Informe | 2022 debe ser un año de urgentes reformas estructurales

Hace un año, cuando despedimos al 2020, asumimos un tono optimista sobre la perspectiva de 2021 y, en líneas generales, los hechos han acompañado esa expectativa, aunque no de la manera extraordinaria que hubiéramos querido. Ciertamente, dejamos atrás un período de mejoría económica relativa que nos permite, en todo caso, apreciar un posible 2022 aún mejor.

El problema es que a Venezuela no le sirve cualquier magnitud de crecimiento. La pérdida de Producto Interno Bruto apenas se detuvo y si se fija el foco en el PIB per cápita, el país es uno de los más disminuidos de América Latina, por lo que los niveles de pobreza siguen siendo alarmantes.

No es casual que agencias de la Organización de Naciones Unidas sostengan que más de 6.000.000 de venezolanos han emigrado, porque la salida masiva de venezolanos ha funcionado como un mecanismo de ajuste demográfico –efectivamente perverso- a las nuevas dimensiones de la producción interna de bienes y servicios.

Hay consecuencias estructurales de esta crisis: menos mano de obra calificada, deficiencias nutricionales graves en la población más joven, enormes déficits educativos y sanitarios, así como un aparato productivo menguado, desactualizado y que requiere inversiones muy elevadas para adaptarse a las transiciones múltiples que se registran en la economía internacional.

Por ello, abogamos porque 2022 sea un año de reformas profundas y estructurales, no de “paños calientes” y medidas aisladas por muy positivas que sean. Es necesario que gobierno, empresarios, sectores laborales y la sociedad civil organizada encuentren un camino de diálogo sincero, no matizado por intereses políticos ni visto como herramienta para conseguir ventajas, sino como un espacio de debate sobre las diferentes reformas que reclama cualquier posibilidad de salir de la crisis.

La economía reclama cambios profundos en lo financiero, laboral, productivo, tecnológico, logístico y de infraestructura, así como en otras áreas principales. No se trata, por ejemplo, de tomar medidas para reactivar el crédito bancario de manera aislada, sino que hay que hacer cambios que permitan tener un sistema financiero más dinámico y eficiente. No es solo cuestión del tamaño de la cartera de créditos, sino de crear herramientas e instituciones que diversifiquen las fuentes de capital, tanto de corto como de largo plazo.

Conviene ver esta crisis y la devastación que ha causado como una oportunidad histórica. El debate nacional debería centrarse en revisar lo que hicimos y no hicimos para caer tan bajo, no tanto para establecer responsabilidades particulares –aunque ello es necesario-, sino para hacer un balance honesto de los errores que no podemos volver a cometer, porque el pecado del rentismo –por solo poner un ejemplo- no fue solo cometido por las élites políticas, sino que es un vicio que, en mayor o menor medida, padecemos todos.

Sabemos que nuestros deseos pueden leerse como una utopía producto de la buena fe; sin embargo, conocemos que hay esfuerzos en esa vía, como el desarrollo de la visión prospectiva 2035 de Fedecámaras, que ha conducido a un debate amplio del empresariado en las regiones, con diversas propuestas que van a los temas generales, pero también marcan líneas de desarrollo local.

Por supuesto, el gobierno tiene una responsabilidad esencial, principal, para enfrentar el desafío de acelerar la recuperación en 2022. Hay una relación directa entre democracia y progreso, la cual, básicamente, consiste en que en un clima de libertades, de abierta participación, con instituciones que funcionan obedeciendo a la Ley y no a intereses particulares, los equilibrios económicos se logran con mayor facilidad y perdurabilidad.

Si el Ejecutivo entiende sinceramente esto y comienza por generar un entorno confiable, sin sobresaltos regulatorios ni prácticas de control que, al final, lo último que generan es bienestar colectivo, ya se estaría dando un paso clave para que 2022 termine con una recuperación más visible.

Los factores que determinan la persistencia de la crisis siguen allí. Es altamente probable que la hiperinflación termine en 2022, pero la inflación seguirá siendo alta y persistente; la apreciación  inducida de la moneda nacional, de continuar, va a generar efectos más nocivos que positivos; el tamaño relativo de la economía seguirá siendo insuficiente para garantizar oportunidades amplias para todos; los salarios –que deberían mejorar- posiblemente recuperen muy parcialmente el déficit enorme de poder adquisitivo; la desigualdad social y la pobreza seguirán siendo rasgos que caracterizarán al país.

Además, en lo coyuntural, la pandemia de covid-19 seguirá siendo una amenaza presente, cuyo impacto económico podría ser, todavía, desestabilizador. En consecuencia, 2022 será una etapa más y lo que hay que cuidar es que sea un año de avance.

En el último Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados de 2021, ponemos el foco en aspectos gerenciales, con el fin de poner al día las prioridades de empresarios, gerentes y emprendedores para enfrentar lo que se espera sea un período de mayor crecimiento, no exento de dificultades y tropiezos previsibles, en 2022.

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