Grupo Keralty denuncia penalmente al Gobierno de Colombia por intervención de Sanitas
El grupo recuerda que Sanitas cuenta con inversiones que respaldan sus reservas técnicas «por un valor superior a los 800.000 millones de pesos» (unos 209,15 millones de dólares).
El grupo de origen español Keralty presentó este lunes una denuncia penal contra el superintendente de salud colombiano, Luis Carlos Leal, por la intervención del Gobierno a la entidad prestadora de salud (EPS) Sanitas.
«Con ocasión de la intervención que nosotros consideramos que es abiertamente ilegal, arbitraria, desproporcionada y sobre todo discriminatoria, hemos tenido dos semanas de reflexión legal al interior del equipo de abogados y hoy iniciamos la interposición de una serie de acciones de carácter legal ante diferentes jurisdicciones», aseguró en declaraciones a la prensa el abogado de Keralty, Juan David Riveros, a la puerta de la Fiscalía donde se interpuso la denuncia.
Se trata de «una denuncia legal» contra el superintendente porque la compañía considera «que la providencia que suscribió y que es la intervención a la EPS Sanitas es abiertamente ilegal».
La estatal Superintendencia de Salud (Supersalud) intervino a finales del pasado mes, por un periodo de un año, a la EPS Sanitas por supuesta insolvencia, en medio de la crisis que enfrentan varias empresas del sector en el país.
Por esta acción, también la Procuraduría abrió investigación contra Leal por presuntas irregularidades en la toma de posesión e intervención forzosa administrativa de esta EPS.
Las entidades promotoras de salud son las empresas privadas que en Colombia reciben el dinero de los contribuyentes para que reciban atención sanitaria en centros y hospitales.
Otras acciones
Keralty también emprenderá «otra serie de acciones que tienen como finalidad fundamental recuperar la administración de la EPS para que no vaya a presentarse ningún tipo de afectación» de los usuarios «y a la mayor brevedad poder estar otra vez al frente de la administración de ella», anunció el abogado.
Entre estas, además de esta denuncia penal, habrá acciones de carácter contencioso-administrativo y «probablemente acciones de tipo constitucional y acciones civiles por los perjuicios que se pueden generar con una situación como esta».
«En el escenario internacional someteremos esta situación al conocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y también le haremos traslado a la relatora del derecho a la salud físico y mental de la ONU», explicó el abogado.
El grupo recuerda que Sanitas cuenta con inversiones que respaldan sus reservas técnicas «por un valor superior a los 800.000 millones de pesos» (unos 209,15 millones de dólares).
La Supersalud, entre tanto, alegó supuesta insolvencia de Sanitas, que tiene deudas de más de dos billones de pesos (unos 515,2 millones de dólares).
Además de Sanitas, el Gobierno colombiano intervino en las últimas semanas la Nueva EPS, la mayor empresa del sector en el país, que tiene 10,9 millones de afiliados, mientras que otra de las grandes, Compensar, pidió su liquidación, ahondando la crisis por la que pasa el sistema sanitario en Colombia.
Diferentes sectores han criticado estas acciones porque las consideran un intento del Gobierno de imponer a la fuerza su reforma a la salud, luego de que el proyecto de ley presentado al Congreso se hundiera definitivamente en la Comisión Séptima del Senado.
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