, de los cuales llegaron a desembolsarse unos 44.000 millones, cifra que representa el 13,5% de la deuda total de Argentina y coloca al FMI como el mayor acreedor externo del país.

Según lo pactado, la nación suramericana debe comenzar a cancelar el capital de los créditos recibidos a partir de septiembre de 2021 y hasta 2024, pero el grueso de los pagos se concentra en 2022 (17.346 millones de dólares) y 2023 (18.395 millones).

A los pagos de capital por 44.128 millones entre 2021 y 2024, habría que añadir vencimientos de intereses en ese período por 3.800 millones, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda.

El Gobierno de Alberto Fernández ya advirtió que Argentina no tiene capacidad para pagar al FMI en los plazos establecidos y adelantó que pedirá al Fondo refinanciar las obligaciones contraídas, pero sin solicitar el otorgamiento de nuevos fondos cuyo destino sea distinto al de cancelar las deudas con el organismo.

– Un programa diferente –

El Ejecutivo de Fernández ha planteado, además, que el nuevo programa que se acuerde con el FMI esté basado en premisas macroeconómicas diferentes al acuerdo de 2018, que incluyó políticas de contracción fiscal y monetaria a las que el actual Gobierno achaca en gran parte la profundización de la recesión económica de los últimos dos años.

Sin embargo, expertos dan por descontado que el FMI planteará condiciones.

«Siempre con el Fondo va a haber condicionalidades para asegurarse de que el país pague», dijo el economista Pablo Tigani, titular de la consultora Hacer.

Para Marcelo Capello, presidente del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana de la Fundación Mediterránea, el FMI «podría poner el ojo» sobre el sistema de previsión social, «que tiene un gasto anual de 11 % del PIB», y «también podría insistir sobre el gasto en personal del Estado, que en Argentina resulta de 12,7 % del PIB».

– Una discusión compleja –

El Gobierno de Fernández ha destacado en varias oportunidades la buena relación con el Fondo desde la llegada de Kristalina Georgieva a la conducción del organismo.

Es un buen punto de partida, no obstante lo cual el proceso luce complejo y la decisión final pasará por el directorio del FMI, donde tienen fuerte peso Estados Unidos, Japón y Alemania, cuyo apoyo necesitará Argentina.

«La discusión con el FMI va a ser para alquilar balcones. Implica una complejidad significativa por varias razones, entre otras, porque el Fondo ha sido responsable de la debacle en 2018-2019 de la economía argentina», dijo a Efe Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina.

El experto señaló que «el Fondo dijo que la curva de la deuda argentina no era sustentable, con lo cual se podría pensar que no puede ahora exigir el pago de los vencimientos tal como estaban previstos originalmente».

Por lo demás, recordó que el organismo no permite, por sus estatutos, una quita sobre el capital adeudado y exige políticas económicas determinadas, por lo que «hay un montón de aspectos de la negociación que la harán tanto o más compleja que la discusión con los acreedores privados».