Las autoridades regulatorias y la dolarización

El 56,4% de las captaciones de la banca venezolana se registra en divisas. Estamos hablando de un volumen que fue equivalente a 739 millones de dólares en septiembre.

La velocidad con la que aumentan los depósitos en monedas distintas al bolívar supera, de hecho, de manera notable al crecimiento de las captaciones totales del sistema, como lo hemos señalado en una nota reciente publicada en Banca y Negocios.

Esta es expresión de una realidad concreta en la cual el desplazamiento del bolívar por otras denominaciones, básicamente el dólar, pero también por el euro y el peso colombiano en ciertas áreas del país, es ya una realidad económica que no admite más disimulo y las autoridades monetarias deben actuar en consecuencia.

Por lo pronto, no estamos abogando por la formalización de la dolarización, pero sí por una flexibilización de la capacidad de la banca para generar productos, debidamente regulados y autorizados por la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y el Banco Central de Venezuela (BCV), que permitan hacer un uso menos complicado de las divisas y agilizar las transacciones en la economía.

Las normas y regulaciones son esenciales para dar seguridad y certidumbre razonable a los mercados y a los individuos, de manera que, si tenemos un régimen cambiario que postula textualmente la libre convertibilidad de la moneda, es conveniente que las autoridades adopten una estrategia que permita que las personas operen con normalidad y eficiencia en este entorno multimoneda.

Es vital para la recuperación de la economía que exista un clima de confianza, con reglas claras y prudentes que sirvan de marco a una situación que se ha impuesto por la pérdida de credibilidad del bolívar y la crisis económica generalizada.

Sin embargo, nos preocupa que se promuevan iniciativas de negocio que no estén adecuadamente reguladas o que contravengan expresamente el ordenamiento jurídico, en función de brindar servicios nuevos –que no hay que negar que pueden resultar necesarios- sobre la base de que son operaciones no reguladas o no susceptibles de ser reguladas, como es el caso de los denominados cajeros “dolarizados”.

No tenemos la menor duda que la banca nacional puede asumir este servicio como una facilidad adicional a los tenedores de cuentas en divisas en el sistema financiero nacional, lo que además incentivarla la apertura de más cuentas en moneda extranjera.

Una iniciativa que se podría producir, por ejemplo, es que el anunciado proyecto “Naiguatá”, el suiche de pagos nacional que la Sudeban ha venido promoviendo, se reactive para permitir la compensación de pagos en bolívares, dólares y otras monedas en el mercado nacional.

En ese marco, la banca y los proveedores no bancarios de medios de pago habilitados por las autoridades podrían ofrecer productos y servicios con tecnología de punta para agilizar las transacciones en el mercado nacional.

Creemos que el gobierno no debería tener temor a perder el control de la política monetaria, por un mayor proceso de dolarización de nuestra economía.

La iniciativa empresarial es imparable, por lo que no se puede conculcar el surgimiento de herramientas tecnológicas convertidas en productos que busquen aprovechar la dolarización como oportunidad, y la banca tiene perfecto derecho a competir en esa materia, sobre todo en un momento financiero tan difícil para las instituciones que conforman el sistema.

Además, el hecho de que la banca y proveedores no bancarios autorizados tengan mayores posibilidades para gestionar pagos en dólares otorga mayor seguridad a las personas naturales y jurídicas, porque no estarían depositando sus recursos en entidades no reguladas o no claramente reguladas, y habría mecanismos de reclamo, además de garantías fiduciarias, que podrían adoptarse para proteger el interés de los depositantes en un entorno que no tiene por qué no ser competitivo.

La pelota está en el campo de las autoridades monetarias. Tal como lo dijimos en nuestra nota editorial de la semana pasada, la dolarización llegó para quedarse. La confianza en el bolívar no puede imponerse y, por lo tanto, un retroceso a posiciones restrictivas con este fenómeno no es prudente y puede ser tremendamente contraproducente para todos y para la economía.

Es importante, en consecuencia, que tanto el Banco Central de Venezuela y la Sudeban tomen nota del mensaje de la realidad y permitan una mayor transabilidad para las divisas que circulan en la economía.

Bajo ningún aspecto apoyamos la sustitución de nuestra moneda por el dólar, pero no podemos negar que la gestión económica del gobierno ha llevado al venezolano a buscar el mejor resguardo de su poder adquisitivo, lo que ha permitido, entre otras razones impulsar el proceso de dolarización en Venezuela. Recordemos que las causas son las razones de las consecuencias.

¿Qué esperar en lo económico para el cierre de año?

El año 2020 ha impactado a Venezuela de una forma más marcada que el resto de países de la región, esto aun considerando que el país mantiene desde el 2014 su tendencia negativa en el crecimiento económico, por tanto, su nivel de PIB es mucho más bajo y debería tener mayor resistencia estadística a seguir cayendo a tasas superiores a dos dígitos.

Vemos como Venezuela pasó, según nuestros estimados, a presentar unas perspectivas pre pandemia en 2020 de entre 0% de crecimiento y -5%, a una estimación actual de -24.6%, cuando en la región, los países más afectados, tienen perspectivas de caída en su PIB hasta un máximo de -10%.

La razón de estos desbalances es que el resto de países ha podido activar niveladores fiscales y de estímulos mucho más potentes de lo que ha podido hacer Venezuela, con un Gobierno que prácticamente no ha aplicado ninguna medida de impacto de cara a la crisis actual para promover dinamismo en consumo, expansión de crédito, ayudas sociales, búsqueda de financiamiento con multilaterales, entre otras.

La razón de lo anterior es relativamente sencilla de explicar. Según nuestras estimaciones, al revisar la actividad externa de Venezuela (base de caja) debido a los acuerdos petroleros que implican exportaciones petroleras que no generan entradas (exportaciones prepagadas), los ingresos petroleros (caja) de Septiembre fueron, US$ 0 MM, con ingresos petroleros brutos (sin descontar acuerdos petroleros con Cuba, China, Rusia y Petrocaribe), estimados en US$ 400MM para el cierre de septiembre. Esto dibuja un panorama muy claro de la situación fiscal del Gobierno y que prácticamente no cuenta con recursos para promover ningún tipo de estímulo, por lo que la recuperación depende más del dinamismo propio del sector privado y su capacidad de responder y readaptarse a esta crisis.

En este sentido, ya prácticamente gestionando la planificación de cierre de año, vale la pregunta de qué esperar durante los meses de noviembre y diciembre en las principales variables económicas a las cuales hacemos seguimiento:

*Tipo de cambio: las estimaciones recientes de la unidad de presupuesto de PDVSA, ubican el tipo en Bs.1.235.920 por dólar al cierre de enero 2021. Esto va en sintonía con nuestra proyección ya para el cierre de este año 2020, en el cual proyectamos un tipo de cambio en diciembre en Bs/$ 1.074.157.

La presión cambiaria que anticipamos durante noviembre y diciembre, viene caracterizada por el ciclo estacional que afecta el marcador, con mayor impulso de consumo ante las fechas decembrinas, anticipamos de igual forma mayor expansión de liquidez en noviembre como consecuencia del evento electoral de diciembre, así como estamos observando que la demanda de crédito en el mes de octubre, está siendo dirigida en poco más de 50%, a pagos a proveedores para compra de mercancía para las fechas de noviembre y diciembre, lo cual, nos da un indicador anticipado de lo que esperan las empresas de ciertos sectores en relación a sus ventas para el cierre del 2020.

Será clave así como hemos reiterado en oportunidades anteriores, centrarse en el ciclo de conversión de efectivo. De los tres elementos del capital de trabajo de la cadena de suministro (cuentas por pagar, cuentas por cobrar e inventario), existe la tendencia actual a centrarse en los inventarios. Pero, es importante aplicar un enfoque coordinado que aborde los tres elementos a fin de minimizar las exigencias del capital de trabajo en tiempos difíciles.

*Inflación: dado que nuestras estimaciones arrojan mayor presión cambiaria durante noviembre y diciembre, esto va a implicar un efecto transferencia (impacto de la variación de tipo de cambio a los precios) mucho mayor en lo que resta de año. Según nuestros cálculos, hasta el cierre de septiembre, la inflación semanal en Venezuela es de un 6%, contra 11,5% que mostraba en el mismo periodo del año 2019. Para noviembre y diciembre estimamos que la inflación se mantenga levemente por encima del 30% mes, por lo que el cierre de año debe estar ubicándose en 2.452%, contra 9.585% que mostró la expansión de precios en 2019.

*Consumo: lo que hemos visto hasta ahora, es que los ciclos de caja son más volátiles en este contexto, en los cuales hay mayores picos de ventas atados a la liberación (7+7) y ciclos de confinamiento, en los cuales veremos una semana con mayores niveles de consumo y otra semana con mayor ralentización de ventas para diversos sectores. Esto genera una volatilidad adicional en la gestión del flujo de caja en relación a los meses previos a la pandemia.

Ahora estamos viendo una fase adicional de liberación de la economía, en la cual se integran sectores que anteriormente mantenían cerradas sus puertas y tenían prácticamente cero actividad reportada desde marzo de este año. Anticipamos que el Gobierno puede inclinarse hacia el cierre de año en promover aún más flexibilidad a la economía ante el evento electoral, migrando a un escenario de 15+7 y luego flexibilizar aún más para la segunda semana de diciembre.

Estimamos que el consumo puede tener un mejor comportamiento para estos dos últimos meses del año, esto a pesar de un contexto mucho más agravado de actividad económica. En este sentido es muy importante reforzar la política de precios para estos meses, para hacer equilibrio en el margen financiero entre volumen de ventas y precios finales, evaluando la elasticidad de demanda de los productos que son parte de la oferta de bienes y servicios de las empresas.

*Combustible: en base a información interna que manejamos, las reservas de gasoil en Venezuela son de hasta 6 meses para abastecer la demanda interna. Por ello, parte de la flota de empresas a las cuales prestamos asesoría, han renovado sus vehículos de motores de gasolina a Diésel para mantener la continuidad de las cadenas de distribución y operación.

Por el lado del suministro de gasolina, las refinerías internas siguen con elevada volatilidad de producción, por lo que no hay capacidad actual de abastecer el mercado local solo con oferta interna. Para el resto del año seguiremos en un esquema muy similar al actual, dependiente de los envíos iraníes de combustible para mantener cierta estabilidad en el suministro interno, con serias dispersiones en la oferta hacia el interior del país, siendo privilegiada la oferta hacia Caracas.

Banca y crédito: la decisión reciente por parte del BCV de prohibir la compensación en dólares a través de las cuentas de libre convertibilidad, emite una señal muy clara del Gobierno: no se quiere avanzar a una dolarización total y formal en el país. Si esta medida seguía su curso y la banca podía realizar compensación en dólares, el BCV perdía la poca articulación monetaria que le queda, ya que en la actualidad la circulación de divisas en Venezuela supera la circulación de M2 en bolívares.

Esto deja otro punto en la mesa, y es que si el Gobierno no quiere avanzar más en la fase de dolarización informal actual, tendrá que tomar medidas sobre el sistema financiero en relación a su encaje legal y dejar que se intermedien más bolívares.

En efecto, la medida del pasado 18 de septiembre con liberación de encaje de Bs 30 billones a la banca, ya consumió al 100% su efecto, y el sistema financiero al cierre del 16 de octubre, ya de nuevo se encuentra con un déficit sobre sus saldos de encaje de Bs -10 billones de Bs. Esta medida duró apenas un mes, tal y como habíamos mencionado en nuestro informe, y con el coeficiente actualmente en 93% el sistema financiero no tiene forma de poder cumplir con sus saldos requeridos de encaje y a su vez sostener una intermediación que tenga impacto sobre los sectores que hoy demandan financiamiento para sus operaciones.

Las empresas están considerando cuidadosamente la resiliencia a través de las lecciones aprendidas en lo que respecta a la crisis experimentada en estos últimos años, la visibilidad de la salud financiera de los proveedores y el riesgo de tener una sola fuente de suministro, son parte de los problemas más probables durante la crisis. Mientras las compañías evalúan sus vulnerabilidades, se están dando cuenta de la necesidad de hacer ajustes a sus modelos operativos para mejorar la flexibilidad y generar datos más detallados desde el principio para sustentar decisiones que ayuden a afrontar o mitiguen los riesgos a corto y mediano plazo. Estimamos que las mutaciones actuales de las empresas, en muchos casos, serán cambios permanentes en la forma de operar a futuro.

El Informe Bancario de Aristimuño Herrera & Asociados correspondiente a septiembre 2020 muestra toda la estadística vital de la banca venezolana. A continuación, se presentan algunos datos relevantes sobre la situación del sistema bancario en su más reciente cierre mensual.

* La cartera de crédito de la banca se ubicó en 83,3 billones de bolívares y registró un crecimiento mensual de 42,4%. Expresada en divisas estadounidenses al tipo de cambio oficial fue equivalente a 190,9 millones de dólares.

* Banco de Venezuela fue líder en cartera de crédito con una participación de 15,8%, seguido de Banesco con una cuota de mercado de 13,1%.

* La intermediación financiera de la banca fue de 14,58% en septiembre, 2,19 puntos porcentuales inferior a la registrada en septiembre del año pasado.

* Las captaciones del públicos fueron de 571,7 billones de bolívares, un aumento de 28,9% en el mes. El Banco de Venezuela fue líder absoluto en este rubro con una participación de 49%, seguido de Banco Mercantil con una cuota de 8%.

* La banca venezolana obtuvo un resultado neto (utilidad neta luego de deducir el ISLR) de 7,56 billones de bolívares, un incremento de 807,2% en comparación con septiembre de 2019. La inflación interanual al mismo mes, medida por la Asamblea Nacional, fue de 3.246%.

* El Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE) de la banca en septiembre fue de 5,40%, mientras que en el mismo mes de 2019 fue de 11,22%. El banco líder en esta cuenta es Banesco, con un ROE de 90,38%.

La determinación de la moneda funcional

El establecimiento de la moneda funcional para cuantificar y registrar la realidad financiera de las empresas se mantiene como una fuente de debate en una economía dolarizada de manera informal.

Diversos expertos indican que la determinación de la moneda funcional no es un asunto que solo resuelven las normas contables, sino que es una decisión que debe tomar cada empresa sobre la base de las regulaciones y su realidad específica.

El abogado especialista en asuntos contables, tributarios y aduaneros, además de individuo de número y presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Humberto Romero-Muci, que la disfunción monetaria en la que vive el país tiene graves consecuencias contables y tributarias.

El especialista sostiene que una de las mayores es «comprometer la utilidad de la información financiera, porque la unidad de cuenta pierde ka cualidad de homogeneidad necesaria para poder comparar la información en distintos períodos. En palabras resumidas, no se sabe si se gana o si se pierde, y esto no permite tomar decisiones racionales sobre el uso de recursos de una entidad».

Romero-Muci añade que desde «el punto de vista fiscal, la distorsión de estas mediciones, sobre todo de los resultados, puede implicar una incidencia absolutamente deformada de la base imponible, sobre todo en el Impuesto sobre la Renta, y podemos comenzar a pagar tributos sobre ganancias completamente ficticias, lo cual no solo implica lesión a derechos constitucionales, como el de pagar impuestos sobre la capacidad económica efectiva, sino que produce un efecto confiscatorio que se prohíbe en el ordenamiento jurídico».

Para el jurista y académico, el uso del dólar como medio de pago es absolutamente lícita, ya que «pese a que no es la moneda de curso legal, que sigue siendo el bolívar según la Constitución y la Ley del Banco Central de Venezuela, nada prohíbe que alternativamente las funciones de medio de pago sea cumplidas por otras monedas, como el caso concreto del dólar».

Romero-Muci señala que con la aprobación del Decreto Constitucional que derogó el Régimen Cambiario y sus Ilícitos, se eliminó y despenalizó el sistema cambiario que se construyó desde el año 2003, y, en consecuencia, hay libertad para contratar de moneda extranjera, denominar los contratos y obligaciones en una moneda distinta al bolívar y de reportar en esa otra moneda con exclusión del bolívar, «como lo expresa el artículo 128 de la ley del BCV y en los artículos 7 y 8 del Convenio Cambiario N° 1».

«A propósito de las desregulación, se afirma la libertad cambiaria, la convertibilidad externa del signo monetario, y esto es un elemento crítico, porque permite funcionalizar el conjunto de actividades económicas que pueden implicar la libre circulación de distintas monedas», recalca el jurista.

La NIC 21, que tiene aplicación en Venezuela a través de las VEN-NIF, permite establecer los criterios para utilizar una unidad de cuenta en los estados financieros, y esa unidad de cuenta tiene que ser lo más homogénea posible para garantizar que todos los agregados de los estados financieros se puedan comparar, para que la información represente fidedignamente la realidad económica subyacente de la entidad.

«Por eso la norma establece dos funciones fundamentales de la unidad de cuenta, la primera tiene que ver con la medición de los elementos patrimoniales, que es la que se denomina moneda funcional. Aquí lo importante es focalizar la realidad económica de la entidad. Una cosa es la unidad de cuenta como elemento de medición y otra es usarla como moneda de reporte en informes de situación y de resultados, además de los libros contables», explica Romero-Muci.

«Esta función de reporte no necesariamente tiene que coincidir con la moneda que se utilice para medir y cuantificar patrimonio y demás elementos contables», señala expresamente.

Romero-Muci apunta que «en derecho tendrá sentido y será jurídicamente válido todo lo que haga sentido desde el punto de vista contable, lo que quiere decir que si el cambio de moneda funcional se justifica desde el punto de vista técnico, siempre que se cumplan las condiciones técnicas que establece la NIC 21 para justificar este cambio, el efecto tendrá las consecuencias jurídicas plenas que establece el ordenamiento jurídico, incluso desde el punto de vista tributario».

Sin embargo, advierte que «aquí es crítico que se tenga la opinión técnica de un contador colegiado que certifique el cumplimiento de los requisitos para la transición a otra moneda funcional, independientemente de la que sea la moneda de reporte. El ordenamiento jurídico valora lo que haga sentido desde un punto de vista contable para maximizar la información financiera, de manera que se puede usar la moneda más representativa del entorno económico de la entidad», concluye.

El abogado y académico señala que la pérdida continuada del valor del bolívar desaconseja su uso para calcular y expresar la realidad de una organización en este entorno, porque los resultados no tendrán la debida credibilidad, aunque, como única moneda de curso legal, mantiene su rol como moneda para realizar reportes, pero siempre hay que recordar que, a los efectos legales, la contabilidad tiene valor probatorio.