Informe Especial | El asistencialismo como obstáculo para la recuperación económica
Los mercados en Venezuela se han reducido a expresiones mínimas. Alrededor de 15% de la población puede darse el lujo de consumir más de una cesta mínima de supervivencia, a la cual no tiene pleno acceso la mayoría.
Es pertinente que en el proceso de diálogo político que, según se ha sabido, podría iniciarse en julio con intermediación del reino de Noruega, los actores políticos debatan no solo asuntos electorales o relativos con el control del poder, sino cómo concertar una estrategia sensata, práctica, realista y eficaz para comenzar a superar esta situación de penuria económica.
Se habla de una recuperación de la economía; de hecho, el más reciente estudio de coyuntura del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica “Andrés Bello” proyecta un crecimiento del PIB de 1,9% y nosotros, en Aristimuño Herrera & Asociados, estamos revisando nuestra proyección inicial de una contracción de 5%, posiblemente para asumir un resultado mejor; sin embargo, nos preocupa la crisis social, porque sin recuperar empleo, salarios formales y disminución de la inflación, cualquier ensayo de recuperación económica tendrá una limitación severa.
Efectivamente, estamos observando datos que evidencian una posible recuperación del consumo, pero solo en algunos estratos. En la mayoría de la población la capacidad de consumo sigue hundida.
Es indispensable, en consecuencia, poner sobre la mesa la necesidad de ensayar una política de estímulo que funcione, y que abandone el asistencialismo como premisa básica, ya que está demostrado que la emisión monetaria –ya la liquidez en circulación llega a la asombrosa cifra de 1.743 billones de bolívares- para pagar subsidios, asumiendo el costo de estrechar el financiamiento productivo a todo nivel, carece de todo sentido económico, financiero y estratégico.
El gasto que representa pagar un bono, a través del Sistema Patria, ya se acerca a cifras que superan los 40 millones de dólares por asignación, sin que se logre ninguna mejora efectiva de las condiciones de vida de quienes se pretende beneficiar.
Por supuesto, en medio de una pandemia y sofocados por una larga crisis económica, nadie puede pedir que ese apoyo desaparezca de pronto, pero es indispensable pensar con otra mirada, más productiva y eficiente, para enfrentar la pobreza. La historia económica ha demostrado que esa mirada pasa por estimular a la empresa privada productiva y la generación masiva de empleo sostenible.
Un análisis reciente publicado por el Centro Gumilla muestra que las remesas pueden ser la diferencia entre padecer hambre o tener una mínima capacidad de consumo.
Frente al tamaño de la economía, el ingreso por envíos de los venezolanos emigrados constituye una contribución apreciable de fondos; sin embargo, estamos observando que por habitante beneficiado estas contribuciones siguen siendo bajas, de alrededor de 60 dólares en promedio, cuando una cesta alimentaria básica se ubica ya en cerca de 300 dólares.
En consecuencia, es vital desentrabar la economía, que el país regrese a los mercados financieros internacionales, que refinancie sus compromisos, que restablezca sus relaciones con instituciones multilaterales y que se abra el crédito bancario nacional, en función de que el gobierno y las empresas reciban fondos y se pueda apalancar, un proceso de recuperación vía apertura orgánica y ordenada con capital privado nacional e internacional.
Pero, es importante poner sobre la mesa la estrategia social, abandonar el asistencialismo como mecanismo de control político y apostar por las propias capacidades de la sociedad para levantarse.
El gobierno necesariamente tiene que cambiar su rol, asumiendo que no puede mantener económicamente a toda la sociedad sin crear dantescos desequilibrios, que no es rentable política ni socialmente convertir al país en una inmensa clientela, sino que debe convertirse en un promotor del desarrollo.
En el Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados de esta semana la Nota Editorial habla sobre la necesidad de cambiar desde la raíz la orientación de la política social del Estado hacia un modelo más eficiente y productivo, en el cual se potencien las capacidades de los ciudadanos en lugar de profundizar un esquema clientelar.
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