Informe Especial | Un reto clave: recuperar el valor del trabajo

El gobierno del presidente Nicolás Maduro cumplió con el rito constitucional de entregar su Memoria y Cuenta correspondiente a 2020 ante la Asamblea Nacional, donde ahora cuenta con una mayoría más que absoluta.

En ese contexto, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, hizo referencia a que, desde 1999, se han aprobado 53 aumentos del salario mínimo y, cuando redactamos esta nota, el ingreso mínimo en el país es equivalente a 0,66 dólares mensuales, por debajo de cualquier indicador recomendable en el mundo.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha instado al gobierno a rescatar el diálogo tripartito con empresarios y sindicalismo organizados para trazar una nueva estrategia que contribuya a generar una mejora real de los ingresos de los venezolanos; sin embargo, esa recomendación básica no ha sido escuchada.

Y no es que los salarios no se hayan ajustado en Venezuela; de hecho, el salario mínimo es una referencia inútil, porque los empresarios entienden que es necesario restablecer el poder de compra de las remuneraciones para recuperar el consumo, un elemento fundamental para iniciar un proceso de recuperación económica.

Desde nuestra perspectiva es un tema clave, porque el deterioro del salario ha sido una de las causas de la migración masiva de trabajadores a la economía informal, que se ha convertido en una alternativa frente a empleos formales que no remuneran adecuadamente, pero también ha servido para aminorar los efectos de un desempleo creciente.

Voceros del ejecutivo nacional indican que este año habrá una recuperación efectiva del salario. La promesa es, de entrada, vacía si este tema no se incorpora al proceso de diálogo con la empresa privada y no se incluye a la representación organizada del sector laboral.

La estrategia de entregar bonos constantes a millones de personas afiliadas al carnet de la patria, como única política de estímulo al consumo, se está demostrando tan ineficaz como seguir aumentando periódicamente el salario mínimo.

En menos de dos meses, el ingreso básico de Bs.1.200.000, para los funcionarios públicos, se hizo equivalente a menos de 1 dólar; de hecho, cuando este monto se fijó de manera extraoficial era equivalente a solo 3 dólares, cuando los incrementos anteriores se ubicaban en un promedio de 8 dólares.

Es el sector privado el que ha asumido los costos de intentar mantener sus nóminas con niveles de compensación más acordes con la realidad inflacionaria del país, aunque quedan déficits importantes en materia de cobertura de los gastos esenciales.

Resulta muy importante abordar con urgencia una revisión del marco normativo del trabajo, en función de suprimir normas asfixiantes e ineficaces, como la inamovilidad laboral o las trabas para la reestructuración de nóminas, así como para ajustar las operaciones empresariales.

Esta revisión debe dar las libertades necesarias para que la negociación entre empresas y trabajadores sea adecuada y justa, en el contexto del sector donde la organización opere y sus disponibilidades financieras, así como con las competencias, habilidades y expectativas del empleado.

En el Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados de esta semana se comenta el proceso de diálogo que apenas se inicia entre el parlamento (con el pleno aval del gobierno) y el gremio cúpula del empresariado, fijando la perspectiva en su impacto sobre la economía, especialmente en el corto plazo.

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