Informe | El derecho de propiedad de la tierra es un bien escaso en el campo venezolano

De acuerdo con cifras del Centro de Estudios Agroalimentarios, han sido intervenidas alrededor de 9 millones de hectáreas productivas en Venezuela, de las cuales el Instituto Nacional de Tierras (INTI) ha rescatado de manera jurídicamente irregular unas 3 millones de hectáreas.

La situación de inseguridad jurídica de la tierra para la producción agropecuaria sigue siendo extremadamente grave. En los estados Barinas y Portuguesa, dos de los mayores estados agrícolas del país, las invasiones amparadas en actuaciones de las autoridades son moneda corriente.

De esa superficie “rescatada”, menos de 5% está productiva de alguna forma. En general, las consecuencias de las intervenciones son destrucción y saqueo. Un país que no logra suplir la mayoría de los requerimientos de alimentos no puede darse el lujo de reducir consistentemente la superficie cultivada, como efectivamente está ocurriendo.

Para el productor agropecuario la tierra es su principal activo. La garantía de propiedad es el incentivo más poderoso para desarrollar una actividad de alto riesgo por definición.

En Venezuela, ese riesgo se eleva porque son instituciones del Estado las que fomentan y protegen las invasiones. Dice el Centro de Estudios Agroalimentarios que el INTI y el Tribunal Supremo de Justicia amparados en disposiciones de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola que permiten desconocer la propiedad privada de la tierra por “titularidad insuficiente” (Art.82 LTDA) y, además, el TSJ emitió una sentencia en 2011 en la cual desaplicó el delito de invasión de predios agrícolas.

El nivel de indefensión de los productores agropecuarios es uno de los más graves que padece sector económico alguno en el país, a tal punto que los procesos para la restitución de los derechos conculcados son prácticamente una misión imposible.

Es indispensable que, en el proceso de apertura económica y diálogo político que se llevan a cabo en el país, se tome en cuenta este problema que no se debate de manera suficiente vista su gravedad, porque los productores agropecuarios venezolanos trabajan en unas condiciones en extremo precarias.

Y este es un problema de fondo, porque se ha montado toda una estructura normativa y procedimental que limita el derecho de propiedad a un sector vital para la economía en el sentido más estricto, porque es el responsable por la disposición de algo tan esencial como los alimentos.

La producción agropecuaria necesita cada vez más inversión en tecnología e insumos. A escala global se está registrando un proceso de transformación que incorpora la variable ecológica, a tal punto que vamos hacia un mercado que internacionalmente está determinado por prácticas ambientalmente sostenibles para poder acceder al comercio internacional.

Por lo tanto, las políticas de apoyo al sector agropecuario deben cambiar radicalmente. No es admisible que en una situación como la actual, la cartera agrícola sea de apenas 59,9 millones de dólares, según las cifras recopiladas por nuestra firma Aristimuño Herrera & Asociados al mes de julio.

Hay rubros que muestran crecimiento básicamente gracias al esfuerzo y el aporte de capital de los propios productores que trabajan sin acceso a insumos ni combustible, con equipos viejos y sin mantenimiento y cuya producción, en muchos casos, son sometidas al saqueo normalizado en las alcabalas, adicional a muchos otros problemas, como por ejemplo el tema de los fertilizantes, que tratamos la semana pasada, en el informe privado.

En el Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados de esta semana presentamos temas de interés para la comunidad empresarial venezolana como el impacto de la inseguridad jurídica en la producción agropecuaria y los aspectos clave del endeudamiento en Venezuela, en un entorno de restricción del crédito, para enfrentar una nueva y compleja realidad en el país.

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