Informe Especial | Zonas Económicas Especiales: ¿la panacea para salir de la recesión?

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) representan otro experimento de política económica de los muchos que se han intentado en las últimas dos décadas; sin embargo, hay que reconocer que existe una experiencia internacional importante que indica que se trata de un modelo que puede ser eficiente para atraer inversiones e impulsar la producción local.

En la actualidad se desarrolla un debate sobre sus características particulares. Los empresarios esperan que se impulse la producción en el país y se instituyan beneficios fiscales, libre importación de insumos no suficientemente producidos en el país con exoneraciones, y un régimen que garantice la propiedad y la libre gestión de los negocios.

Ello significaría, por ejemplo, que normas como la Ley de Precios Justos no debería tener cabida, así como una larga lista de regulaciones que pretenden encarrilar la formación y establecimiento de precios en los diferentes eslabones de las cadenas de negocios.

Sobre este tema, el gobierno maneja un no tan velado doble discurso. Si uno escucha al diputado y exgobernador José Gregorio Vielma Mora aprecia un claro discurso aperturista casi sin matices. Si se atiende al discurso del diputado Jesús Faría, se nota el claro acento en la “dirección del Estado” en el proceso de constitución y posterior funcionamiento de las ZEE.

Este modelo de zonas abiertas para la constitución de empresas y para la circulación de capitales nacionales y foráneos, tiene muchas expresiones concretas, como las zonas francas, parques industriales, zonas de libre comercio, parques tecnológicos, las cuales pueden analizarse por sus resultados en China, Bangladesh, Vietnam, Camboya, India, Colombia, República Dominicana o México.

Sin embargo, en el caso venezolano conviene revisar algunos elementos preocupantes que deberían plantearse:

El primero es que estas Zonas Económicas Especiales funcionen bajo el amparo de la Ley Antibloqueo, lo que supone un amplio margen de discrecionalidad para el gobierno, en función de determinar quiénes entran y cómo se estructurarán los negocios en esos espacios.

Estas ZEE solo podrían ser exitosas si la Ley garantiza transparencia y apertura al capital nacional e internacional en condiciones justas y claras, de manera que los beneficios fiscales o de cualquier otro género que se otorguen a los inversionistas no obedezcan a pactos secretamente acordados, sino que se correspondan con un marco jurídico e institucional válido para todos y suficientemente conocido.

Otro elemento que genera, por lo menos, dudas es el papel del capital privado nacional en ese modelo, algo que debería ser objeto de un capítulo específico en la norma, de manera que empresas nacionales sean actores relevantes, a través de alianzas promovidas y reguladas con compañías internacionales, en función que haya transferencia de tecnología y aprendizaje administrativo.

Un análisis de The Economist sostiene que “los incentivos ofrecidos se traducen en ingresos fiscales a los que se renuncia a corto plazo, crean distorsiones dentro de las economías y estudiosos proponen que una liberación a nivel nacional resulta mejor.  También existe el riesgo de ocurrencia de lavado de activos mediante la manipulación de facturas de exportaciones”.

Y añade que: “ofrecer solamente incentivos fiscales puede hacer que una zona en particular se ponga en marcha, pero no garantiza un proyecto duradero: las zonas más exitosas están entrelazadas con la economía doméstica. Tener acceso a mercados globales y una infraestructura adecuada para este propósito tiene un impacto mayor que las exenciones de impuestos.  En África, por ejemplo, la falta de estas inversiones, de un suministro eléctrico confiable y la distancia respecto a los puertos ha sido la causa del fracaso de muchas zonas económicas especiales”.

En el Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados de esta semana se comenta la adopción del modelo de Zonas Económicas Especiales como esquema para reactivar la economía. Son muchas las dudas que se mantienen, a pesar que el parlamento ha abierto un debate donde algunos sectores empresariales están participando.

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