Guerra contra el narco en México cumple 10 años sin lograr promesa de la paz

Con escasa gloria, la guerra contra el narcotráfico en México cumple una década sin conmemoración alguna por parte del gobierno y con un jefe del Ejército ávido por retirar sus tropas, en un país desprovisto de sus grandes capos pero donde repuntan las muertes violentas.

Heredando la guerra de su antecesor, el presidente Enrique Peña Nieto llegó al poder en diciembre de 2012 con la promesa de un «México en paz».

Pero a dos años de que culmine su mandato, su estrategia de seguridad permanece casi intacta pese a la fuerte oposición de organizaciones internacionales de derechos humanos.

Y mientras el número de elementos federales desplegados en las calles ha aumentado a 65.000, según expertos, las casos de homicidio se disparan.

Durante el sexenio de Felipe Calderón -quien lanzó el combate militar el 11 de diciembre de 2006 en su estado natal de Michoacán (oeste), una región marcada históricamente por el narcotráfico, los homicidios dolosos subieron de 10.253 en 2007 a un pico de 22.852 en 2011.

Las cifras habían disminuido con Peña Nieto hasta el año pasado, cuando volvieron a repuntar. Entre enero y octubre de este año hubo 17.063 homicidios, contra los 14.090 registrados en el mismo periodo de 2015, según cifras oficiales que no precisan cuántas de estas muertes están relacionadas con el crimen organizado.

Aunque los grandes cárteles fueron descabezados uno a uno, los tentáculos del crimen siguen resurgiendo de entre las cenizas con pequeñas bandas que, con renovada violencia, buscan otros negocios como el secuestro y la extorsión.

«La guerra se volvió mucho más compleja, escaló el nivel de muerte», dijo a la AFP el experto en seguridad Raúl Benítez Manaut, al estimar que el resultado de la guerra «no fue el esperado».

La estrategia militar, junto a las cruentas luchas entre cárteles antagónicos, sumergieron a México en un cruce de disparos de fusiles, metralletas y hasta lanzagranadas.

Los criminales minaron el paisaje de cadáveres colgados, decapitados, calcinados y enterrados en fosas clandestinas, mientras los uniformados han sido acusados de cometer torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Ejército no está «a gusto»

«Nosotros no pedimos estar aquí, no nos sentimos a gusto, no estudiamos para perseguir delincuentes», dijo el jueves el ministro de Defensa, Salvador Cienfuegos, en inusuales declaraciones.

Al argumentar que la violencia criminal no se frena «a balazos», aseguró que es el primero en levantar «no una, sino las dos manos» para que el Ejército regrese a sus cuarteles.

Pero Peña Nieto reaccionó al ratificar públicamente la permanencia de los militares en las calles. Están «decididos a seguir haciéndolo», dijo en presencia de Cienfuegos.

El vocero presidencial, Eduardo Sánchez, dijo a la AFP que el gobierno no tiene previsto evento alguno el domingo para marcar el aniversario del despliegue militar.

El gobierno se ha colgado varias medallas en esta guerra, como la última captura de Joaquín «El Chapo» Guzmán, considerado el narcotraficante más buscado del mundo después de sus dos espectaculares fugas de prisiones de máxima seguridad.

Pero para Javier Oliva, experto en seguridad y académico de la London School of Economics, «no hay ninguna estrategia» gubernamental, con tropas que «van a la zaga de los acontecimientos».

En tanto, México sigue importando cocaína de Suramérica y produciendo amapola para su gran mercado: Estados Unidos. Aunque la marihuana pierde importancia ante su legalización en el país del norte, las drogas sintéticas proliferan gracias al tráfico de precursores químicos desde China.

Las víctimas, los olvidados

Además de criminales y uniformados caídos, la guerra ha dejado tras de sí una estela de miles de personas masacradas, desaparecidas, desplazadas y torturadas.

En 2010, aparecieron los cadáveres de 72 migrantes latinoamericanos en Tamaulipas (noreste). Según las autoridades, el temerario cártel de Los Zetas los masacró porque rechazaron ser reclutados.

Y en 2014, México se estremeció con la desaparición y presumible masacre de 43 estudiantes en Guerrero (sur) a manos de policías coludidos con narcotraficantes, un caso que se convirtió en símbolo de las 28.000 personas desaparecidas desde 2006.

«Los recuentos son terribles. Ya no sabemos dónde empieza el Estado y dónde termina el crimen», dijo Javier Sicilia, un poeta que fundó el masivo Movimiento por la Paz tras el asesinato de su hijo.

Desencantado, asegura que ya no espera nada del gobierno.

«Queremos que se larguen (…) No hay nada que pedirle al Estado, hay que cambiarlo, refundarlo, no hay más. Estamos en un momento de revolución», subrayó.

Al denunciar que las víctimas no han obtenido «ni un gramo» de resarcimiento, Sicilia consideró «un insulto» los monumentos erigidos en su nombre.

El Memorial -filas de muros metálicos en medio del bosque de Chapultepec de Ciudad de México- «es el monumento a la fosa común. No tiene nombres, ni historias», deploró el poeta.