Gobierno ofrece suspender por 5 años o hasta que cesen las sanciones la prescripción legal de bonos en default
La medida busca evitar una oleada de demandas por parte de los tenedores de bonos venezolanos, cuyos plazos para reclamar legalmente el pago de la deuda vencida estarían por terminarse.
Venezuela retrasará los plazos de prescripción legal de los bonos en default por 60.000 millones de dólares, en un intento del gobierno del presidente Nicolás Maduro de evitar que los acreedores presenten una oleada de demandas mientras intenta recuperar el reconocimiento de Estados Unidos.
El gobierno de Maduro anunció este jueves que suspendió el período límite de prescripción de los bonos emitidos por el gobierno y la petrolera estatal, PDVSA, según declaraciones publicadas en sitios web del gobierno. La suspensión estará en vigor durante cinco años o hasta que el gobierno de EE.UU. levante las sanciones económicas que impiden una reestructuración de la deuda.
Algunas emisiones de bonos vencerán sus plazos de prescripción en octubre -seis años después de que Caracas suspendiera los pagos de la deuda-, lo que significa que los acreedores se enfrentan a perder su derecho a reclamar el reembolso ante los tribunales, informó Bloomberg.
Los tenedores de bonos tienen que decidir ahora si aceptan la oferta de Maduro o presentan demandas judiciales para proteger sus reclamaciones. La oferta de Caracas, conocida como anuncio de moratoria, daría al gobierno y a los acreedores más tiempo para trabajar en una posible reestructuración.
Sin embargo, como el gobierno de Maduro no es reconocido por Estados Unidos, los acreedores indican que se necesitan otras garantías.
«No se equivoquen al respecto, este es un primer paso importante», dijo Richard Cooper, un abogado de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que representa a un comité de tenedores de bonos que tiene más de 10.000 millones de deuda venezolana en default.
El reconocimiento como problema
El gobierno de Joe Biden no reconoce a nadie como presidente legítimo de Venezuela, lo que deja un vacío diplomático que complica los asuntos legales. Cooper dijo que los tenedores de bonos necesitan líderes que representen a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, para negociar la suspensión del plazo de prescripción, y el apoyo de Estados Unidos en el proceso.
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Las medidas de suspensión de prescripción legal representan una táctica poco utilizada que se aplica cuando los países han experimentado largos periodos con deudas en default, como Perú en la década de 1990. También suele implantarse en el contexto de una reestructuración más amplia de pasivos.
El gobierno venezolano había presentado una propuesta anterior a los bonistas donde planteaba ampliar la prescripción, a cambio de que los acreedores manifestaran su intención de negociar directamente con la administración encabezada por Nicolás Maduro y se comprometieran a presionar al Ejecutivo estadounidense de levantar las sanciones que impiden la renegociación.
El anuncio de este jueves marca un nuevo intento de Maduro de trabajar con los acreedores para recuperar la legitimidad internacional y convencer a los gobiernos extranjeros de que retiren las sanciones contra su país.
Washington ha suavizado discretamente su postura hacia Maduro en el último año, levantando algunas restricciones a la industria petrolera y enviando delegados a Caracas para conversaciones directas que condujeron a canjes de prisioneros.
Seis años en default
Venezuela incumplió el pago de su deuda en 2017 y no ha podido comprometerse con los tenedores de bonos, ya que las sanciones económicas impiden a los inversionistas estadounidenses tratar con el gobierno de Maduro. Miles de millones de dólares en intereses se han acumulado en los bonos, que cotizan en alrededor de 11 centavos para los títulos de la República, y menos de 5 centavos para los bonos emitidos por PDVSA.
Incluso si la oposición avala el anuncio de la suspensión, es posible que los acreedores además deban solicitar una declaración del tribunal que indique que el respaldo es efectivo dada la ambigüedad legal sobre el tema, dijo Cooper. La destitución del líder opositor Juan Guaidó de su cargo como presidente interino reconocido por EE.UU. en diciembre ha dejado un vacío.
“Necesitamos claridad”, dijo Claudio Zampa, fundador de Mangart Capital Management Ltd., con sede en Suiza, y miembro del Comité de Acreedores de Venezuela. “El gran problema en este momento es que no tenemos una decisión formal del Gobierno de EE.UU. que nos diga, como tenedores de bonos, quién es el representante legal de Venezuela”, indicó citado por Bloomberg.
El economista venezolano, José Guerra, miró con claro escepticismo la nueva propuesta del gobierno a los acreedores de la deuda en bonos, al señalar en su cuenta de Twitter que «este gobierno si es mentiroso. Acaba de notificar a los acreedores que pospone el pago de $60.000 millones de deuda externa por 5 años hasta que se levanten las sanciones y poder reestructurar la deuda. Sin un nuevo programa económico NO se puede reestructurar la deuda externa».
Este gobierno si es mentiroso. Acaba de notificar a los acreedores que pospone el pago de $60.000 millones de deuda externa por 5 años hasta que se levanten las sanciones y poder reestructurar la deuda.
Sin un nuevo programa económico NO se puede reestructurar la deuda externa— Jose Guerra (@JoseAGuerra) March 30, 2023
El tema de la deuda externa resurge esporádicamente, pero es uno de los más relevantes y graves que deberá enfrentar el país en un contexto de recuperación económica y si el gobierno logra reconstruir las relaciones internacionales con acceso a los mercados financieros globales.
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