Gobierno entregó gestión de empresas de alimentos a privados sin que se vean los resultados

El gobierno de Nicolás Maduro entregó a empresas privadas la administración de al menos 13 empresas de alimentos que fueron expropiadas hace una década, según una docena de fuentes familiarizadas con la situación, un esfuerzo destinado a mejorar las operaciones que sufrieron bajo la gestión del Estado, indica una nota de Reuters.

El ejecutivo conserva la propiedad de empresas en dificultades que producen alimentos, que van desde harina de maíz y lácteos hasta atún enlatado y semillas, pero ha otorgado licencias de las operaciones a terceros a cambio de un pago.

Es otro ejemplo de cómo Maduro ha hecho retroceder elementos clave del modelo económico dirigido por el Estado de su predecesor Hugo Chávez, como parte de la liberalización económica que comenzó en 2019 en respuesta a las sanciones de Estados Unidos y al colapso económico del país.

Pero el cambio parece poco probable que incremente la productividad agrícola después de una década de falta de inversión y una economía destrozada por años de hiperinflación, según los economistas.

«Con la crisis económica, se está cambiando el modelo de gestión para aumentar los ingresos o reducir el gasto del Estado», dijo el economista Richard Obuchi, director de la consultora local ODH.

«El control gubernamental ha ido perdiendo su sentido».

Los operadores privados deben asumir los costos de las nóminas y financiar las inversiones, y destinar parte de su producción a los programas estatales de distribución de alimentos, dijeron las fuentes.

Una de las empresas ahora bajo administración privada es la fabricante de harina de maíz Industria Venezolana Maicera Pronutricos, que fue nacionalizada hace 11 años.

Este año, sus operaciones fueron arrendadas por cinco años a una firma llamada Alimentos El Maizal por el equivalente a unos 16.000 dólares mensuales, según una copia del acuerdo vista por Reuters.

Estos acuerdos están amparados por una «ley antibloqueo» destinada a reactivar la economía en respuesta a las sanciones. La norma fue aprobada en 2020 por la Asamblea Nacional Constituyente, que fue disuelta en diciembre.

Los funcionarios del Estado describen los acuerdos como alquileres de instalaciones industriales o, a veces, como «alianzas estratégicas».

«Las alianzas estratégicas se crean para que (las empresas privadas) sean las que manejen las (empresas estatales)», dijo Rafael Calles, gobernador del estado agrícola de Portuguesa, en una entrevista. «Ninguna de estas alianzas implica la venta de acciones. La empresa sigue en manos del Estado».

Dijo que Portuguesa recibe alrededor de 60.000 dólares al mes de las empresas que operan las firmas nacionalizadas, y agregó que los fondos pagan la compra de bombas de agua y transformadores eléctricos.

Chávez inició en 2007 una ola de expropiaciones que puso bajo control del Estado a cientos de empresas en sectores calificados como «estratégicos», que iban desde operaciones de la industria petrolera hasta compañías agrícolas y procesadoras de alimentos.

Esas organizaciones estaban afectadas por una «corrupción rampante», así como controles de precios que minimizaban los ingresos, dejándolas a menudo dependientes del financiamiento del gobierno.

El plan de externalización no siempre ha funcionado.

Agropatria, que vende semillas e insumos agrícolas, ha puesto oficinas en dos estados bajo gestión privada, según dos fuentes, que dijeron que la empresa sigue teniendo problemas para entregar los productos que necesitan los agricultores.

Cuatro centrales azucareros -parte de un grupo de 10 expropiados en la era de Chávez- permanecen inactivos a pesar de haber contratado las operaciones a empresas privadas.

Uno de ellos es el ingenio «Pío Tamayo», que ha estado bajo la administración de una firma llamada Consorcio Veinca desde el primer trimestre de 2021. Sus trabajadores se quejan de la paralización de las operaciones y del retraso en el pago de los salarios.

«Iban a invertir en las instalaciones y en materia prima, lo que no ha ocurrido», dijo el empleado Noel Quetel en una entrevista.

Consorcio Veinca no respondió a las solicitudes de comentarios.

-En secreto…-

Estas adjudicaciones se hacen, como lo prevé la Ley Antibloqueo, en secreto y no hay constancia de que los ingresos producto de estos acuerdos se rtegistren debidamente como recursos del estado. Generalmente, el esquema es administrado por los gobernadores regionales, bajo supervisión de un organismo nacional.

De acuerdo con fuentes consultadas por Banca y Negocios ha habido problemas en la determinación de los términos económicos, porque algunos «licenciatarios» han encontrado costos no conocidos e instalaciones más deterioradas de lo que se pensaba, por lo que han pretendido renegociar los contratos, cosa que no ha sido fácil.

Es el caso de los centrales azucareros, donde se ha debatido qué hacer con los pasivos laborales exigidos por los trabajadores, con los que, obviamente, los contratistas no quieren cargar, y aunque el Estado los reconoce, no los paga. Esta situación ha originado situaciones conflictivas.

En el caso de Agropatria la sustitución de patrono fue comunicada sorpresivamente a los trabajadores y los concesionarios pretendieron hacer recortes de personal entre sus medidas iniciales.

«El Gobierno de Maduro dio un giro en U a fines de 2019 al promover un capitalismo salvaje», dijo Rodrigo Agudo, director de la Red Agroalimentaria de Venezuela en un trabajo de Bloomberg.

«Dejó de recaudar impuestos sobre ciertas empresas, otorgó licencias de importación y convenció a funcionarios militares y otros a invertir dinero de orígenes desconocidos en empresas locales».

Las alianzas estratégicas comenzaron a formarse silenciosamente en 2017. La publicación de la ley anti bloqueo otorgó a los acuerdos una base legal, eludiendo regulaciones como los procesos de licitación.

Pero la naturaleza precisa de los nuevos acuerdos, ya sean arrendamientos, licencias o comodatos, no está clara. La ley anti bloqueo prohíbe revelar dicha información, teóricamente para proteger a las empresas de las sanciones de EE.UU., que están dirigidas a entidades que hacen negocios con el Gobierno, pero excluye a empresas privadas.