Informe | ¿Está despertando el fantasma de la inseguridad jurídica y regulatoria?

Sorpresivamente, la Superintendencia de Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) publicó una lista de precios máximos de venta al consumidor de 42 productos alimenticios, considerados prioritarios en la dieta del venezolano.

Menos de 24 horas después, cuando comenzaban a multiplicarse las críticas desde diversos sectores, la lista desapareció de las redes sociales del organismo, por lo que menudearon las teorías. Varios días después, el presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, Jesús Faría, confirmó que, efectivamente, habrá un sistema de precios máximos regulados para más de 40 productos.

Es conocido que en la estructura política que respalda al Ejecutivo Nacional existen diferencias sobre la orientación de la política económica y, ante la evidencia de que la estrategia de control monetario e intervención cambiaria, que gestiona el Banco Central de Venezuela (BCV), se ha debilitado, una vuelta al control de precios parece surgir como una opción necesaria y complementaria, al menos para un grupo de productos de primera necesidad.

Sin embargo, lo que hemos visto como comportamiento de los precios, tanto en los mercados de productos y servicios, así como en el escenario cambiario, no sorprende. Se esperaba que en el último trimestre del año se aceleraran la inflación y las cotizaciones del dólar.

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Lo preocupante, en consecuencia, es que las variaciones han sobrepasado los máximos proyectados por la mayoría de los analistas, sobre todo en el mercado paralelo, cuya oferta de divisas parece especialmente golpeada por diversos factores, entre los que destacan la crisis de las criptomonedas y retrasos en las operaciones de acceso a divisas.

El presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, sostiene que cuando el organismo cúpula del empresariado va al exterior para promover el potencial de la economía venezolana ante posibles inversionistas, surgen dos temores fundamentales: el impacto de las sanciones internacionales contra instituciones del país y el temor a que el Gobierno retome políticas de control.

Así que establecer listas de precios controlados no solo causa los resultados ya sobradamente vistos y experimentados durante años en el país, como mayor inflación y escasez, sino que hace más difícil la captación de inversiones foráneas, porque despierta el fantasma de la inseguridad jurídica.

Y este no es un asunto menor. Recientemente, se informó –por solo citar un ejemplo- que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) puso como una condición crítica en las reuniones que ha sostenido con las autoridades del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), para reactivar las operaciones internacionales, la garantía expresa de la repatriación de ingresos y dividendos para las líneas aéreas.

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Hay que recordar que la salida de líneas aéreas se produjo, porque no podían repatriar sus dividendos por el estricto control de cambio y, cuando ya era tarde, se les propuso a las que quedaban un reintegro parcial a cambio de un porcentaje de reinversión obligatoria.

Los controles han constituido la política económica más perniciosa en lo que va de siglo, cuando ya hemos padecido la más larga recesión económica de nuestra historia contemporánea y un período de hiperinflación que fulminó estructuralmente (prácticamente) a todas las áreas de nuestra economía, todavía hay sectores como la Construcción y parte de la Manufactura que aún no se recuperan. La pandemia de covid-19 fue un elemento que, sin duda, agravó el cuadro crítico.

Hemos dicho que lo procedente es profundizar las reformas necesarias con una orientación favorable al mercado. Todavía nuestra economía tiene graves vulnerabilidades, la recuperación es inestable, mantenemos elevados niveles de pobreza, el consumo sigue siendo muy bajo, y los salarios siguen tremendamente deteriorados, a pesar de los esfuerzos del sector privado.

En el Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados presentó en su más reciente edición un análisis sobre el fantasma de la inseguridad jurídica y regulatoria, igualmente realizó un estudio sobre la necesidad imperiosa de las empresas de crear valor centradas en el cliente, así como una nota gerencial sobre los fundamentos microeconómicos que deben aplicarse en las compañías venezolanas en esta compleja etapa de la economía.

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