Informe | Reforma del Impuesto a Grandes Transacciones Financieras: ¿es un arma eficaz contra la dolarización?

La Asamblea Nacional discute una reforma a la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) que está causando una preocupación justificada entre las empresas y los llamados contribuyentes especiales, porque eleva considerablemente la presión tributaria, al pechar las operaciones con divisas y criptomonedas no emitidas por las autoridades nacionales, «con una tasa que va desde el 2% al 20%, arrancando en 2,5% para toda transacción en divisas o en moneda extranjera, hasta tanto el Ejecutivo Nacional establezca una alícuota distinta», según indica la Exposición de Motivos que ha trascendido del proyecto ya aprobado en primera discusión.

La justificación del gobierno es que las operaciones en divisas deben ser gravadas al menos en los mismos términos que las transacciones en bolívares, en función de desestimular el intercambio de monedas extranjeras, uno de los objetivos confesos de la estrategia económica del Ejecutivo Nacional para el presente año.

En el documento citado se señala que el IGTF aporta alrededor de 13 % de la tributación interna y «si se considera que hoy en día existen actividades altamente concentradas en pagos en dólares en efectivo, en grandes negocios que hoy representan una parte importante de la recaudación tributaria, se puede considerar que en un escenario medio la reforma -una vez implementada- podría permitir un incremento de la recaudación de alrededor del 5,4% del total».

Además de pasar a representar 18,4 % de la tributación interna, la reforma también permitirá, como bono adicional, «tener más información para el sistema tributario de las transacciones económicas», lo que podría derivar en una mayor recaudación.

La Exposición de Motivos aclara que esta modificación solo generará «impuesto adicional» sobre las operaciones que sean exclusivas en divisas dentro del sistema bancario nacional, y a las transacciones en moneda extranjera fuera del sistema financiero nacional con grandes contribuyentes.

Sin embargo, hay que señalar que entrar en la categoría de Sujetos Pasivos Especiales no implica precisamente formar parte de una elite, sino que, por su definición, puede alcanzar a un número considerable de contribuyentes con rentas modestas, lo que genera un escenario muy complejo en una economía fuertemente dolarizada.

Esta reforma no es para nada sorprendente, pues hacía tiempo que se había anunciado la intención de hacerla, pero la gran duda es si se está concretando en el momento y contexto oportunos, porque para que se produzca un mínimo de recuperación económica en 2022 es indispensable abrir un mayor espacio a las inversiones en producción y consumo en el país.

Es pertinente señalar que el escenario en el que se moverán las empresas este año no es precisamente un «jardín de rosas», sino un entorno altamente complejo, con mayor inflación en el resto del mundo, un encarecimiento de las importaciones como resultado de los problemas existentes con las cadenas de suministros más el impacto de la pandemia de covid-19 que está ocasionando una ola muy elevada de contagios que, muy posiblemente, impacte los resultados de las mayores economías mundiales en, por lo menos, el primer cuatrimestre del año.

Se puede entender que el gobierno tenga necesidades de gasto que requieren una mayor contribución fiscal, pero no es el momento para intentar este tipo de ajustes, más aún cuando se supone que solo por el aumento de la producción petrolera en un contexto de precios relativamente elevados -siempre hay que recordar, no obstante, que el crudo venezolano es de inferior valor por ser comercialmente menos demandado- los ingresos deben mejorar de manera importante.

De hecho, nuestros escenarios preliminares indican que, en un supuesto conservador, la facturación petrolera debe ubicarse entre 9.000 y 12.000 millones de dólares al cierre de este año.

El otro elemento a debatir es si tiene sentido plantearse una batalla contra la dolarización de facto de la economía, por la vía de castigar las grandes transacciones. La respuesta lógica es que lo más sano es hacer las reformas necesarias para que se reinstale la confianza y la credibilidad en el bolívar para que, en un entorno de libre convertibilidad, nuestro signo monetario vaya recuperando los espacios perdidos, sin afectar las inversiones ni el consumo.

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