Informe Especial | Nuevas sanciones estadounidenses traen más riesgo e incertidumbre

El gobierno de Estados Unidos aprobó una nueva Orden Ejecutiva (OE) que incrementa y agrava las sanciones que pesan sobre el Estado venezolano, básicamente en dos sentidos. Por un lado, congela los movimientos financieros con activos de la República ubicados en territorio estadounidense, y, por otro lado, hace objeto de sanciones financieras y personales a individuos y empresas, estadounidenses, venezolanas y de otras jurisdicciones (siempre que estas tengan activos en territorio de Estados Unidos) que hagan negocios con empresas e instituciones de la República Bolivariana de Venezuela.

En teoría, no se está ejecutando un embargo que afecta a toda la economía venezolana y, más aún, la OE contempla exenciones para la importación de alimentos, medicinas e insumos y equipos indispensables para no “agravar” la “crisis humanitaria” que vive Venezuela, lo que supone que, incluso el gobierno del presidente Nicolás Maduro podría seguir importando estos bienes de primera necesidad.

Sin embargo, la práctica es otra cosa. En principio, porque la presencia del sector público, más allá de la crisis que lo afecta, es determinante en la economía venezolana y en realidad son pocas las empresas privadas que no tienen relación directa o indirecta con alguna entidad del Estado.

De manera que, al ampliar las sanciones, a la totalidad de las empresas e instituciones públicas, se está elevando el riesgo que corren las compañías privadas. Por ejemplo, ¿cómo quedan los proveedores nacionales y extranjeros de la Corporación Venezolana de Guayana? Este conglomerado estatal no estaba sometido a sanción específica alguna.

En este mismo sentido, habrá impactos negativos difíciles de cuantificar, por ahora, en mercados tan importantes como el cambiario, ya que por el posible “sobre cumplimiento” –over compliance-  de las normas de riesgo financiero por parte de bancos extranjeros, temerosos de ser sancionados en Estados Unidos, se pueden hacer más difíciles las transferencias internacionales de fondos y se puede reducir el número de entidades corresponsales de la banca privada nacional.

En el ámbito financiero se deben extremar las precauciones con el manejo apropiado de las transacciones, resguardar el adecuado cumplimiento de las normas y requisitos, ya que la intención de estas sanciones es, evidentemente, hacer patente, por parte del gobierno de Estados Unidos, la intención de lograr una solución rápida y expedita al conflicto político en Venezuela.

La primera sugerencia es leer la Orden Ejecutiva y consultar con el equipo de asesoría jurídica y profesional del Derecho en el que se tenga confianza, y con conocimiento de las regulaciones que aplican al comercio internacional, sobre la eventualidad de cualquier impacto que pudiera tener este cuerpo de sanciones sobre su negocio.

Por supuesto que esta escalada de las sanciones estadounidenses contra el gobierno de Venezuela tendrá consecuencias negativas para el país. Un informe reciente de una agencia especializada señala que, solo en este mes de agosto, 94% de las exportaciones petroleras es potencialmente objeto de sanciones.

El Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados analiza los impactos, especialmente los financieros, de las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro.

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