Informe Especial | Política económica: ¿Apertura o Resiliencia?

Una visión realista del escenario político-institucional venezolano prevé una situación de estabilidad relativa en el corto y, probablemente, mediano plazo. La posibilidad de que se produzcan conflictos sociales importantes es alta, pero el gobierno del presidente Nicolás Maduro parece tener un control claro del país y las instituciones que deciden y son acatadas responden a su liderazgo político.

En consecuencia, conviene ver claramente qué curso estamos esperando, conceptualmente, en materia económica. ¿Estamos ante un cambio de visión de los actores en lo interno del grupo que dirige la conducción del estado, o en realidad estamos ante un ejercicio de resiliencia ante una circunstancia muy adversa?

En las últimas dos décadas, el chavismo ha demostrado una clara capacidad de adaptación a las diferentes circunstancias que le ha tocado enfrentar. Esa ha sido una de las claves de su permanencia en el poder junto con otra que no conviene olvidar: el foco en el logro de sus objetivos estratégicos.

Como resultado de unas políticas concentradas en conseguir el control del país y consolidar una hegemonía política, la economía ha sufrido consecuencias graves, no sorpresivas, pero sí muy dolorosas. Con las sanciones de Estados Unidos, sobre todo a la industria petrolera, el chavismo perdió el control sobre la economía y, ante la agudización del conflicto político, la prioridad no estuvo en enfrentar la crisis generada por las políticas de dos décadas y agravada por las sanciones, sino en la conservación del poder.

Ahora, con la instalación de una Asamblea Nacional cuya mayoría refuerza el control político interno, entramos en otra etapa, la cual será compleja y, posiblemente, llena de movimientos contradictorios en términos de estrategia hacia la economía.

Por un lado, el chavismo buscará recuperar el control efectivo de la economía y para ello tendrá que poner diques al proceso de dolarización. Pero, por el otro, no puede detener la reforma monetaria que el país ha generado desde sus propias bases, debido a que no cuenta con la capacidad financiera de irrigar con renta propia en divisas el funcionamiento de la actividad productiva.

Muy por el contrario, en nuestra opinión vendrá un período de decisiones gubernamentales que buscarán, como primer objetivo, capturar una porción importante de las divisas que circulan en el país, bien por vía impositiva o a través de la adopción de medios de pago que supongan una mayor transferencia de dólares, por medio de transacciones comerciales, de actores privados al Banco Central de Venezuela (BCV), lo cual tendrá incidencia en la tasa de cambio.

No parece probable que, en el corto plazo, se produzcan graves retrocesos en materia de liberalización del funcionamiento de la economía, pero tampoco es posible esperar grandes avances en esta materia.

Observamos un claro interés en dinamizar el mercado de valores, incluso a través de la promoción de actores emergentes como la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela (BDVE). El objetivo es permitir que fondos internacionales inviertan en activos locales, con el fin de generar más demanda en el mercado de renta fija, una vía con la que el gobierno pretende compensar -aunque no parece que sea posible- la continuación de su estrategia de restricción del crédito bancario.

No parece existir un debate muy complicado sobre la orientación de la economía, en el seno del ejecutivo nacional; por el contrario, la información que recibimos es que hay acuerdos fundamentales para la gestión del corto plazo, que se irán ajustando y alineando con los objetivos estratégicos de la revolución en la medida en que sea posible.

En el Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados de esta semana se analiza si la política económica que perfila la administración de Nicolás Maduro debe ser entendida como un verdadero y confiable cambio de rumbo, o como un ejercicio de adaptación a la crisis y a la pérdida de control sobre la economía que se deriva de la precariedad financiera del gobierno.

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