Informe | El destino nos alcanzó: el cambio de ciclo debe comenzar por el petróleo

En Venezuela parece que estamos condenados a regresar sobre los mismos temas de manera recurrente. Hay una insólita incapacidad de rectificación que induce a repetir errores e incurrir en omisiones de política una y otra vez.

¿Y por qué esta reflexión de entrada? Hemos recibido reportes muy preocupantes sobre la situación del suministro de combustibles en el país. La producción ha descendido a 40.000 o 50.000 barriles diarios de gasolina, una cifra que a lo sumo puede cubrir el 50% de la reducida demanda que el país tiene.

Esta semana, la Asociación Venezolana de Hidrocarburos (AVHI) hizo una serie de propuestas entre las cuales destaca una importante reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la cual debe suponer una reducción sustancial de la tributación y una cesión clara de participación al capital privado  en el negocio petrolero.

Es insólito el dato según el cual el “government take” o la participación del Estado en los negocios petroleros alcanza a 91%, cuando, por ejemplo, el ejercicio de la mayoría accionaria en los proyectos de la Faja Petrolera del Orinoco es puramente simbólica, ya que el aporte de capital público a los proyectos no existe o se traduce en pago con producto.

La salida de Total y Equinor de la empresa mixta Petrocedeño, a pesar que se trató de presentar no como un divorcio, sino como una separación amistosa, es un síntoma que no ha sentado bien a los inversionistas privados ni ha sido interpretada como Pdvsa aspira.

Sin duda, una reforma seria de la Ley Orgánica de Hidrocarburos es indispensable y, además, urgente, porque son enormes las inversiones que se requieren y aún con alivio de las sanciones internacionales, las finanzas públicas del país no permitirán, ni en un escenario fantástico, echar a andar una industria que arrastra una crisis estructural de dimensiones que da miedo sospechar sin apoyo de inversionistas privados en proporción mayoritaria.

El gobierno, en sentido amplio, debe entender que es clave que sea capaz de generar confianza. Y, en ese punto, no está en condiciones de imponer una dinámica sin diálogo y negociaciones. No se trata de ver si la revolución confía en los capitalistas, sino si los inversionistas confían en una administración que toma decisiones unilaterales, que no ofrece seguridades mínimas, que relativiza los derechos de propiedad, y que nunca cambia realmente.

La relación de las empresas petroleras privadas con la gerencia socialista de Pdvsa no ha sido fácil, ha demandado mucha paciencia, porque las corporaciones creían –y creen- en el enorme potencial de los recursos petroleros y gasíferos del país, porque entienden que Venezuela debe y puede ser uno de los grandes actores del negocio a escala internacional; pero ese potencial está en riesgo.

El mundo aumenta sus niveles de conciencia sobre los efectos del cambio climático, una transición energética está en marcha, a escala global. En cosa de una década, los principales mercados exigirán el uso mayoritario de energías alternativas en áreas tan sensibles para el sector hidrocarburos, como la industria automotriz o la aeronáutica comercial.

No es que nos vamos a tener que “comer” el petróleo, pero claramente la participación de los combustibles fósiles en la matriz energética mundial va a ser menor, por lo tanto el negocio petrolero tendrá otras dimensiones; de hecho, las propias corporaciones globales ya no se definen como “petroleras”, sino como “energéticas”, porque están apostando a otras fuentes de energía, en línea con las tendencias que se prefiguran a escala mundial, que incluyen, incluso, esquemas de “prosumidores” –consumidores que producen su propia energía-; lo que implica una importante descentralización en la producción de energía.

Ya la Agencia Internacional de Energía (AIE) está abogando por no autorizar más nuevos proyectos de explotación de yacimientos de petróleo y gas ni nuevas minas de carbón. Y existe el compromiso en Europa, para prohibir la producción de vehículos con motores de combustión a partir del 2035 y en Estados Unidos se estableció como objetivo que el 50% de los vehículos vendidos para 2030, serán eléctricos de batería, eléctricos de celda de combustible o híbridos enchufables.

En consecuencia, más allá de reformas legales y arreglos institucionales, el gobierno tiene que cambiar incluso el discurso. Ya no tenemos ese Estado omnipotente que pensadores liberales denunciaban en la década de los años 80, quizás sin sospechar que podría desaparecer tan traumáticamente.

En el Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados de esta semana, entre otros temas relevantes, analizamos la situación de la industria petrolera venezolana a la luz de dos factores que determinarán su futuro: la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que el sector privado está demandando y los cambios regulatorios y de mercado que tienden a modificar la matriz energética.

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