El presidente Nicolás Maduro acusó al mandatario colombiano, Iván Duque, de haber patrocinado el asalto a un batallón en el sur de Venezuela, y exigió a los gobiernos de Brasil y Perú entregar a los supuestos implicados.
«Se entrenaron, se prepararon, los asaltantes del cuartel de Luepa (…) en Cali, bajo la conducción, dirección, financiamiento y orden de Iván Duque», dijo Maduro durante un consejo de ministros transmitido de forma obligatoria por cadena de radio y televisión.
El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, volvió a vincular a los gobiernos de Brasil y Perú con los hechos, en los que murió un militar de 21 años y fueron robados fusiles en un batallón de selva en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil).
Los gobiernos de Duque y de su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, negaron más temprano cualquier implicación.
Maduro elevó de seis a 11 la cifra de capturados y sostuvo que fueron recuperados 111 de los 120 fusiles robados. Uno de los seis lanzagranadas sustraídos sigue en «manos de los terroristas», señaló, indicando que «la búsqueda continúa».
Anteriormente, Rodríguez dijo en una televisión gubernamental que los asaltantes habían robado nueve lanzacohetes RPG en lugar de seis lanzagranadas, como dijo el mandatario.
Según el ministro, ese armamento lo iban a usar para «derribar un helicóptero o un avión militar de la Fuerza Armada colombiana o incluso actuar en contra de un avión civil en territorio colombiano para luego decir que se habían utilizado cohetes RPG de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela».
«Esa era la instrucción que recibieron estos desertores, seguir actuando en todo tipo de acciones terroristas en Venezuela, pero también montar un falso positivo que sirviera de ‘casus belli’, de causa de guerra, para que Estados Unidos, su gobierno, pudiera intervenir militarmente en Venezuela», añadió.
Desde el Palacio de Miraflores, Maduro pidió a la Fiscalía gestionar la extradición del opositor Villca Fernández, exiliado en Perú, como autor del asalto, e instruyó al canciller Jorge Arreaza para que solicite a Brasil la captura de los agresores que huyeron por la frontera.
El gobierno de Maduro vinculó con los hechos a seis diputados opositores, entre ellos Gilber Caro, cuyo arresto denunció la oposición el pasado viernes. Es la tercera vez que Caro es detenido.
El Parlamento -único poder en manos de la oposición- negó las acusaciones y denunció que el objetivo del gobierno es restarle votos al opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, quien buscará la reelección al frente del Legislativo el próximo 5 de enero.
– Complot internacional –
Según el gobierno socialista, los desertores fueron entrenados en «campamentos paramilitares» en Cali (suroeste) y de allí viajaron por carretera a Ecuador -a cuyas autoridades Caracas pidió explicaciones-, Perú y finalmente a la localidad brasileña de Pacaraima, donde recibieron «instrucciones y planificación».
En territorio peruano «recibieron dinero, instrucciones (…) de grupos terroristas», dijo Maduro.
La cancillería colombiana negó en un escueto comunicado las «temerarias acusaciones» del gobierno de Maduro.
La administración de Duque «rechaza enérgicamente las infundadas y malintencionadas acusaciones» sobre su «supuesta participación en el ataque ocurrido el domingo pasado contra un destacamento militar», indicó el ministerio de Relaciones Exteriores.
Maduro ya acusó en el pasado a Duque y al antecesor de éste, Juan Manuel Santos, de fomentar un conflicto con Venezuela e incluso planificar su asesinato.
Colombia y Estados Unidos lideran la presión internacional para expulsar del poder a Maduro, a quien tildan de «dictador», al tiempo que reconocen a Guaidó como mandatario interino, al igual que Brasil, Perú y Ecuador.
El 14 de diciembre, el gobierno socialista acusó a dos parlamentarios de fraguar una tentativa de golpe contra Maduro, con la supuesta complicidad de Guaidó y del opositor Leopoldo López, refugiado en la residencia del embajador de España en Caracas.
Según Rodríguez, ese plan, que incluía la toma de dos cuarteles en el estado Sucre, formaba parte de una conspiración que sus autores buscaban extender a Caracas y otras regiones.
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