Inaesin registró 30,7% más conflictos laborales en agosto que en julio de 2021

El descontento laboral sigue presente en el día a día de muchos de los venezolanos, lo que elevó el número de reclamos en el mes de agosto a 132 frente a los 101 registrados en julio por el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical. Esto es una variación de 30,7%.

Con el resultado de agosto, el total de conflictos laborales en los primeros ocho meses de 2021 se ubica en 808.

Los trabajadores exigen respuestas en torno a un salario mínimo simbólico que está muy lejos de cubrir sus necesidades básicas (69% de las quejas estuvieron relacionadas a este punto). 52% de las quejas estuvieron vinculadas a las deplorables condiciones de trabajo y 50% al incumplimiento de las convenciones colectivas.

Bolívar encabezó el número de conflictos con 17% del total, seguido de Distrito Capital (15%) y Lara (14%). La mayoría de los reclamos fueron realizados por trabajadores del sector público (89%), y los sindicatos de ese sector participaron en 48% de los casos, señala el Observatorio del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).

Por su parte, los sectores de la salud (33%) y la educación (16%) siguen reportando la mayor cantidad de conflictos en el país.

Además, los trabajadores de ambos sectores manifestaron su desacuerdo con que el pago de sus sueldos se haga a través del sistema patria, ya que se presentan retrasos.

En el sector salud, se reportaron en agosto 46 despidos injustificados en contra de trabajadores que ejercieron su derecho a manifestar de manera pacífica, según el Centro de Justicia y Paz (Cepaz).

Por otro lado, los educadores siguen denunciando la falta de equipos tecnológicos y las fallas en el suministro de electricidad y en la conexión a Internet, como los grandes obstáculos de las clases online, que sería la opción a mantener en medio de la pandemia de COVID-19.

A pesar de que las condiciones no están dadas para el regreso a clases presenciales, Nicolás Maduro ha insistido en que se dará en octubre.

Pero muchas de las instituciones educativas no están aptas por el grado de deterioro físico que presentan y sería, además de la COVID-19, una limitante a la hora de garantizar comodidades al estudiantado.

Entre los reclamos del mes de agosto, trabajadores de la Administración Pública denunciaron la violación al derecho de privacidad, ya que se les entregó una planilla de solicitud de datos privados como nombres y ubicación de familiares que vivan fuera del país, redes sociales, lugares que frecuentan, tatuajes, cuentas bancarias, así como si la casa donde vive es propia, alquilada o de algún familiar y con quién vive. Todo esto acompañado de foto, carnet laboral, carnet de la patria y cédula de identidad.