Gobierno venezolano se enfila contra las "mafias hospitalarias" y el sector salud responde

El Ejecutivo Nacional enfila sus baterías contra lo que ha denominado las mafias hospitalarias, a quienes acusa de desviar y desaparecer los insumos que son entregados a los centros de salud públicos, a pesar de que médicos y enfermeras vienen denunciando por años las fallas de dotación de medicamentos, equipos, entre otros; en especial durante los momentos críticos de la pandemia.

«No digo en todos, no generalizo pero existen (…) piden a los pacientes que compren las cosas afuera y ellos van al almacén, las retiran y las venden por fuera, existen y lo hemos comprobado”, dijo el pasado jueves Nicolás Maduro.

“Quiero designar un inspector secreto para cada hospital del país, que sea un inspector externo que se articule a los comités de salud, a los consejos comunales (…) y vayamos a meter el ojo, a hacer contraloría”, fue la propuesta del mandatario.

Este sábado, el vicepresidente de Seguridad Ciudadana, Remigio Ceballos, indicó que el Ejecutivo nacional ha emprendido, desde el mes de abril, la lucha frontal contra las mafias en los hospitales del país que se han encargado del hurto de medicamentos e insumos médicos.

El Fiscal General, Tarek William Saab, en días pasados detalló que, en cuatro años y medio, los casos investigados por el MP relacionados con el hurto de equipos médicos han sido 224, donde se han visto involucradas 78 personas, todas imputadas.

Al respecto, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, respondió que la «crisis hospitalaria en Venezuela no la causaron los trabajadores, quienes son indispensables para los pacientes e invisibles para el Estado. Ahora quieren requisar sus lockers buscando encontrar una aguja, y así tener «culpables» que exponer al escarnio público», reprochó.

A través de un comunicado, la organización Médicos Unidos Venezuela también rechazó la criminalización del personal de salud.

la ONG recuerda que la crisis de insumos en los centros asistenciales públicos es de vieja data, y que no tiene que ver con la actuación de los médicos, enfermeras y otros trabajadores sanitarias.

«Este anuncio no es más que una campaña que intenta ocultar la responsabilidad del Gobierno en la catástrofe sanitaria que padece el país, deslastrándose de culpas. Lo más grave es que resulta en la criminalización de médicos y enfermeras», indican en un comunicado.