El gobierno venezolano acusó a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, de presentar un informe lleno de «errores», tras difundirse este jueves un documento que señala el «uso excesivo de la fuerza» por agentes de seguridad del Estado.
«Son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la ACNUDH, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles», reseñó la respuesta del gobierno venezolano, que suma 70 «observaciones».
El gobierno del mandatario Nicolás Maduro solicitó a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas «adoptar las medidas necesarias para corregir los errores del informe» que documentó «casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas de seguridad» en vecindarios pobres.
Los cuestionamientos se producen luego que Maduro se comprometiera a «tomar con toda la seriedad» las «sugerencias, recomendaciones y propuestas» de la comisaria tras recibirla en el palacio de Miraflores durante su visita a Venezuela entre el 19 y 21 de junio pasados.
Según las conclusiones de la ONU, «existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES».
Ante la situación, Bachelet pidió la disolución de las Fuerzas Especiales (FAES), a las que achaca en particular la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por «resistencia a la autoridad», durante operaciones policiales en 2018.
«Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores», indicó Bachelet en el texto, basado en informaciones recopiladas entre enero de 2018 y mayo de 2019.
Bachelet añadió que «los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones».
Además de la disolución de las FAES y de los «colectivos», Bachelet -que insistió en contar con una oficina permanente del ACNUDH en el país petrolero- recomendó la creación de «un mecanismo nacional imparcial e independiente» para analizar esas ejecuciones extrajudiciales.
El gobierno de Maduro, bajo cuya gestión Venezuela cayó en la peor crisis de su historia reciente, desestimó también las afirmaciones de la ONU sobre la precarización del sistema de salud y las dificultades de acceso a los alimentos.
La Alta Comisionada llamó al gobierno socialista a adoptar «todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud».
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