Informe Especial | Llegó la hora de hablar de la privatización del petróleo venezolano

Parece que PDVSA se ha convertido en una especie de problema imposible para las autoridades que deben establecer su estrategia y gestionar su operación. En la semana pasada, la empresa estadounidense de servicios petroleros, Baker Hughes, reportó que en Venezuela no estuvo activa ninguna –léase bien, ninguna- unidad de perforación de pozos.

Básicamente, lo que esto significa es que la capacidad de producción de Venezuela no puede subir ni siquiera para reponer de los rendimientos perdidos, lo que condena a la industria petrolera a una situación de extrema vulnerabilidad, porque, a pesar que existe en el subsuelo un volumen de reservas estimado oficialmente en 302.000 millones de barriles (cifras de la OPEP/2018), el esfuerzo en perforación de yacimientos es nulo.

De acuerdo con los datos que manejamos en Aristimuño Herrera & Asociados, a través de distintos ejercicios de consulta de información interna y externa, la producción efectiva de PDVSA se ubicó en 325.000 barriles/día en promedio durante junio. Si nos vamos al reporte de Petróleo y otros Datos Estadísticos (PODE), que no se publica desde 2015, correspondiente a 1959, encontramos que este nivel de producción es casi el mismo de 1945, cuando la extracción llegó a 323.404 barriles diarios. En 1946, el bombeo de crudo subió a 388.479 b/d.

En la década de los ´90, el número de taladros superó, en promedio, 100 unidades, pero en 1960 había 386. Estos datos revelan, las dimensiones de la crisis de la industria petrolera, la cual no parece resolverse con frecuentes recambios gerenciales, cuyos resultados no cambian; siempre son malos.

Nuestra estimación de ingresos por exportaciones de crudo se ubica en alrededor de US$4.200 millones, pero es una proyección incierta, porque habrá que ajustarla en la medida en que los datos de producción y exportaciones –cada vez más complicadas por la persistencia de las sanciones estadounidenses- se vayan conociendo.

Este es el problema estructural de la economía venezolana, y las consecuencias de esta crisis tienen dimensiones de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, lo que podemos ver es un escenario de reconfinamiento, por la escalada de casos de Covid-19, que coloque al sector privado en una posición aún más complicada, si cabe, con un gobierno que no sido capaz de prestar ningún apoyo efectivo.

Sería extenso hablar de problemas de recuperación de la economía o de reestructuración de la deuda, pero el solo restablecimiento de la industria petrolera para llevarla a una producción de 2.500.000 barriles diarios, en promedio, puede requerir entre 100.000 y 120.000 millones de dólares, según diversos cálculos, cifra que se reduce a un mínimo de 45.000 millones para restablecer un nivel de producción de 1.000.000 de b/d.

No cabe duda que es indispensable repensar completamente el modelo petrolero. Se imponen medidas radicales, que incluso conduzcan a una privatización amplia de la actividad, incluyendo a la propia PDVSA, cuyos mecanismos de capitalización lucen claramente complicados.

En el Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados de esta semana realizamos una aproximación analítica a la situación de la industria petrolera y se llega a la conclusión de que es indispensable replantearse la industria en su conjunto, comenzando por el mismísimo monopolio estatal, más allá de alianzas particulares con empresas privadas. Se trata de reorganizar la industria a partir de un nuevo enfoque abierto estructuralmente al sector privado.

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