Grupo de Boston propone destinar US$50 millones mensuales de exportaciones petroleras para fines humanitarios

La última propuesta para destinar los ingresos petroleros venezolanos a la ayuda humanitaria está circulando entre las partes interesadas de Caracas y Washington, incluso cuando empieza a tomar forma otra tanda de negociaciones políticas.

Una carta de cuatro páginas de un subgrupo del Grupo de Boston -una reunión venezolana informal que surgió de una iniciativa política conjunta entre Venezuela y Estados Unidos en 2002- describe la «iniciativa ciudadana» de canalizar parte de los ingresos de las ventas de petróleo a una cuenta de depósito en garantía para pagar programas humanitarios coordinados por la ONU. El mecanismo podría generar unos 50 millones de dólares al mes a partir de un volumen fijo de crudo vendido por las empresas mixtas de la estatal venezolana PDVSA.

La carta, firmada por el exlegislador venezolano y coordinador del Grupo de Boston, Pedro Díaz Blum, ha sido enviada al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, a los partidos políticos de la oposición, a la oficina de la ONU en Caracas, al Departamento de Estado de EE.UU. y al restante miembro del Grupo de Boston en el Congreso, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU., Greg Meeks (demócrata de Nueva York), entre otros.

El momento de la propuesta, que se dice que está redactada desde el pasado mes de agosto por el comité venezolano de economía y petróleo del Grupo de Boston, coincide con los intentos de ambas partes en el prolongado conflicto político de Venezuela de reanudar el diálogo.

Meeks pidió recientemente a la administración del presidente Joe Biden que aprovechara una «ventana de oportunidad» para dialogar con el Gobierno de Maduro suavizando las sanciones, después de que Caracas hiciera una serie de movimientos conciliadores, entre ellos permitir la entrada del Programa Mundial de Alimentos.

El líder de la oposición, Juan Guaidó, apoyado por EE.UU., señaló recientemente que estaba abierto a un levantamiento gradual de las sanciones si el Gobierno de Maduro avanzaba hacia unas elecciones presidenciales creíbles y supervisadas internacionalmente, en el marco de un acuerdo de «salvación nacional».

La administración estadounidense sigue reconociendo a Guaidó como presidente interino de Venezuela en un arrastre de la administración anterior que impuso sanciones petroleras a Caracas en enero de 2019 como parte de una estrategia fallida para forzar la salida de Maduro del poder. Aunque inicialmente la UE también reconoció la autoridad de Guaidó, se echó atrás después de que perdiera efectivamente el control de la Asamblea Nacional a finales de año.

-Reacción tibia-

Ninguna de las partes interesadas ha reaccionado aún públicamente a la nueva propuesta, pero las primeras impresiones son tibias, en parte porque requeriría un complicado marco logístico que podría ser presa de la corrupción que ensució el programa de petróleo por alimentos patrocinado por la ONU en Irak hace dos décadas. Una propuesta distinta de «petróleo por Venezuela», presentada en 2019 por el economista venezolano Francisco Rodríguez, no logró ganar fuerza.

Desde el principio, el mecanismo propuesto requeriría licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que administra las sanciones. Y hasta ahora la administración estadounidense ha prestado poca atención política a Venezuela, ya que otros asuntos en el extranjero tienen prioridad. La próxima acción que se espera de la Ofac es la renovación de las exenciones para que Chevron y cuatro empresas de servicios petroleros permanezcan en Venezuela.

Chevron es el socio más importante de la empresa conjunta PDVSA.

A pesar de la tibia reacción inicial, la propuesta es una carta más en la baraja de opciones que las partes podrían considerar en futuras conversaciones para romper el estancamiento político del país.