Informe Especial | ¿Qué hacer ante la inexistencia de un plan coherente para enfrentar la crisis?
Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia el contagio del coronavirus Covid-19, hemos visto como muchos países y organismos multilaterales han desarrollado programas de ayuda para tratar de mitigar los severos impactos económicos que esta emergencia sanitaria global puede provocar y, de hecho, ya está causando en todas las naciones.
Venezuela, que ya venía arrastrando una depresión económica de seis años con más de dos de hiperinflación, enfrenta esta crisis en condiciones de extrema vulnerabilidad, en las cuales no hay que insistir, porque todos estamos conscientes de ellas; sin embargo, conviene detenerse en dos:
– La situación de tejido empresarial productivo nunca ha sido tan mala. Sin tomar en cuenta los efectos del Covid-19, ya estimábamos una caída del PIB de alrededor de 5% para el cierre de 2020, que se acumula a una contracción de 65% en cinco años; es decir, que nuestra economía privada sobreviviente estaba ya severamente amenazada. De hecho, el sector industrial reportaba una utilización de capacidad instalada de 16% y el sector construcción, por solo citar dos casos entre muchos posibles, está en niveles de operación de 8% o 10% de capacidad.
– Por otro lado, la situación fiscal del país no puede ser más alarmante. La producción petrolera más reciente que se conoce promedia unos 650.000 barriles diarios y la cotización del barril de la cesta venezolana es de US$13,73, al cierre de esta semana. El panorama se complica, porque las sanciones estadounidenses han reducido las exportaciones y obligado a colocar barriles con fuertes descuentos que, según algunos datos que hemos obtenido, llevan la cotización efectiva a menos de US$10 por barril. En consecuencia, la única fuente de renta que podría ayudar a enfrentar esta crisis, sencillamente dejó de existir.
Si nos focalizamos en lo económico, lo que habría que pedir al gobierno nacional es un plan coherente y consistente para que el aparato empresarial productivo en pie gestione la crisis, que obviamente implicaría expansión monetaria y sacrificios fiscales, pero la pregunta es: ¿está en condiciones el ejecutivo nacional de enfrentar estos retos?
Entonces, en nuestra opinión hay que abordar esta situación con una alta dosis de realismo. Si hay expansión monetaria, esta será casi exclusivamente para alimentar planes sociales cada vez menos suficientes para enfrentar su demanda. No habrá recursos públicos importantes para asegurar, por ejemplo, financiamiento productivo en cantidades adecuadas.
Además, el gobierno sigue midiendo los impactos inflacionarios de cualquier estrategia expansiva, porque no es cualquier cosa que el precio del dólar paralelo haya subido más de 30% durante la cuarentena nacional, con más de 90% de la actividad económica en suspenso; por lo que vale preguntarse si una expansión monetaria elevada puede ser una solución, o un remedio peor que la enfermedad.
La esperanza estaba cifrada en una liberación amplia de encaje legal, contra los casi Bs.60 billones que la banca ya tiene inmovilizados en el Banco Central de Venezuela. Al final, la medida adoptada de imponer un encaje único de 93% revela que la prioridad no es hacer que la economía funcione, sino que resista, simplemente. Habrá crédito solo para sectores considerados estratégicos para atender la emergencia sanitaria y, obviamente, éste será además insuficiente.
Lo cierto es que, contando el “borrón y cuenta nueva” realizado con la desaparición del déficit por incumplimiento de encaje legal existente al 1 de abril, el “alivio” de liquidez para la banca es poco sustantivo (habría que revisar la situación de cada banco para tener una estimación más concreta), de manera que esta decisión tiene un impacto relativamente bajo.
Además, hay que establecer que la directiva gubernamental de reestructurar los créditos comerciales vigentes es también un desestímulo para que la banca cumpla algún papel relevante como palanca de capital en esta coyuntura, cuya duración es una angustiante incógnita.
Por lo tanto, las demandas de los gremios privados –todas justas y las cuales respaldamos plenamente- se enfrentan a un cuadro que jamás habríamos esperado ver en Venezuela: un gobierno con una extremadamente limitada capacidad de acción, especialmente en el ámbito financiero, para enfrentar la crisis.
En consecuencia, las empresas deben evaluar con urgencia un plan de gestión de riesgos, que implique tomar decisiones, que continuarán siendo duras, en general, para asegurar la continuidad de los negocios al final de esta situación de emergencia.
En el Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados de esta semana hacemos un ejercicio de acercamiento crítico a las medidas tomadas por el ejecutivo nacional para enfrentar la emergencia nacional planteada por la pandemia de Covid-19, y planteamos una hoja de ruta para que las empresas elaboren estrategias concretas de supervivencia.
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