Incertidumbre entre inversionistas por rol de El Aissami como negociador

La designación del vicepresidente Tareck El Aissami al frente de la comisión para la reestructuración de la deuda externa venezolana ha generado incertidumbre entre los inversionistas, según versiones que circulan entre actores del mercado de renta fija.

Fuentes dijeron a la firma Reorg Research que se comenta que el nombramiento busca «abrir una brecha entre el gobierno de los EEUU y el sector financiero a fin de flexibilizar las sanciones que han prohibido al gobierno venezolano recurrir a los mercados de deuda y acciones para recaudar nuevos fondos».

Maduro aseguró en su anuncio de reestructuración que «los más afectados por las sanciones son lo tenedores de bonos», como queriendo poner de su lado a los acreedores. Venezuela ha tenido inconveniente con bancos corresponsales que quieren evitar contacto con el gobierno y sus funcionarios sancionados para no incurrir en violación de las leyes estadounidenses.

Reorg Research también que Venezuela está enviando un mensaje a inversores y funcionarios estadounidenses: las sanciones deben levantarse o aflojarse para que ocurra una reestructuración o los inversores tendrán que vender sus participaciones a una tercera parte que esté dispuesta y es capaz de negociar. «China y Rusia han servido históricamente como los prestamistas de Venezuela de último recurso», apuntan.

El viernes China reaccionó pronto al anuncio de Maduro, dando un respaldo a la decisión. Más tarde, el mandatario venezolano dio a entender que cuando habló de reestructurar toda la deuda, no estaba incluido el financiamiento chino.

El Aissami convocó una reunión en Caracas para el próximo lunes 13 de noviembre con los tenedores de bonos y suministró un correo electrónico para que confirmaran su asistencia.

«Algunos expertos en reestructuración han afirmado que Venezuela podría tener que cambiar la jurisdicción de algunos de sus bonos para reestructurar sus obligaciones fuera de los Estados Unidos», indica Reorg Research. Por su parte, Capital Economics también señala que las sanciones complican la capacidad de la República para contraer nueva deuda ya que los bonos soberanos contienen cláusulas que podrían evitar que el gobierno negocie deuda mantenida por inversores no estadounidenses sin prever un cambio equivalente en los términos de la deuda mantenida por inversionistas estadounidenses.

Otra duda que persiste es si Venezuela entrará en default o no. Capital Economics asegura que sí, mientras el banco de inversión Torino Capital, afirma que el gobierno continuará pagando sus compromisos mientras negocia.

La deuda total de la República y Pdvsa es de más de $120.000 millones, sumando capital más intereses, que deben ser cancelados hasta 2038.

Otra preocupación que circula entre los inversionistas es que reunirse con El Aissami representa un riesgo de multa e incluso de cárcel, según reseña la agencia Bloomberg.

«Básicamente, están asignando la discusión con los tenedores de bonos al miembro más radiactivo del gobierno venezolano», dijo Daniel Lansberg-Rodríguez, docente  de Kellogg School of Management de la Northwestern University. «Esa no es algo que se pueda imaginar gente en Nueva York: fondos de cobertura, banqueros sentados en una mesa, tratando de hacer una especie de refinanciamiento o una reestructuración que funcione».

Por su parte, Robert Koenigsberger, director de inversiones de Gramercy Funds Management, que abandonó sus posiciones en deuda venezolana hace un año, die que «nadie querrá acercarse a algo que pueda ser una violación a la OFAC».