Informe Especial | ¿Tiene sentido tratar de enfrentar a la dolarización?

Tal como lo habíamos anticipado, los precios del dólar han traspasado la barrera del millón de bolívares y estamos revisando escenarios para ajustar nuestras proyecciones de fin de año que, por ahora, se mantienen con un umbral máximo de 1.441.863 bolívares por dólar.

En nuestro criterio, la posición asumida por el gobierno de negarse a formalizar un esquema monetario multimoneda, que permita a la banca y a las empresas transar dólares con productos seguros y bien regulados, es un error que va a ser muy costoso en términos de inflación y devaluación.

No estamos en la posición de decretar que Venezuela debe olvidarse de su moneda histórica, el bolívar, y no proponerse seriamente una estrategia para rescatar la confianza que una vez la sociedad le tuvo; sin embargo, no es obligando a un mayor uso y expandiendo su circulación como se va a conseguir ese objetivo.

La aplicación de un impuesto a las transacciones en divisas, especialmente las de compra y venta en las mesas cambiarias que, en nuestra opinión podría estar entre 2,5% y 3% del monto de cada operación, aunque también se maneja la posibilidad de establecer tasas diferenciadas según el monto, no va a hacer otra cosa que generar mayores presiones alcistas y expectativas negativas en torno a la posibilidad de usar el signo monetario estadounidense como medio de pago.

Estimamos que Venezuela puede terminar el año contabilizando la recepción de entre 1.400 y 1.600 millones de dólares en remesas que, si bien son montos que reflejan una reducción estimada de 54% en comparación con 2019, vista la situación económica crítica del país y la contracción de nuestro Producto Interno Bruto (PIB) no podemos darnos el lujo de aplicarles impuestos y trabas para la circulación en la economía nacional.

Aunque el gobierno parece haber conseguido vías para reactivar sus exportaciones petroleras, no parece posible regresar a un esquema en el cual el Banco Central de Venezuela (BCV) tenga en el corto, e incluso mediano plazo, la capacidad de iniciar un proceso de revaluación real del bolívar, el cual necesitaría, como requisito indispensable, un fuerte apoyo financiero externo para equilibrar la balanza de pagos y fortalecer las reservas internacionales.

En consecuencia, lo que vemos es un ejecutivo movido por fines fiscalistas que ha decidido sacar partido con un impuesto en moneda dura a la dolarización transaccional de la economía, aunque ello signifique mayores costos para la población.

La devaluación indetenible del bolívar y la hiperinflación son síntomas de una enfermedad profunda y crónica de nuestra economía que no se ha podido atacar y que, en la primera década del siglo, se agravó, debido a políticas que, en lugar de curarla, agudizaron algunos de sus elementos más perversos.

Algunos llaman a ese mal rentismo, pero, en realidad, a nuestro juicio, es una combinación de baja productividad económica, expansión fiscal incontrolada, desorden monetario crónico y, muy especialmente, una larga historia de desincentivos a la inversión que es una de las mayores carencias de nuestra economía.

En el Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados de esta semana la nota editorial analiza los escenarios cambiarios a partir de lo que parece ser la decisión gubernamental de contener el avance de la dolarización transaccional en el país. La pregunta es: ¿habrá un esfuerzo regulatorio para tratar de revertir este fenómeno? Si es así, entonces cabe cuestionarse sobre qué impactos tendría una reimposición del bolívar, sin antes haber hecho nada para restituirle sus atributos y credibilidad.

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