Informe Especial | ¿El Petro enmascara un reconocimiento implícito de la dolarización?

La conversión del Petro en unidad de cuenta obligatoria, junto con el bolívar, para la presentación de información contable y de medio de pago para la compraventa de activos de alto valor, así como para cancelar servicios de identificación y migración, ha generado una fuerte inquietud que, en alguna medida, explica, por ejemplo, una nueva escalada del dólar paralelo.

Para las empresas, la confusión es total, pues no existe ninguna norma contable generalmente aceptada a escala internacional que permita asentar registros en criptomonedas; es más, la inmensa mayoría de los bancos centrales no aceptan el uso regular de estas especies virtuales como monedas de curso legal.

De hecho, el propio Banco Central de Venezuela no ha emitido un solo documento donde oriente a los agentes económicos sobre el uso monetario del Petro. Por lo pronto, lo que hay en el ambiente son preguntas e hipótesis.

En nuestra opinión, en ausencia de un plan completo, coherente y consistente de recuperación económica y ordenamiento financiero detrás de la imposición del Petro como unidad de cuenta y medio de pago, la única explicación que surge es un intento, de entrada presumiblemente fallido, de enmascarar la dolarización creciente de la economía y tratar de reencauzar flujos de divisas a las arcas públicas, severamente afectadas por la caída de la producción petrolera, la depresión económica y las sanciones estadounidenses que cierran los mercados financieros internacionales formales.

Junto con la indexación de la cartera comercial, de la banca venezolana, esta conversión del Petro, definido por el economista Aaron Olmos, especialista en el mercado de criptomonedas, como un “token criptográfico de uso esencialmente político”, en moneda de curso legal, parece mostrar una vía, aún incierta, hacia una dolarización más aceptada y abierta, por parte de las autoridades, con el fin de buscar que la propia economía privada encuentre medios para subsistir, e incrementar la transferencia de divisas al sector público.

El problema está en el riesgo que entraña el uso de una moneda virtual que controla el Estado, que no tiene un mercado, cuyo precio teóricamente está anclado al valor promedio de la cesta petrolera, pero que se manipula al libre arbitrio de los decisores oficiales; que de hecho tiene dos cotizaciones y que, además, no es una criptomoneda, como el Bitcoin o el Dash, basada en tecnología blockchain y con un proceso de minado que asegura cierta confiabilidad.

En consecuencia, no apreciamos que estos anuncios recientes, más allá de crear un nuevo inconveniente operativo a las empresas, especialmente a las comerciales, sirvan efectivamente para contener o incidir, en alguna medida, en la solución de los grandes males de la economía, especialmente la hiperinflación.

En el Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados de esta semana analizamos los probables impactos de la decisión de imponer el criptoactivo gubernamental Petro como medio de pago para trámites públicos, compraventa de activos y como unidad de cuenta obligatoria para la presentación de información contable.

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