Informe | urge pactar una nueva normalidad segura 'a la venezolana'

El gobierno parece haber tomado la decisión de modificar, por la vía de los hechos, el esquema denominado 7+7 para la actividad económica controlada, en función de prevenir una mayor expansión de la pandemia de covid-19.

El gran ensayo serán los próximos dos meses, cuando, además, se realizarán los comicios para elegir gobernadores, alcaldes, además de legisladores regionales y municipales, por lo que la campaña electoral también servirá de incentivo para una mayor movilización de personas.

Sin embargo, voces de alarma no desdeñables, como las academias científicas y los gremios de la salud, han puesto como condición para avalar este proceso de mayor flexibilización el avance certificable y suficiente del proceso de vacunación, un elemento clave para impedir una diseminación no controlada del coronavirus, especialmente en un contexto de precariedad sanitaria.

Evidentemente, respaldamos a los gremios de la economía que, de manera consensuada demandan que se abra la economía a mayores niveles de actividad, equiparables con una situación de “normalidad”; sin embargo, hay que hacer un llamado claro a la responsabilidad de todos y no dejar de escuchar las advertencias del personal sanitario.

Basta salir a las calles, incluso en semanas de cuarentena “radical”, para saber que el “7+7” no funciona, ya que la inmensa mayoría de las personas no cuentan con los ingresos suficientes para confinarse una semana sin salir a trabajar. También es evidente que no todo el comercio respeta las normas de aforo, de manera que –en el entendido de que la pandemia puede prolongar su impacto por al menos un año más- es necesario que exista una discusión seria entre el gobierno y los agentes económicos para definir un nuevo modelo de prevención.

Ha surgido la iniciativa del semáforo de acceso, a través de una aplicación, que se va a probar en el sector restaurantes. Como herramienta puede resultar efectiva en una muy reducida escala, porque no todos los establecimientos pueden limitar el acceso. Ya se aclaró, por ejemplo, que los supermercados y otros comercios de bienes considerados esenciales estarán exentos de la aplicación.

Sin duda, este mecanismo se puede aplicar, además de en restaurantes, en otros lugares cerrados como salas de cine, teatros, eventos y espectáculos, así como en diferentes espacios de servicios, como tiendas; no obstante, no es una solución que sustituye “per se” a un esquema organizado de control de movilización que, junto con un plan de vacunación adecuado y certificable, conduzca a una reactivación de la economía pero en un contexto sanitario de control efectivo de la pandemia.

No tiene sentido ahondar en las variables que presionan la gestión de la diseminación de contagios de covid-19 en Venezuela, porque la crisis de servicios sanitarios es de todos conocida y, en medio de la precariedad financiera actual, incluso el sector privado tiene problemas para atender eficientemente la demanda de servicios.

En consecuencia, es necesario pensar en una “nueva normalidad a la venezolana” en la que las medidas que se adopten para agilizar la actividad económica generen una situación controlable, en medio de un inevitable impacto sanitario que debe ser manejado con una eficiente gestión pública del acceso a inmunización y tratamientos.

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