El gobierno y la oposición de Guyana llamaron a «resistir» ante los «esfuerzos» de Venezuela para «socavar» su soberanía, después de que Caracas convocara a un referendo para nacionalizar a los habitantes del territorio Esequibo, disputado entre ambos países.
Las partes «condenaron la flagrante violación del Estado de derecho por parte de Venezuela y coincidieron en que no se deben escatimar esfuerzos para resistir los persistentes esfuerzos de ese país por socavar la soberanía y la integridad territorial de Guyana», dice un comunicado conjunto de la oposición y el gobierno.
Venezuela planteó la posibilidad de nacionalizar a los habitantes del Esequibo en una nueva estrategia para «defender» la zona en pugna, que abarca unos 160.000 km2 y que es rica en recursos naturales y minerales.
El planteamiento forma parte de un referendo que se celebrará en Venezuela el próximo diciembre y en el que también se propone anexar la región del Esequibo al mapa venezolano donde figura como «zona en reclamación».
El gobierno de Guyana rechazó el lunes la medida al considerarla «ilegal» e «infundada», y aseguró que «tal toma del territorio de Guyana constituiría (…) crimen de agresión».
El presidente guyanés, Mohamed Irfaan Ali, y el líder de la oposición, Aubrey C. Norton, coincidieron también en que «la protección» del territorio debe «estar sustentada por un programa vigoroso e integral de relaciones públicas y un esfuerzo diplomático proactivo y sólido destinado a mitigar la propaganda y la desinformación venezolana».
La propuesta de referendo surgió desde el Parlamento en medio de una tensión por las licitaciones petroleras hechas por Guyana en áreas marítimas pendientes de delimitación.
La disputa centenaria fue reavivada en 2015, cuando la estadounidense ExxonMobil encontró yacimientos de petróleo.
Venezuela reclama la zona reivindicando el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido antes de la independencia guyanesa y en el que se establecían bases para una solución negociada. Guyana, en cambio, apela al acuerdo fijado en un laudo arbitral en París en 1899.
El caso está actualmente en manos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, una instancia que Venezuela rechaza.
En el referendo también se prevé consultar sobre la jurisdicción de la CIJ.
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