Informe Especial | El regreso a los controles pone a la economía en riesgo de una nueva ola de crisis

Los controles han regresado. En el entorno político del gobierno se ha abierto un debate sobre hasta dónde se debe abrir la economía y cómo mantener su estrategia de control férreo. La dolarización transaccional y el avance del sector privado en el sentido de reanimar la actividad están generando preocupaciones para quienes el proyecto sigue siendo el socialismo del siglo XXI.

Todavía el discurso del Ejecutivo nacional sigue siendo aperturista, pero sus decisiones y actuaciones van en una línea de contención del aún muy incipiente proceso de reactivación que se está produciendo en el país. El consumo sigue siendo limitado y la situación general de las empresas sigue siendo grave.

Si el gobierno insiste en regresar a los controles estrictos, a las sanciones, y a las regulaciones, tan innecesarias como asfixiantes, va a comprometer las expectativas de recuperación. Y eso es grave, porque solo unas frágiles expectativas de recuperación justifican la realización de inversiones muy limitadas sobre las cual se sustenta un no menos frágil proceso de activación en algunas áreas de la economía.

Lo concreto es que el empresariado privado, que subsiste a una caída de alrededor de 75% de la economía en siete años, no ha recibido apoyos concretos por parte del Estado. La expansión monetaria se ha dirigido fundamentalmente a otorgar subsidios a la población, los cuales resultan insuficientes, mientras el sector productivo está trabajando a pulmón en medio de una histórica recesión y años de hiperinflación.

Los controles no han funcionado en ninguna parte y la experiencia histórica sobra. La revolución bolivariana justificó los controles, durante años, con el argumento de que la economía dependía de una renta petrolera que generaba el Estado y los empresarios no eran más que otro sector que vivía de la captura de una porción de esa riqueza. Este argumento es mucho más que debatible. El asunto es ¿Cómo pueden justificar su política ahora? ¿Sobre cuál renta de origen público se sustentan los negocios y emprendimientos que aparecen y resisten en el país?

Sin un programa de apoyo, sin alivio tributario, en medio de una caída sin precedentes del poder adquisitivo de la población, los empresarios están tomando riesgos, están buscando fórmulas para resolver problemas de diverso tipo, como los de carácter monetario derivados del desorden intrínseco de una dolarización que surgió silvestre producto del colapso del servicio eléctrico, y están tratando de impulsar una economía devastada.

El Ejecutivo vuelve a hablar de “especulación”, “condicionamiento de los consumidores”, e incluso funcionarios y diputados llegaron a hablar de “robo” para definir una práctica de “vales” utilizados para dar vuelto por pagos con dólares en efectivo. Equipararon de manera totalmente errónea la práctica de guardar el cambio para un próximo consumo con las captaciones de un banco. Solo hay que recordar que en Venezuela no se puede intermediar financieramente con divisas; de manera que las cuentas en divisas de las Banca no son remuneradas.

Todos los agentes económicos están pagando las consecuencias de políticas desacertadas, de problemas que deben resolver las autoridades, como la hiperinflación, la pérdida de valor del bolívar, la ausencia del cono completo de dólares estadounidenses, la escasez de combustible, entre muchos otros.

Lo concreto es que las empresas viven en un entorno extremadamente complejo y estas prácticas ponen en grave riesgo la sostenibilidad financiera de muchas organizaciones, porque impactan directamente sus capacidades para generar utilidades, en medio de un ecosistema económico, financiero y jurídico extremadamente hostil.

Hay que seguir de cerca –y estaremos atentos en próximas ediciones- a las reformas legales que se están planteando en el parlamento, porque no generan las expectativas adecuadas, especialmente las de la legislación penal y el Código de Comercio.

Es importante estar claros: las expectativas básicas de recuperación siguen presentes. El gobierno, y más aún, el país necesita más inversión privada, más empresas, más empleos formales, y el Ejecutivo atraviesa una situación que imposibilita los mecanismos de incentivos propios del rentismo; sin embargo, la preocupación también es válida, por lo que la recomendación es actuar con cautela y dentro de los márgenes normativos.

En el Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados de esta semana la Nota Editorial analiza las implicaciones del retorno a la política de controles que adelanta el Ejecutivo nacional, en un momento tan delicado, cuando el país no solo sigue sometido a los rigores de una aguda crisis económica y los agentes económicos luchan por activarse, al tiempo que se registra un recrudecimiento, una nueva ola, de casos de covid-19.

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