Foro Penal: 15% de los presos políticos denuncian malos tratos
Un 15% de los detenidos por motivos políticos en Venezuela denunciaron haber sufrido torturas o maltratos, denunció la ONG Foro Penal en un informe hecho junto a Human Rights Watch (HRW), que desde 2014 ha contabilizado 380 casos de trato cruel, inhumano o degradante contra opositores.
«El Foro Penal indicó que al menos el 15% de los detenidos por motivos políticos les informaron que habían sufrido torturas o maltratos. Estos casos no reflejan la verdadera magnitud del problema, debido a que muchas veces las víctimas no denuncian los abusos por temor a sufrir represalias», denunció la organización.
Según HRW, desde 2014 hay documentados «más de 380 casos de trato cruel, inhumano o degradante contra opositores del gobierno o personas que las autoridades perciben como tales, incluidos al menos 31 casos de tortura en Venezuela».
«El gobierno venezolano ha arremetido brutalmente contra militares acusados de conspiración», dijo José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, quien denunció que no sólo están deteniendo a los uniformados sino que «algunos casos también van tras sus familiares u otros civiles cuando no pueden encontrar a los supuestos responsables a quienes buscan».
Más de 12.800 personas han sido detenidas desde 2014 en el marco de las manifestaciones contra el gobierno, según datos del Foro Penal. Estas cifras incluyen a manifestantes, transeúntes y personas que fueron sacadas de sus hogares sin la correspondiente orden judicial.
En septiembre, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú enviaron una carta a la Corte Penal Internacional (CPI) para pedirle que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos, según ellos, por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Maduro asume el jueves un segundo mandato, tras unos comicios desconocidos por varios países latinoamericanos, Estados Unidos y la Unión Europea.
El Grupo de Lima, con la excepción de México, instó el viernes a Maduro a no asumir su segundo mandato y a transferir el poder al Parlamento, lo que Caracas consideró una incitación a un golpe de Estado.
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