#Informe | El "paquete" laboral o los peligros de actuar como si la crisis hubiera pasado

El debate público sobre los anuncios del presidente Nicolás Maduro se ha limitado al bono fraccionado para los jubilados, pero hubo otro cuya importancia es en absoluto menor. Se trata de la redacción y aprobación de un paquete de leyes específicas derivadas de la Ley Orgánica del Proceso Social Trabajo vigente.

Se refiere a las 10 normas legales específicas que regulen las relaciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras en el hogar, a domicilio, motorizados y motorizadas, del deporte profesional, del sector agrícola, del transporte, navegación marítima, fluvial y lacustre, transporte aéreo, cultura, y aquellos que tengan con alguna discapacidad.

Además, en este paquete podría incluirse el proyecto de Ley de Trabajo Remoto o Teletrabajo y algunas otras.

Como principio, los derechos laborales conforman un marco esencial para asegurar el funcionamiento estable de cualquier economía. El sector laboral es parte constitutiva de la actividad económica y, en consecuencia, debe obtener los mayores beneficios posibles en un marco adecuado de productividad, competitividad y eficiencia.

Hace mucho tiempo que el diálogo tripartito se ha configurado como una herramienta fundamental para el logro de unas relaciones económicas justas y equitativas, por lo tanto nadie puede discutir la necesidad de la existencia de un cuerpo jurídico que regule con sensatez y sentido de justicia las relaciones específicas en el mercado laboral.

Dicho lo anterior, el hecho de que este paquete de leyes se discuta como un mandato político de urgencia lleva a advertir sobre los efectos negativos que puede tener una sobrerregulación laboral en la economía.

El gobierno parece actuar como si la recuperación económica fuese un hecho, un resultado, y no un proceso de cuya evolución también debería depender la indispensable mejora de las remuneraciones y, en general, de las condiciones laborales, como parte de un proceso de diálogo constructivo.

Lo cierto es que la crisis, que aún persiste aun cuando la economía haya tocado fondo, aparentemente, demostró que una normativa laboral intervencionista, punitiva, y excesivamente cargada de obligaciones no sirve para crear y mantener los empleos. Al contrario, este es uno de los factores que ha generado un histórico índice de informalidad.

Es necesario que estos proyectos de Ley sean consultados ampliamente, revisados en el ámbito tripartito y que se analicen con datos y criterios sensatos las implicaciones que pudieran tener para sectores económicos que apenas están dando señales –de paso, débiles en la mayoría de los casos- de crecimiento.

Hemos insistido en la necesidad de una reforma laboral; sin embargo, lo que ha ocurrido en la práctica es que el mercado se ha ajustado, en función de las realidades económicas concretas. ¿El resultado? El sector privado está pagando salarios varias veces superiores a los que devengan los funcionarios públicos.

Y este proceso ha sido posible, en buena medida, porque el gobierno ha permitido ese ajuste, a través de una aplicación más realista de la Ley.

Entendemos que ante la propagación de la idea de que la economía se está recuperando y las cifras auspiciosas que el Ejecutivo Nacional viene mostrando, es posible que la conflictividad laboral se incremente.

Y en este sentido cabe esperar que las autoridades, como árbitros, tengan una actitud sensata. Una cosa es que de manera concertada cada empresa decida discutir sus condiciones de trabajo, y otra es que exista un mandato absoluto y sin excepción de discutir convenciones sin tomar en cuenta si las organizaciones están en condiciones reales de enfrentar esos procesos, con los incrementos de costos que acarrean.

La representación gremial de los empresarios ha sostenido un diálogo bipartito con los sectores sindicales, ha insistido en la voluntad de mejorar con el necesario sentido de urgencia las condiciones de trabajo, pero es indispensable que se abra un margen de diálogo constructivo para determinar unas condiciones adecuadas para enmarcar esa revisión de las relaciones laborales.

En el Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados de esta semana ofrecemos, además de un completo análisis sobre el «paquete Laboral» y sus incidencias en las empresas y la economía, desarrollamos un análisis estratégico para las empresas sobre el manejo del marketing a través de redes sociales, así como un estudio  gerencial sobre la necesidad de mantener en las empresas una política de «right sizing» en la definición de las vías para adaptar la estructura de capital humano en un posible cambio de ciclo de la economía.

Todos los viernes tenga a la mano la más oportuna, confiable, rigurosa y útil información para tomar las mejores decisiones de negocios en un entorno altamente volátil y complejo. Los invitamos a suscribirse al Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados para estar al día con la dinámica económica y empresarial del país y las tendencias que la mueven.

Si desea ver una muestra de nuestro informe privado semanal y conocer más acerca de este y el resto de nuestros productos y servicios de consultoría, le invitamos a consultar nuestros planes de suscripción para que pueda seleccionar el más adecuado a sus necesidades y así empezar a disfrutar todos los viernes, de esta información de alto impacto para los gerentes y tomadores de decisiones.