Impulsa el ´intercambio solidario´: esta es la arquitectura de la economía en las ciudades comunales

La Asamblea Nacional (AN) electa el 6 de diciembre comenzó el pasado 19 de marzo una consulta nacional del proyecto de Ley Orgánica de Ciudades Comunales, que fue aprobada en primera discusión por el parlamento de mayoría oficialista el día 11 del mes corriente.

En el enunciado de dicho proyecto, la ciudad comunal se define como una unidad espacial con autonomía relativa dentro de su ámbito territorial en el sistema de escalas contenidas en la Ley Constitucional del Plan de la Patria, en lo concerniente a planes, decisiones, recursos, competencias, proyectos, gestión, seguimiento y gobierno.

Esta concepción ha sido catalogada por diversos especialistas como anticonstitucional debido a que carece de bases legales y de respaldo, a la vez que pretende la transferencia de competencias del poder público a las ciudades comunales, creando una estructura paralela a la propia del Estado venezolano.

– Consejo de economía de la ciudad comunal –

Uno de los consejos por los que estaría conformada la ciudad comunal, de acuerdo con el articulado del proyecto, es el Consejo de Economía de la Ciudad Comunal.

Esta sería la instancia encargada de la promoción, impulso y consolidación del desarrollo económico de las Comunas integrantes de la Ciudad Comunal.

De acuerdo con el artículo 29 del proyecto de Ley, algunas de las funciones de ese Consejo serían las siguientes:

– Promover la conformación de organizaciones socio-productivas para el desarrollo y fortalecimiento del sistema económico comunal.

– Articular la relación de los comités de economía comunal con el Parlamento de la Ciudad Comunal y el Consejo de Planificación de la Ciudad Comunal.

– Seguimiento y acompañamiento a las organizaciones socio-productivas de las Comunas, a los fines de garantizar el cierre del ciclo productivo y la consolidación de redes productivas.

– Proponer formas alternativas de intercambio de bienes y servicios, orientadas al desarrollo socio-productivo de las Comunas que integran la Ciudad Comunal y la satisfacción de las necesidades colectivas.

– Organizar redes de organizaciones socioproductivas dentro de las Comunas que integran el ámbito geográfico de la Ciudad Comunal a fin de fortalecer las redes de distribución y comercialización.

– Impulsar, desarrollar y consolidar el intercambio solidario.

– Fortalecer el sistema microfinanciero comunal mediante la aplicación de políticas públicas democráticas y participativas en la gestión financiera.

– Un proyecto dogmático y con antecedentes de fracaso –

Para el economista y profesor universitario Luis Crespo, esta norma entra en contradicción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela pues desconoce sus leyes y artículos fundamentales.

A su juicio, se trata de un planteamiento hecho bajo «un discurso trillado para implementar el control social que ha servido para que la corrupción permee en toda la administración pública y haya destruido todas las instituciones».

El economista resalta que este proyecto de Ley es altamente dogmático y tiene antecedentes que ya han fracasado.

«Pareciera que hay un refrito de varios proyectos que el chavismo ha tratado de impulsar, como el movimiento cooperativista; hoy en día somos un gran cementerio de cooperativas, al igual que el impulso de consejos comunales que sustituyeron las asambleas de vecinos y que las mismas instituciones públicas ahora desconocen e imponen a los CLAP», señaló Crespo.

Destacó que, en los últimos años, se han dado propuestas de organización a partir de las bases populares como la agricultura urbana o los bancos comunales que eran el músculo financiero para apalancar proyectos de autogestión, los cuales fracasaron «porque en los últimos 20 años el manejo del poder ha estado centrado solo en una cúpula».

– Economía comunal: «poco probable» –

«La propuesta de una economía comunal en el país, en este momento, la veo poco probable», afirmó Crespo.

El economista argumentó que actualmente hay un régimen boqueando en medio de un gran viraje económico en el que ha tenido que ir impregnándose de medidas de corte liberal, como aceptar la dolarización, la liberación de importaciones, liberar precios y desmontar una serie de controles.

En ese orden, acotó que el gobierno «está rogándole a los grandes capitales que vengan a invertir», por lo que este proyecto entra en contradicción con la llamada Ley Antibloqueo, que procura privatizaciones en áreas estratégicas en el país.

Finalmente, el especialista cuestionó «cómo por un lado llamas a invertir a los grandes capitales ofreciéndoles seguridad jurídica y por otro lado ves un conjunto de propuestas basadas en un discurso de la construcción de socialismo».

«En medio de todo esto hay un pueblo sumido en la pobreza, la miseria y la desigualdad», expresó.