Fondos buitres sobre Venezuela

La noción de fondos buitres (vulture fund) se basa en la figura de estas aves carroñeras que al percibir u observar algún ser agonizante merodean sobre este hasta su muerte para posteriormente ser consumido.

Los carroñeros tienen un rol fundamental en el sustento del medio ambiente en virtud que consumen los desperdicios o residuos orgánicos que otros animales no son biológicamente capaces de hacerlo conlleva necesariamente a una renovación, limpieza y saneamiento favoreciendo a la ecología.

Algo similar pudiese constituirse en el ámbito económico y específicamente financiero al desecharse ciertos actores que pudiesen ser perjudiciales por falta de solvencia económica a consecuencia de implementación de directrices o estrategias erróneas que a la larga ponen en peligro la “ecología del mercado”.

Con relación a los Estados a diferencia de los particulares o actores privados si bien estos no se liquidan son susceptibles de caer en la quiebra.

El gobierno ha anunciado la reestructuración o el refinanciamiento de la deuda venezolana externa el pasado 07 de noviembre ha sido interpretado por síntoma de una futura cesación de pagos de las obligaciones contraídas particularmente por el Estado y Petróleos de Venezuela C.A.

Conforme a cálculos de los expertos en la materia, Venezuela tiene una deuda externa en bonos de 68.000 millones de dólares emitidos por la República y PDVSA. Para noviembre y diciembre del año 2017, los compromisos con estos bonos ascienden a 2.134 millones de dólares y a $8.019 millones durante el 2018.

Las estimaciones conforme a los datos del Banco Central de Venezuela ubican el monto total de la deuda en más de 175.000 millones de dólares. Para el año 2016, conforme a estos análisis, la deuda representaba una proporción mayor a las exportaciones particularmente petroleras, viéndose Venezuela obligada, con objeto de pagar los compromisos a sus acreedores, a disminuir las importaciones a niveles inéditos afectando el abastecimiento y posibilidades de producción de la industria venezolana.

Debemos advertir, conforme a expertos, que la deuda con la Federación Rusa y la República Popular China considerados por el gobierno venezolano como aliados ideológicos, es de 9.100 millones de dólares y 28.100 millones de dólares, respectivamente, podría considerarse una proporción modesta incluso manejable en relación a otras acreencias.

A diferencia del refinanciamiento que aparentemente se ha logrado actualmente con la Federación Rusa fundamentalmente de carácter político dentro del contexto entre Estados; no pudiese considerarse de manera similar las contraídas con tenedores particulares o privados aparentemente conforman la mayoría de acreedores ubicados en Norteamérica y Unión Europea inclusive venezolanos.

Los términos del “refinanciamiento o reestructuración de deuda” deben resultar del mutuo consenso entre el deudor y acreedor es decir unilateralmente no se imponen más aun en una “teórica” situación de minusvalía del “deudor insolvente” imposibilitado de conseguir ventajas.

El problema de los financiamientos con los acreedores particulares o privados seria la dificultad de ponerse de acuerdo en conjunto con estos que se encuentran altamente diseminados, disgregados y esparcidos que perciben dificultades en el pago de sus acreencias contrario a “monolíticos”.

Debemos acotar si bien no es la primera crisis de pago de deuda externa presentada en Venezuela los gobiernos de la democracia representativa -1958-1999- tuvieron la sensatez de recurrir a organismos multilaterales internacionales para conseguir préstamos y financiamientos de la cual Venezuela formaba parte inclusive era miembro como el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial lográndose refinanciamientos y reestructuraciones sin dejar de ser polémicas por lo menos inyectaron “dinero fresco” a la economía aunque las críticas de los movimientos anti sistema en la década de los ochenta y noventa se fundamentaban que se implementaban con un “alto costo social”.

El actual “régimen chavista” bajo excusas ideológicas al proclamarse anticapitalista, antiimperialista, anti neoliberal rompió con los organismos multilaterales de financiamiento concretamente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en el 2007.

Podría interpretarse que la intención del gobierno fue “liberarse” o ponerse al margen del control regular de estos organismos particularmente a través de la remisión de información sobre las cuentas nacionales que se obligan y requieren a sus miembros para acceder a los financiamientos.

El gobierno de Hugo Chávez en esa ocasión bajo la coyuntura histórica del inicio del ciclo de aumento de precios petroleros asevera durante un acto con motivo del Día del Trabajador el 1º de mayo del 2007: «Vamos a retirarnos. Quiero firmar la cuenta (de formalización de salida) esta noche y solicitar que nos devuelvan lo que nos corresponde… No nos hace falta estar viajando a Washington, ni al Fondo Monetario ni al Banco Mundial ni nada» al día siguiente en una cumbre del ALBA abogó por una integración de los pueblos agregando «Señores del Fondo Monetario Internacional, señores de Banco Mundial: chao con ustedes. Venezuela es libre (…) y gracias a Dios, ni los venezolanos de hoy ni los niños por nacer tenemos ya un solo centavo de deuda con esos organismos (…) dominados por halcones estadounidenses».

Según datos suministrados por fuentes de información económica en el 2015, el gobierno venezolano realizó retiros de los depósitos en el FMI denominados Derechos Especiales de Giro confirmada en la página WEB del Organismo: En abril dispuso de 380 millones de dólares, en junio de 1.500 millones de dólares y en octubre de 467 millones de dólares.

La actitud de Chávez frente a los “mecanismos multilaterales de financiamiento” no impidió que recurra a los “mecanismos privados de financiamiento” del tan criticado y aborrecido capitalismo a través de emisiones de deuda y obligaciones ofertados a potenciales acreedores privados particularmente la banca de inversión estadounidense constituyendo una de las mayores ironías del discurso político del régimen bolivariano que abogaba por el denominado “desarrollo endógeno” e “independencia y soberanía económica” fundamentada en expropiaciones.

Por otro lado, a nivel interno, particularmente presupuestario, se creó el concepto de “reservas excedentarias” ingresos no estimados o no reportados en la Ley de presupuesto anual; es decir se declaraban ingresos por conceptos de exportaciones petroleras a un precio mucho menor del que se vendía el barril de petróleo en el mercado cuyo excedente no entraba a las arcas públicas del Banco Central de Venezuela sino quedaba a disposición del Ejecutivo sin ningún control institucional y político con la excusa de satisfacer el llamado “gasto o deuda social”. Durante estos años estos presupuestos que no reportaban las “reservas excedentarias” fueron aprobadas con beneplácito de la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional.

El concepto de “reservas excedentarias” se realizó en detrimento del llamado Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM) creado bajo el segundo gobierno de Rafael Caldera como una reserva legal administrada por el Banco Central de Venezuela que obligaba a preservar ingresos petroleros para enfrentar las bajas de los precios bajo una concepción cíclica del mercado. El gobierno de Hugo Chávez se le dio una “connotación social” es decir su finalidad era satisfacer el denominado “gasto o inversión social” perdiendo este fondo su finalidad inicial actualmente prácticamente extinto siendo desplazado por el Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (Fonden) creado en julio del 2005.

Realmente una restructuración o refinanciamiento de la deuda venezolana podría resultar poco probable o se logre un éxito significativo, particularmente al haberse contraído por una pluralidad y heterogeneidad de deudores resultando imposible un acuerdo monolítico con estos que con cierta o relativa facilidad se podría haber realizado con los organismos de financiamiento multilaterales.

De hecho, cierta literatura financiera sostienen y aconseja que los términos “restructuración y refinanciamiento” de deudas solo le son aplicables a fuentes multilaterales de financiamiento y no acreedores privados debido a dificultades prácticas de lograrse con estos últimos.

A estos se suman las sanciones de la administración estadounidense en agosto del 2017, dificultarían acuerdos particularmente la prohibición de emitir nuevas obligaciones y deudas que podrían generarse en ese país.

La actuación de los “fondos de buitres” pareciese obvia ante la posible cesación de pago de Venezuela. Su rol en el sistema financiero se ha descrito como una “acción profiláctica” al tomar o adquirir deudas cuyas perspectiva de pago son comprometedoras o nulas a precios bajos en virtud a la urgencia de los tenedores de “liberarse” de las mismas para posteriormente emprender acciones judiciales sobre los activos del deudor insolvente para ser rematados generándoles una utilidad y beneficio calificado por “exorbitantes”; se le ha dado una interpretación o connotación despectiva a estos fondos.

Los activos de Venezuela en el exterior en materia petrolera están plenamente identificados particularmente las inversiones petroleras en refinerías e infraestructura en suelo estadounidense de la compañía estadounidense CITGO, cual el gobierno venezolano a través de PDVSA es el único socio.

Obviando la posible connotación despectiva del término “fondos buitres” para otras opiniones, como señalamos, cumplen una función de “profiláctica en la ecología financiera”; en perspectiva, los activos venezolanos pudiesen o estarían en la mira segura de estos ante una posible agonizante economía o con pocas perspectiva de sobrevivencia, sino se aplican los correctivos adecuados y necesarios. Como ocurre con estas aves en la “ecología real”.

* Abogado (UCAB) – Licenciado en Estudios Internacionales (UCV)