El Consejo de la Unión Europea (UE) anunció este lunes que renovó las sanciones a Venezuela, aunque limitándolas a seis meses en una nueva resolución que el gobierno del izquierdista Nicolás Maduro rechazó al tildarlas de «ilícitas».
En un comunicado, el Consejo informó que «decidió excepcionalmente extender sus medidas restrictivas por solamente seis meses en vez de por un año, hasta el 14 de mayo de 2024».
La resolución fue rechazada por el gobierno de Venezuela, que tildó la medida de «arrogante e ilícita», y señaló que tal decisión «les inhabilita de participar en los procesos políticos venezolanos».
La UE «refleja (…) una vez más la continuidad de su política injerencista en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela, aplicando medidas degradantes, dañinas e injustas», dijo la Cancillería venezolana en un comunicado.
Las sanciones de la UE contra Venezuela fueron impuestas en 2017 ante el «deterioro de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos».
El gobierno y la oposición venezolana acordaron el pasado octubre la realización de elecciones presidenciales en 2024 con la presencia de observadores internacionales, entre ellos la UE.
En la nota divulgada este lunes, el Consejo aplaudió el acuerdo entre gobierno y oposición, y añadió que «representa un paso positivo y necesario en la continuidad de un diálogo (…) hacia la restauración de la democracia».
Así, la decisión de extender las sanciones por un semestre en vez de un año ocurrió «en este contexto y en el marco de la revisión anual» de las medidas restrictivas.
El Consejo de la UE «está dispuesto a tomar medidas y considerar la flexibilización o la revocación de las medidas restrictivas en función de la evolución de la situación y de la aplicación de este acuerdo político», acotó el comunicado.
El acuerdo sellado entre el gobierno y la oposición de Venezuela propone que el proceso electoral presidencial se realice en el segundo semestre del año 2024, atendiendo el cronograma constitucional.
Las sanciones de la UE contra Venezuela incluyen un embargo de armas y equipos de represión, además de un veto al visado a 54 ciudadanos, así como el congelamiento de eventuales activos que posean en Europa.
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