Informe | Ante la diatriba inútil, diálogo productivo para superar un débil crecimiento

El gobierno avanza en una serie de iniciativas que, miradas en conjunto, consolidan un cambio importante de orientación de política económica que, sin embargo, no se consolida plenamente, lo que deja un margen de incertidumbre importante, aunque menor a la de años anteriores, a los agentes económicos.

Un paso importante para establecer un clima de seguridad jurídica en el campo fue el encuentro entre las autoridades nacionales, los gremios agropecuarios y dirigentes campesinos para tratar el grave problema de inseguridad que viven los propietarios de hatos en las zonas productoras, sobre todo en los llanos occidentales.

De ese encuentro salieron una serie de medidas que se resumen en un compromiso de enfrentar el abigeato y de resolver institucionalmente los conflictos por la tenencia de la tierra, los cuales, hasta ahora, vienen siendo ignorados, a tal punto que las sentencias de tribunales que restituían los derechos afectados, sencillamente no se ejecutaban.

Igualmente, parece que en la Asamblea Nacional existe el compromiso serio de acelerar el plan de devolución de activos expropiados, así como de aprobar herramientas necesarias, como la reforma de la Ley de Hidrocarburos, para incentivar la participación de empresas privadas en la recuperación de las industrias del petróleo y el gas.

Evidentemente, estas señales positivas se dan en un contexto complejo. Se ha instalado un debate sobre la recuperación económica y la vigencia de las sanciones internacionales que pesan sobre instituciones y empresas del Estado, el cual preocupa por las formas en las que se produce.

Es importante, en nuestra opinión, que todos los actores políticos, sociales y económicos entiendan que la prioridad es enfrentar la crisis de la mejor manera posible, lo cual no significa deponer ideas ni principios, sino buscar cauces realistas, sensatos, respetuosos y efectivos para gestionar las diferencias –lo que supone hacer concesiones- y conseguir pactos que garanticen gobernabilidad y capacidad de acción, pero también participación y controles de parte de sectores representativos de la sociedad, entre los que se incluye a la oposición política.

Venezuela sigue padeciendo las consecuencias de una histórica crisis económica. Sí, existen síntomas de mejoría, como una reducción de la inflación, desaceleración en la velocidad de crecimiento del tipo de cambio y otras políticas que van en un sentido más positivo, pero, lo cierto es que la inmensa mayoría del país tiene una muy limitada capacidad de consumo y eso terminará por lastrar el crecimiento económico esperado, a menos que empecemos a generar políticas de activación del consumo, tales como el crédito bancario, lo cual a su vez incidiría en una mejora salarial como consecuencia de un incremento en las ventas de las empresas.

Somos optimistas; pero con cautela. Evidentemente es difícil compartir las recientes estimaciones sobre el comportamiento de la economía venezolana reportadas recientemente por el Fondo Monetario Internacional, pero posiblemente también sea muy difícil ver un crecimiento de 20% del PIB este año, tal como lo pronostica Barclays.

Entre otras cosas, porque el contexto internacional amenaza las expectativas, con una fuerte presión inflacionaria, problemas en las cadenas de suministros y una mayor conflictividad política que puede complicar adicionalmente los flujos comerciales y, por otra parte, sigue presente el tema sanciones, cuya moderación, ante una difícil elección de medio término en Estados Unidos, no parece muy probable que avance positivamente en un plazo breve, aún cuando consideramos que las sanciones petroleras pueden recibir buenas noticias en el corto plazo.

Estudios recientes indican, y así lo avalamos,  que hay más confianza en el sector empresarial y crece la voluntad de echar a andar una recuperación sostenible de la economía nacional, aunque medidas como la adopción del IGTF a las transacciones con divisas, significó un duro golpe a ese clima de credibilidad y ayuda a la recuperación.

Hemos dicho en notas anteriores que se requiere un conjunto de reformas de fondo. Sabemos que los gremios empresariales han hecho propuestas, pero es importante que el diálogo político, necesariamente amplio e inclusivo, se aboque a desarrollar líneas de trabajo que, en principio, enfrenten la situación humanitaria, pero que rápidamente entren en el diseño de un plan de trabajo para dar sostenibilidad a la economía.

Sin duda, la diatriba estéril no es rentable, no ayuda, no sirve. Lo útil es sentarse a buscar alternativas urgentes y viables para enfrentar la crisis de manera integral.

En el Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados de esta semana la nota editorial trata de poner en perspectiva la discusión sobre el impacto de las sanciones y las acciones del gobierno para consolidar un débil crecimiento económico. Igualmente, se ofrece un útil enfoque sobre las estrategias financieras ante la nueva estrategia oficial para potenciar el uso del bolívar.

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