Informe ANCE: Venezuela culminará 2020 con una cuarta parte de la economía que tenía en 2013

La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) publicó un informe correspondiente al período junio-noviembre del año en curso en el que afirman que Venezuela culminará 2020 con una economía que representará una cuarta parte de la que tenía en 2013.

En el documento señalan que durante el segundo semestre de 2020 continuó la contracción de la producción petrolera y, con ello, de la economía en general. Cabe mencionar el impacto adicional que ha tenido la pandemia del Covid-19 sobre las actividades económicas. Un informe de la CEPAL, conocido en julio de este año, estimaba que la reducción del PIB en Venezuela llegaría a ser la mayor de la región, en el orden del 26%, a pesar de que las cifras oficiales parecieran indicar que no está entre los países más afectados por esta epidemia.

La contracción anunciada coincide con la del FMI, que ha sido revisada hasta pronosticar una caída en el orden del  5% del PIB. De ser así, Venezuela culminará 2020 con una economía que apenas superará, en tamaño, la cuarta parte de la de 2013, primer año de la administración de Nicolás Maduro.

El colapso de Venezuela representa un caso único, no igualado por ningún otro país que no ha estado en guerra durante, al menos, un siglo. Más allá de los muy nocivos efectos de la pandemia, el colapso de la actividad económica tiene raíces en la estrepitosa caída de la producción y venta de crudo a nivel internacional, en gran medida agravada por los efectos de las sanciones comerciales de EE.UU.

Al mes de octubre la producción de crudo de Venezuela se ubicó en 367.000 barriles /día según fuentes secundarias reportadas por la OPEP; sin embargo, un año atrás (octubre de 2019), la producción se ubicaba en 687.000 barriles/día (y, valga recordar, hace 20 años era de unos 3 millones de barriles al día), de modo que la caída interanual de la producción de petróleo de Venezuela a octubre de este año es de 46,5%.

A lo anterior se añade la paralización de la inversión pública y privada producida por la prolongada depresión y el clima de fragilidad institucional en el que se conduce Venezuela, así como la caída del consumo y del ingreso real, consecuencias directas de la inflación galopante.

Por último, es de notar que, entre 2014 y 2019, el sector que más contribuyó a la reducción sistemática del PIB fue el de manufactura, (Informe de Coyuntura, IIES-UCAB, octubre de 2020).

– Sector exterior –

Las restricciones del sector externo venezolano tendieron a agudizarse durante el segundo semestre de 2020. El  Monthly Oil Market Report (MOMR) que publica la OPEP, sitúa la producción petrolera promedio en menos de 400 mil barriles diarios para el tercer trimestre del año. De acuerdo con la tendencia observada, la producción total podría terminar por debajo de los 200 millones de barriles para 2020, y sus proventos no llegarían a apenas unos seis mil millones de dólares, la cifra más baja en muchas décadas.

Cabe señalar que, el último año para el cual el Banco Central publicó cifras (2018), registra unas exportaciones por 30 mil millones de dólares. A esta disminución tan drástica de los ingresos por exportación de crudo ha contribuido tanto la merma de la demanda internacional por causa de la pandemia del Covid-19, la caída significativa de la  producción, como los descuentos a que se ha visto obligada a otorgar PDVSA para atraer compradores, ante la amenaza de sanciones por parte de los EE.UU.

Según el MOMR, el crudo marcador de exportación petrolera venezolana, Merey, se cotizaba a un precio 35% menor que la canasta OPEP en octubre. Recordemos, además, que durante el primer semestre de 2020, la guerra de precios que mantuvieron, hasta abril, Arabia Saudita y Rusia, resultó en precios globales del crudo bastante deprimidos.

Por último, el aporte de divisas de la industria petrolera se ha visto constreñido, también, por la necesidad de importar productos refinados, en particular, gasolina, para cubrir la demanda interna. Sucesivos intentos por recuperar la capacidad de la refinadora de El Palito o del complejo refinador de Paraguaná, con asistencia iraní, han resultado, hasta ahora, poco prometedores. Cabe señalar que la escasez de combustible para el transporte ha afectado el suministro de la producción agrícola del campo a los centros poblados.

Ante esta merma en sus ingresos externos, el Estado ha abierto las puertas a la explotación indiscriminada de las riquezas minerales de Guayana, en violación del ordenamiento constitucional que obliga a tener autorización de la Asamblea Nacional. Se ha reportado un deterioro visible del ambiente natural, incluyendo espacios del Parque  Nacional Canaima, en los cuales se realiza dicha minería, dados los medios primitivos, artesanales, utilizados. En total, se atribuyen exportaciones no tradicionales –no verificables, dada la negativa oficial en proporcionar cifras—superiores a los 1.700 millones de dólares para 2020. En particular, las de oro, diamantes y coltán, que maneja el Estado venezolano a discreción, han sido destinadas, entre otras cosas, a pagar importaciones de gasolina.

Por otro lado, los efectos que ha tenido la pandemia sobre la actividad económica a nivel mundial se han traducido, también, en una merma de las transferencias de los venezolanos emigrados a su país de origen. Éstas habían llegado a USD 1.950 millones en 2018 –último año para el cual el BCV publicó cifras de balanza de pagos—y se estimaba que  crecerían aún más por la magnitud de la cifra de emigrados, hoy superior a los cinco millones de personas (en torno a un 20% de la población).

Venezuela sigue excluida de los mercados financieros internacionales, tanto debido a su situación de cesación de pagos (default) a sus acreedores, como por las sanciones impuestas por los EE.UU. y, en menor medida, la Unión Europea. Cabe señalar, además, que la República continúa comprometida en el pago de la deuda con China con exportaciones de crudo. Asimismo, hay evidencia de que el Estado venezolano sigue haciendo esfuerzos por suplir a Cuba de petróleo en virtud del arreglo con esa isla en el marco del acuerdo PetroCaribe, incluyendo gasolina
comprada a proveedores externos. Ello restringe, todavía más, el margen para las transacciones internacionales.

En este marco, Maduro se hizo aprobar en octubre por la ilegítima Asamblea Constituyente, una “ley constitucional” Antibloqueo que, en la práctica, libera al Ejecutivo de toda restricción legal a la venta de activos públicos a cambio de divisas, manteniendo tales prácticas en secreto, por considerarlas “información confidencial”. Hasta el momento, se especula con la posibilidad de que Rusia u otro país aliado de Maduro se interesen en las oportunidades que abre tal “ley”. No obstante, la falta de garantías y de apego institucional, y la enorme discrecionalidad con que el Ejecutivo decide sobre los temas económicos, augura un impacto bastante reducido de esta liberalización.

Por último, sigue en una situación de indefinición legal los reclamos de acreedores internacionales sobre los activos de CITGO, todavía bajo prohibición de ser enajenados por la Oficina de Activos de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU., así como por quien ser administrados – gobierno de facto o al gobierno interino– las reservas internacionales en oro, ubicadas en el Bank of England.

Las severas restricciones en la captación de ingresos en divisas han significado una contracción concomitante de las importaciones. Ello se compagina con un sector productivo sumamente deprimido, que escasamente invierte, y una segmentación monetaria del mercado interno: un sector que transa en divisas, suplido mayoritariamente por importaciones, y el resto, de mayor componente nacional, que se paga en bolívares. Ello ha dado lugar a una diferenciación significativa entre el consumo de quienes disponen de divisas –en parte no desestimable por lavado de dólares- y la mayoría que, por no tenerlo, dependen del suministro de bolsas CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción).

Buena parte de la población padece de hambre, dada la pérdida absoluta de valor de la moneda nacional y las remuneraciones tan bajas percibidas por la gran mayoría de la población. Para mediados de noviembre, la cotización oficial del dólar –muy pegada a la del mercado paralelo— rozaba los 700.000 bolívares por dólar. El salario mínimo, incluido el llamado Bono de Alimentación, apenas superaría, a este precio, un dólar, mensual. Para finales de octubre, la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional registraba una inflación acumulada cercana a 1.800% en 2020. El dólar, por su parte, se había encarecido en más de 1.000%. Ello hace inaccesible la divisa para el grueso de la población.

No se tienen cifras sobre el monto en que han caído las importaciones y su impacto en la reducción del consumo doméstico, pero el hecho de que las reservas internacionales se hayan mantenido en un rango muy bajo, pero comparativamente estable –en torno a los 6.400 millones de dólares—, a pesar de la drástica caída en los ingresos externos y la ausencia de financiamiento foráneo, es indicativo de la magnitud en que han tenido que haberse reducido las compras externas.