#Informe | Deslastrarse de los controles y otras reformas no pueden esperar más

En la Asamblea Nacional se debaten dos normas cuyas implicaciones pueden ser relevantes para el desempeño de la economía. La primera es la Ley de Armonización Tributaria para estados y municipios y la segunda es la Ley de Defensa de los Derechos Socioeconómicos, la cual viene a sustituir la muy polémica Ley de Precios Justos.

El propio presidente Nicolás Maduro reconoció que una Ley que pretende establecer un rígido sistema de fijación de precios sobre un margen máximo de ganancias fijo es un instrumento desfasado y, más que eso, inaplicable en la práctica para una economía inflacionaria y con una depreciación constante de su signo monetario.

No hay muchos detalles sobre el contenido de esta norma, pero la sola expectativa de que se relaje el modelo normativo de control de precios es una excelente noticia, porque desaparece una de las más peligrosas espadas de Damocles para la actividad económica en general y para la comercial en particular.

Una de las lecciones que deja el episodio de inestabilidad cambiaria que se produjo durante el pasado mes de agosto es la necesidad de acelerar las reformas necesarias para darle soporte al crecimiento económico. En buena medida, la crisis venezolana deviene de la falta de confianza que se traduce en un inhibidor relevante para la inversión.

Es hora de profundizar con decisión el cambio de modelo económico que la propia crisis ha impuesto. Las políticas de mercado han dado resultados y, por ello, es un camino que se debe seguir con decisión.

Hay varios procesos en marcha, como la emisión de acciones de empresas del Estado. Esperamos que en los próximos días se produzca la ampliación de capital inscrito en Bolsa de CANTV, un proceso que se ha retrasado, así como del Banco de Venezuela. Esta medida será un gran paso y muy decisivo para impulsar al mercado de valores, un mecanismo de financiamiento que es indispensable en el momento presente.

Igualmente, hay que desarrollar normas que permitan la transferencia de activos del Estado al sector privado en condiciones de transparencia legal y normativa para que inversionistas no solo con capital, sino con conocimiento y experiencia vuelvan a ver a Venezuela como un destino confiable.

Este hecho es indispensable para poder dar un mensaje claro, necesario y de confianza al sector privado tanto nacional como internacional. Se debe ser contundente: No hay forma de hacer crecer la economía sin la incorporación activa y en condiciones  claras de mercado del sector privado. Considero que las autoridades del gobierno nacional, están cada vez mas convencido de esta absoluta realidad.

El mercado cambiario, por ejemplo, no puede depender de los fondos del Banco Central de Venezuela. La actividad económica y la inversión privada deben irrigar el mercado para que la oferta de divisas sea estable y la formación de precios se corresponda con una oferta y demanda conocida y trazable.

Hemos dicho en muchas ocasiones que hay que desideologizar el debate sobre la economía. La situación cambiaria vivida mostró algunos elementos positivos; por ejemplo, aunque aumentaron las inspecciones sobre los comercios para reforzar el uso del tipo de cambio oficial como referente de precios, estas no tuvieron carácter punitivo y se mantuvo el diálogo con los gremios en el proceso.

Igualmente, el proceso de conjurar la crisis se desarrolló sin alterar el funcionamiento del mercado cambiario, más allá de cierto discurso que generó temores de retroceso en materia de controles.

Hay que saludar que la Ley de Armonización Tributaria busque establecer un equilibrio entre la presión fiscal nacional y los esquemas de tributación estadal y municipal. Hay críticas y debates, pero es verdad que la presión tributaria ejercida por las autoridades locales estaba llevando a muchas empresas a una situación crítica.

Que el gobierno pueda evitar las tentaciones de recurrir a los controles ya es un paso importante para sostener el crecimiento económico que se está presentando en el país.

La situación de la economía venezolana sigue siendo altamente compleja. Hace falta mucho más diálogo, acuerdos y compromisos. Creemos que no tiene sentido seguir defendiendo el esquema de sanciones que pesa sobre la actividad petrolera, que constituye todavía y es nuestro mayor enclave competitivo, por lo que los acuerdos políticos necesarios para que esta situación se supere no pueden esperar más.

El crecimiento de Venezuela, como se demuestra todos los días, está basado en el desempeño de su sector privado y de sus trabajadores. El gobierno debe asumir el rol regulador que le corresponde con una visión de estímulo más que de control. Somos razonablemente optimistas sobre el futuro de este equilibrio ente agentes económicos.

Sabemos que habrá dificultades, posiblemente avances y retrocesos, pero cabe esperar que el cambio y las reformas sean exitosas para que se asiente el crecimiento y la vida social del país vaya mejorando de manera sostenida.

En el Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados de esta semana profundizamos en este análisis e igualmente se hizo un estudio muy completo sobre cómo las gerencias empresariales deben reaccionar ante la inestabilidad cambiaria, mientras que en la Visión Gerencial, del informe privado, analizamos los retos del incremento de la productividad.

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