La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció este jueves la proporción «sorprendentemente elevada» de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad en Venezuela.
En su informe tras la visita a Venezuela del 19 al 21 de junio, Bachelet resalta igualmente que «los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones».
La alta responsable de la ONU pide en sus conclusiones la disolución de las Fuerzas Especiales (FAES), a las que achaca en particular la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por «resistencia a la autoridad», durante operaciones policiales en 2018.
«Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores» resalta Bachelet.
Esas cifras fueron suministradas a la oficina de Bachelet por el propio gobierno venezolano, precisó a la AFP una portavoz, Ravina Shamdasani.
«No las habíamos publicado hasta ahora (…). Nos fueron enviadas en directa respuesta a nuestras solicitudes», detalló.
Además hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, dice la Alta Comisionada.
Venezuela atraviesa desde hace meses una profunda crisis política, con el pulso entre el presidente Nicolás Maduro y el opositor y autodeclarado presidente interino Juan Guaidó, reconocido por unos 50 países.
El país vive además una grave crisis económica, agravada por un embargo petrolero y sanciones financieras impuestas por Estados Unidos para intentar sacar del poder a Maduro.
«El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas» explica el texto.
«El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela» replicó el gobierno de Maduro en sus comentarios.
«El informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas “por motivos políticos”. Esta recomendación resulta inaplicable y por tanto equivocada, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición», añade.
La situación es «compleja», admite Bachelet, que pudo entrevistarse con los principales protagonistas de la crisis y con damnificados.
«Este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas», expone Bachelet.
Además de la disolución de las FAES y de los «colectivos», Bachelet recomienda la creación de «un mecanismo nacional imparcial e independiente» para analizar esas ejecuciones extrajudiciales, y le pide al gobierno que publique regularmente datos exhaustivos sobre la salud, el acceso al agua y alimentos, entre otros, de la población venezolana.
El informe recuerda que la Alta Comisionada ha pedido la creación de una oficina permanente en el país sudamericano.
Para el gobierno venezolano, el informe «nada dice (…) sobre la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales ilegal e ilegítimamente impuestas al país».
«Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo—a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo», concluye Bachelet.
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