Gobierno sigue sin responder reclamos laborales de varios sectores
El chavismo sigue sin dar respuesta al más grande conflicto laboral que haya enfrentado Nicolás Maduro desde que asumió el poder en 2013, y por el que desde hace 19 días los gremios protestan en todos los estados del país petrolero.
Lo que hace tres semanas comenzó con llamamientos aislados a protestas de trabajadores de la salud, eléctricos y profesores universitarios es hoy un entramado sistemático de manifestaciones para denunciar la miseria en la que viven los dependientes del Estado, el mayor empleador de Venezuela.
Con pequeñas protestas los trabajadores han denunciado el deterioro de los hospitales públicos, la pérdida del poder adquisitivo debido a la inflación diaria de 2,8%, así como la falta de inversión en materia transporte y en la industria eléctrica.
El pedido es común: quieren mejoras salariales. Los protagonistas de este conflicto aspiran devengar entre 50 y 300 veces más de lo que perciben en la actualidad y advierten que el reclamo aumenta conforme pasan los días al mismo ritmo de la hiperinflación nacional.
Aunque los portavoces sindicales se dirigen directamente a Maduro en la mayoría de sus discursos, el jefe del Estado no ha hecho hasta ahora ningún comentario que muestre un reconocimiento de su parte al conflicto.
Por el contrario, el gobernante chavista ha encabezado actos para anunciar más bonificaciones mensuales para los trabajadores, embarazadas, personas con discapacidad y otros grupos representativos.
Estas medidas son ampliamente rechazadas por la principal patronal (Fedecámaras) y por los mismos manifestantes que critican la insuficiencia de los montos aprobados por el Ejecutivo y que estos no se traduzcan en pasivos laborales.
Solo este viernes, el 95% de los profesores universitarios acató un llamado a paro de 48 horas que comenzó ayer, dijo a Efe Lourdes Ramírez, presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv).
La Fapuv agrupa a las asociaciones sindicales de las 18 principales universidades del país.
«Es insoportable ya, la gente quiere salir de esta situación tan grave que tenemos (…). O el Gobierno resuelve el problema de la inflación o con lo que den nunca va a alcanzar», añadió la docente.
Ramírez señaló que la Fapuv propuso al Estado una tabla salarial que empiece con 300.000.000 de bolívares (2.500 o 120 dólares según la tasa de cambio que se use) como ingreso mínimo para los trabajadores del sector y termine con 1.500.000.000 de bolívares (12.500 o 600 dólares) como sueldo para los docentes con dedicación exclusiva.
El salario mínimo en Venezuela es de 5.196.000 (poco más de 43 o 2,1 dólares) que no alcanza para comprar siquiera un kilo de detergente.
También los trabajadores de la salud protestaron hoy en varias ciudades, en demanda de mejoras salariales, aunque reconocen que han recibido bonificaciones en las últimas nóminas.
Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, declaró que los trabajadores sanitarios están «reclamando derechos constitucionales que el Gobierno nacional no está cumpliendo» y, además, exigen que se respeten el derecho a la vida y la salud, así como el derecho a percibir un salario digno.
En el decimonoveno días de protestas, los enfermeros hicieron un llamamiento a los pacientes para que apoyen las manifestaciones «porque esto no es un problema que nos atañe solamente a los trabajadores del sector salud, esto es un problema que es de todo el pueblo venezolano», dijo Margot Monasterios, representante sindical de trabajadores del Hospital Clínico Universitario de Caracas.
Según Monasterios, están cansados de ver «ciudadanos venezolanos llorando temerosos de que se van a morir» en medio de la escasez de productos y medicamentos que, asegura, es responsabilidad del presidente del país, Nicolás Maduro, a quien instó a asumirla.
A diario, circulan videos y fotografías en las redes sociales que dan cuenta de pequeñas protestas en el interior del país, unas para expresar los reclamos gremiales y otras simplemente motivadas por el descontento ciudadano ante el desmejoramiento de la calidad de vida en medio de la crisis.
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