Guaidó busca evitar una crisis que debilite posición de su equipo en el exterior

El presidente de la Asamblea Nacional y mandatario interino reconocido por 50 países, Juan Guaidó, aparentemente está en la posición de mantener en su cargo al procurador especial José Ignacio Hernández, luego de que el abogado pusiera su cargo a la orden para evitar más fricciones sobre la gestión de los recursos en el exterior.

Fuentes de la oposición señalan que la posición del equipo más cercano del mandatario es evitar que se produzca una situación que debilite la posición de la administración interina en el exterior, especialmente cuando enfrenta complicados procesos legales para defender sobre todo a Citgo de la creciente voracidad de los acreedores de la República.

Si, finalmente, José Ignacio Hernández deja la Procuraduría Especial será por su propia decisión, señalan las fuentes consultadas., no porque Guaidó lo determine así, aunque la posición del líder parlamentario no es precisamente fácil, a pesar del refuerzo internacional conseguido con su gira por diversos países.

Sin embargo, la situación parece revelar conflictos más profundos. Hay un problema con la gestión de los recursos en el extranjero que ha planeado sobre Guaidó desde hace un año. En el caso de Hernández, el procurador no recibe sueldo y mantiene una operación con voluntarios. Hay quien dice que el caso es que el abogado ya está agotado por las condiciones en las que debe trabajar.

El Centro de Comunicación Nacional (CCN) emitió unas declaraciones de Hernández donde señala que «la aprobación de la Asamblea Nacional al fondo de litigios para recuperar los activos del país, es totalmente legal y se encuentra ajustada a los estatutos».

«Para defender los activos de la nación, es necesario poder ejecutar una estrategia que permita representar adecuadamente los intereses de la República».

«En todo caso, ratifico que la Asamblea Nacional debe implementar los controles adecuados antes de la ejecución del fondo, con la urgencia que requiere atender más de cincuenta litigios y proteger los activos de Venezuela”, dijo a través de su cuenta Twitter.

El Procurador emitió este miércoles un comunicado donde dejó claro que colocaba su cargo a la orden a consideración del Presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional, si la decisión “contribuye a solventar las diferencias derivadas de la decisión de la Asamblea Nacional de probar el límite del fondo de ligitio”, señala uno de los párrafos de la nota del CCN.

Ante la confusión generada, Hernández hizo público un tuit donde aclara que no ha renunciado:

Quiero aclarar que no he renunciado, he puesto mi cargo a la orden, a consideración del Presidente (E) @jguaido y de la @AsambleaVE si ello contribuye a solventar las diferencias derivadas de la decisión de la Asamblea Nacional de aprobar el límte máximo del fondo de litigio.

— Jose I. Hernandez G. (@ignandez) January 30, 2020

En el documento donde responde a los votos salvados de la fracción 16 de julio y Primero Justicia, Hernández apunta que «he de lamentar que, tras más varios meses de explicaciones, comunicados, informes y reuniones, incluyendo conversaciones con diputados y líderes de los principales partidos políticos, no se ha haya generado el consenso político necesario para permitir cumplir con la función de la Procuraduría. Como advertí reiteradamente, este retraso obstaculizó la defensa de los intereses del Estado, creó riesgos innecesarios en la protección de los activos del Estado y creó innecesarias ventajas a los abogados de los acreedores y del régimen de Nicolás Maduro, quienes no se enfrentaron a las limitaciones que he tenido que afrontar».

Este es quizás el párrafo más revelador del documento. Los problemas con Hernández y el equipo jurídico que ha reunido por la precariedad en la que deben trabajar llevan meses y, de hecho, la aprobación del fondo de litigio fue objeto de mucha consulta y negociación previa, porque, en el fondo, hay una situación de desconfianza generada por las denuncias sobre presuntos malos manejos de los recursos de la ayuda humanitaria en febrero pasado.

– Los desacuerdos –

La fracción 16 de julio emitió un documento donde expone las razones de su voto salvado a la aprobación del fondo de litigio:

«1. Se desconoce detalles de los litigios y de los recursos y activos que tiene la nación en el exterior, partiendo de que la transparencia e información completa debe ser crucial a toda la gestión de la Asamblea Nacional, y particularmente lo es en el delicado tema financiero.

2. La Comisión Permanente de Finanzas no fue la que presentó el Proyecto de Acuerdo aprobado, tal como reglamentariamente debió ser por tratarse de un tema de su competencia como lo es el manejo de recursos.

3. Es necesario que se cumplan los principios de la administración pública como lo son eficiencia, eficacia, veracidad, información fidedigna.

4.-No se conocen en el Proyecto de Acuerdo aprobado mecanismos de control previo y posterior, indispensables y aún más, cuando el requerimiento que se ha hecho y que la Fracción 16 de Julio ha reiterado del nombramiento del Contralor de la República, aún no se ha materializado.

5.- Tal como se señaló en el PLAN ARRANQUE, proyecto que consignaron el 22 de enero de 2016 diputados hoy miembros de esta Fracción, se puede recuperar activos de la nación ya identificados producto del dinero robado sin generar gastos millonarios para su recuperación. La detección de ese dinero se ha hecho a través de acuerdos con iniciativas internacionales como el Programa Star del Banco Mundial y la Organización de Naciones Unidas, el programa de recuperación de activos robados que depende del Banco Central Europeo, el Arin de Asia y el Fincen estadounidense. Acciones similares ya se han ejecutado en países como Irak, Libia y Nigeria».

En todo caso, parece que el procurador Hernández no es el centro del problema, sino las crecientes diferencias políticas que existen en el seno de la oposición, que cada vez son más difíciles de ocultar y procesar. Incluso, la gira internacional de Guaidó ha generado crítica y polémica interna.

Algunos cuestionan el «personalismo» del mandatario interino; de hecho, un parlamentario consultado señala que el «asunto» del fondo de litigios se manejó mal en términos de suministro de información y negociación previa.

– La estrategia –

Realmente, el dilema profundo de la oposición es la vía a seguir. Lo cierto es que se ha socavado gravemente la confianza en la estrategia delineada a finales de 2018 y que comenzó a implantarse bajo el liderazgo de Guaidó. Cada vez más voces se preguntan si no es necesario cambiar.

La participación electoral gana terreno, en medio de fricciones sobre cómo reorganizar a la oposición en un momento cuando, en términos concretos, corre el riesgo real de quedar sin una presencia institucional efectiva, a pesar de ser mayoría social.

Los balances que se hacen sobre los resultados de la legislatura son malos, más allá de que la estrategia de torpedeo, acoso y derribo del chavismo fue incesante y aparentemente exitosa. Algunos piensan que el apoyo internacional a la causa democrática es una condición necesaria, pero no suficiente, por lo que, en consecuencia, hay que asumir con decisión una nueva estrategia.