FMI entrega a Ecuador 500 millones de dólares para continuar con el acuerdo crediticio
Ecuador registró a finales de 2023 un déficit de aproximadamente 4.800 millones de dólares, equivalente a cerca del 5 % del PIB, lo que fue advertido por el presidente Daniel Noboa a finales de ese año cuando asumió el cargo, al señalar incluso el eventual riesgo de ‘default’ (impago) de cara al 2026 si no se emprendían medidas oportunas.
La junta directiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el desembolso para Ecuador de 500 millones de dólares, correspondientes a la segunda partida del acuerdo crediticio suscrito en mayo de este año por un valor total de 4.000 millones de dólares durante un plazo de cuatro años.
La aprobación de este desembolso se dio tras haber concluido con éxito la primera revisión del acuerdo, ya anunciada hace dos semanas, en la que la institución financiera internacional destacó que se han cumplido todos los objetivos y criterios marcados.
Estos 500 millones de dólares se suman a los 1.000 millones de dólares desembolsados por el FMI al inicio del acuerdo, para completar así los 1.500 millones de dólares que se habían previsto en este año 2024, según destacó el Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador en un comunicado.
En otro comunicado, el FMI afirmó que las autoridades ecuatorianas han realizado «avances sustanciales en la ambiciosa agenda de reformas estructurales que apoya el programa (crediticio)».
Entre las acciones asumidas por Noboa destaca una reforma fiscal que elevó en tres puntos porcentuales el impuesto al valor agregado (IVA) del 12% al 15%, así como la reducción de los subsidios a las gasolinas de mayor consumo para equiparar sus precios paulatinamente a los valores del mercado internacional.
En medio de crisis energética y de seguridad
El Fondo destacó especialmente que Ecuador haya alcanzado los objetivos en medio de un desafiante escenario macroeconómico donde a la crisis de seguridad ya existente se sumó una histórica sequía que llevó al país a tener desde mediados de septiembre racionamientos de electricidad con cortes de entre dos a catorce horas al día.
Esta situación afectó sustancialmente a la economía, por lo que FMI proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador se contraerá en un 0,4 % en este 2024 y crecerá un 1,6 % en 2025, con una inflación que se mantendrá baja, en torno al 2 %.
Puesto que los riesgos de estas perspectivas son todavía altos, los directores urgieron el Gobierno ecuatoriano a continuar en la implementación de su agenda de reformas para salvaguardar la estabilidad macroeconómica y promover un crecimiento más fuerte e inclusivo.
Asimismo, acogieron con satisfacción el plan fiscal de Ecuador que combina medidas para movilizar ingresos fiscales permanentes y de alta calidad y racionalizar el gasto corriente, incluida la contención de la masa salarial pública.
«La implementación gradual de estas medidas, junto con una comunicación cuidadosa, será importante para asegurar el apoyo público», advirtió el FMI, cuya junta directiva elogió «los continuos esfuerzos de las autoridades para ampliar los programas de asistencia social dirigidos a los más vulnerables».
Mejorar transparencia y gobernanza
En ese sentido, destacaron la importancia de enfocarse en «mejorar la transparencia y gobernanza (incluidas las de las empresas estatales)», donde las auditorías a petrolera estatal Petroecuador quedaron pendientes del anterior programa crediticio, que comprometió 6.500 millones de dólares en 27 meses, desde 2020 a 2022.
Los directores del FMI también incidieron en la necesidad de que Ecuador fomente la inversión privada, fortalezca la gestión financiera pública, incentive la participación de mujeres y jóvenes en la fuerza laboral y construya resiliencia al cambio climático.
«Un compromiso firme con el programa y su implementación seguirá siendo crucial para el éxito y el acceso a los mercados internacionales cuando las condiciones lo permitan», concluyó el FMI.
Este programa crediticio fue suscrito en mayo de 2024 con el objetivo de que Ecuador fortalezca su sostenibilidad fiscal y de la deuda, proteja a grupos vulnerables, reconstruya las reservas de liquidez, salvaguarde la estabilidad macroeconómica y financiera y avance en la agenda de reformas estructurales para sentar las bases de un crecimiento sostenible, inclusivo y más sólido.
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