Informe Especial | La indexación: la medicina emergente contra el virus de la inflación

Varios diputados, encabezados por el economista Tony Boza, anunciaron que presentarán a la Asamblea Nacional electa en diciembre pasado un proyecto de Ley para indexar los salarios y pensiones, así como el presupuesto público a un indicador no revelado que permitirá defender el valor de estas asignaciones.

La propuesta no es nueva. De hecho, el debate sobre los presuntos beneficios de la indexación se ha planteado antes en Venezuela, bajo diversas modalidades y con un sentido más integral. Esta es una propuesta parcial que solo busca «proteger» a los componentes salariales y al gasto público.

La propuesta parte de una presunción básica: no es la emisión de dinero sin respaldo la causante de la hiperinflación, sino la constante manipulación de precios para «inducir» inflación y los ataques contra la moneda del «imperio norteamericano y la oposición local».

Esto es retroceder a los tiempos cuando se prohibía la difusión de los tipos de cambio paralelos, porque con ello desaparecería el fenómeno de la devaluación del bolívar. Aumentar, contra un índice teóricamente ajustado a la inflación, de manera artificial los salarios sin resolver el problema de fondo, lo único que va a propiciar es más inflación.

Toda la ciencia económica está de acuerdo en que la inflación tiene una raíz monetaria, y nadie puede negar eso, pero también tiene un componente microeconómico, así como de expectativas razonables. Entonces, cuando los proponentes de la Ley dicen que no importa que la indexación produzca un crecimiento de los ceros a la derecha en los valores de los transacciones, están reconociendo que su objetivo es correr contra la inflación, no detenerla.

La historia demuestra que esa carrera siempre la ganan los precios. Entonces, si el ajuste monetario no va acompañado de una estrategia que enfrente la recesión económica y coloque más bienes y servicios en el mercado, de manera que surjan equilibrios de mercado, los cuales, a su vez, van a generar expectativas positivas de estabilidad de largo plazo, ni la indexación ni cualquier otro remedio de corto plazo va a funcionar.

Ya vimos el intento de indexar el salario mínimo a Petro. ¿Y dónde está el salario mínimo? ¿En los 30 dólares que prometió el Ejecutivo o en menos de 1 dólar? De hecho, el salario mínimo como herramienta de política ya dejó de existir en Venezuela.

La indexación es una técnica que en economía puede aplicarse por plazos determinados y fines específicos, como a la definición de contratos de largo plazo. En Venezuela, las tasas de interés bancarias están indexadas, a través de Índice de Inversión, a la variación del dólar, pero eso obedece a una particularidad financiera específica y, además, va en función de una progresiva dolarización de los flujos de caja de las empresas en el país.

Los proponentes de la norma caen, además, en una contradicción evidente: ¿Cómo un país cuyos ingresos en divisas han caído de manera dramática, entre otras razones, por las sanciones de Estados Unidos va a indexar salarios, pensiones y presupuesto público? ¿Con qué respaldo se van a emitir los bolívares que se necesitarán para equiparar esos valores a la inflación?

En el Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados de esta semana la Nota Editorial analiza la propuesta parlamentaria de indexar los salarios, pensiones y el gasto público a un índice que preserve su valor. Hasta ahora, no hay especificaciones sobre cuál será el indicador de referencia, pero, en sí misma, la propuesta puede tener más perjuicios que beneficios.

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