Los peligros de una política monetaria paralela

Entre los acontecimientos históricos que dieron forma a la edad moderna y al Estado, destaca la emisión exclusiva de dinero, con la cual se sentó la base del orden económico a través de la política monetaria y dio paso a la creación de los bancos centrales como autoridades rectoras de esta.

La aparición de la moneda y posterior emisión de forma exclusiva y privativa por parte del Estado, respondió a la necesidad de la dinámica económica de un instrumento “liberatorio fiduciario” que facilitara el intercambio de bienes y servicios. La emisión que hacía el comerciante privado se trasladó a los bancos privados y finalmente al Estado.

Por funciones esenciales del banco central se han enumerado: diseñar políticas para que los precios de los bienes y servicios se mantengan estables, los salarios sean suficientes para asegurar la calidad de vida, las tasas de interés permitan una economía productiva y los tipos de cambio garanticen que la moneda tenga el valor suficiente para competir con otras. De hecho, todas ellas recogidas en el artículo 318 de la Constitución venezolana.

El control de la intermediación financiera como actividad de interés público permite a través de la banca pública o privada la promoción del ahorro y circulación monetaria por las captaciones de depósitos de los títulos de crédito y dinero efectivo.

¿Qué sucede cuando alguien ajeno al banco central asume esta función que define al Estado moderno?

Actualmente hay en Venezuela dos casos que obligan a levantar las advertencias de los peligros de una política monetaria paralela. El primero es la promoción de la criptomoneda petro, mecanismo que el gobierno piensa utilizar en sus relaciones económicas con el exterior usando un “instrumento de intercambio” cuya filosofía en principio se basa en eliminar el control de la banca internacional con objeto de eludirla u obviarla, incluso como una nueva forma de financiamiento ante la falta de fuentes tradicionales de recursos como bancos u otros estados.

Además, el gobierno ha dicho que impulsará el uso del petro como medio de pago en tiendas, para lo cual otorgará incentivos a los comerciantes y empresas prestadoras de servicios.

La iniciativa es única, puesta hasta ahora ningún gobierno a emitido una criptomoneda, dándole el aval a una tecnología relativamente nueva y entrando a un mercado de alta volatilidad y prácticamente sin regulaciones.

Irónicamente se emite una moneda virtual avalada por el Estado venezolano con una base institucional, política, jurídica y de supervisión ejercida por una Superintendencia Nacional de la Criptomoneda y Observatorio del Blockchain en Venezuela adscrita al Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología; instituciones ajenas a la política monetaria y financiera, lo cual nos permite apreciar el desorden en la política monetaria que existe en Venezuela o el alto valor que se le está dando, ante la realidad económica que se vive en el país, a la política monetaria discrecional.

La garantía del petro serán las reservas de petróleo venezolano, en un retroceso al patrón minero o metálico como fue el oro y la plata hasta el siglo XX.

Otro caso es la emisión de las denominadas monedas comunales que circulan en Venezuela. La más reciente, “panal” emitido en la parroquia 23 de Enero de la ciudad de Caracas, que ha captado amplia atención mediática y en redes sociales.

Debemos aclarar que el mismo Banco Central de Venezuela ha reconocido la existencia de monedas comunales para el trueque e “intercambio solidario”, en un primer momento observado como manifestaciones folkloristas por su reducida relevancia económica debido al poco ámbito territorial que cubren.

Pero en la situación que se presenta para el año 2018, signado por la ausencia de efectivo de la moneda de curso legal (el bolívar), su continua depreciación y consecuente sustitución por otras divisas particularmente el dólar estadounidense e inclusive por el peso colombiano debido a la pérdida de su capacidad liberatoria; estas monedas comunales pudiesen adquirir relevancia como forma de pago válidas en el territorio nacional.

Por otra parte, podrían ser incluso instrumento de intermediación financiera y objeto de operaciones de depósito en instituciones bancarias, considerando lo extremo que sería una decisión de esta naturaleza, ante lo que llamamos la atención.

La falta de confianza sobre el bolívar, producto de su continua devaluación (diagnósticos pesimistas prevén su obvia desaparición, extinción o metamorfosis) hace renacer mecanismos de intercambio privados superados como el trueque y la moneda comunal.

Si el empleo del petro o de monedas comunales como el panal se hace progresivo y expansivo, pudiesen competir o en el mejor de los casos, convivir con la moneda nacional.

Ahora, en cuanto a los bancos, la falta de liquidez en efectivo constante y sonante y la inflación, sacan de circulación monedas de baja denominación y las colocan ante el rechazo del público de utilizarlas.

No deja de ser una tentación para un gobierno con esquemas ideológicos ajenos a la economía de mercado aunado al actual proceso constituyente en Venezuela, que se prevea la posibilidad de otorgar rango constitucional a estos mecanismos más aun cuando la experiencia de emisión de dinero comunal se ha realizado por factores ideológicamente afectos al gobierno.

La hipótesis de crear una “Ley Constituyente” donde convierta a la moneda comunal objeto de captación de depósitos por la banca, podría ser una de las posibilidades más aun cuando dirigentes del gobierno han sugerido la ampliación de las políticas de estatización adquiriendo uno de los mayores bancos privados del país, aun cuando su presidente lo ha desmentido.

Esto revela el paulatino interés del gobierno de promover formas de intercambio económico, inclusive de intermediación financiera, en detrimento de los mecanismos monetarios ordinarios y constitucionales.

La aversión del gobierno a los límites institucionales se extiende cada vez a la economía, donde el ejercicio del pleno poder de emitir dinero a voluntad “por el bien del pueblo” no admite que se interpongan organismos reguladores autónomos como un banco central independiente, sobre todo cuando se está a las puertas de una elección presidencial.

En fin, los costos del populismo macroeconómico son bien conocidos por la experiencia latinoamericana. Las políticas, sobre todo las monetarias insostenibles, fueron la ruina de la región hasta que en los noventa comenzó a prevalecer la ortodoxia económica. Las políticas populistas producían periódicamente graves crisis económicas, que perjudicaban especialmente a los pobres, hasta que, para cortar el ciclo, la región se volcó a las normas fiscales y a los ministros de finanzas tecnócratas. Como siempre lo hemos dicho, las crisis no son eternas.

 ¿Viene el default de la deuda externa en 2018?

Durante el año pasado los pagos de la deuda externa se mantuvieron al día hasta que llegaron a la mesa las sanciones por parte de Estados Unidos hacia Venezuela. Como habíamos comentado en el análisis de los impactos de dichas sanciones, lo que más nos preocupaba era la corresponsalía y cómo iba a complicar todo el panorama para realizar pagos en dólares, tanto para el Estado como para la estatal Pdvsa.

En efecto, estamos observando un escenario de paralización total de liquidaciones de divisas al sector privado y fuertes retrasos en el pago de cupones de los títulos, tanto de Pdvsa como de la República, acumulando ya un total de $1.300 millones que no han sido cancelados.

Hasta el año 2017, la amortización de deuda externa tenía mucho peso en Pdvsa y no en la República. Entre el 2014 y el 2017, $13.500 millones en bonos que vencían correspondían a Pdvsa, mientras que solo $4.200 millones eran Soberanos. Debido a esta razón, el spread en las curvas siempre fue mayor en el caso de Pdvsa, debido a que el mercado le asignaba mayor probabilidad de incumplimiento de pagos considerando su mayor carga en relación a los títulos Soberanos. Este escenario en efecto no se dio y estamos viendo totalmente lo contrario: el Gobierno le está dando mayor prioridad a los pagos de los títulos de Pdvsa sobre los Soberanos.

Ya durante esta semana, los títulos Soberanos empezaron a negociarse con “precio sucio” o sin intereses, esto debido a que varios instrumentos ya superaron los periodos de gracia de 30 días para ejecutar sus pagos, mientras que los de Pdvsa todavía no han pasado este “límite” que toma en cuenta el mercado (títulos de Pdvsa están por debajo de los 20 días de atraso en promedio). Para los años 2018 y 2019, el Gobierno venezolano tiene que pagar $11.100 millones en deuda externa, mientras que Pdvsa solo tiene $6.600 millones. Nuestro escenario base es que en 2018 se mantengan los pagos de Pdvsa, pero se mantenga el fuerte retraso y default técnico en los títulos soberanos, tomando en cuenta los bajos costos de reestructuración asociados a los títulos de la República.

Ahora bien, dado este contexto, ¿puede venir un requerimiento de aceleración de pagos por parte de los inversionistas? Dado que ya las calificaciones de ambas curvas se encuentran en default técnico, esto es un escenario que está en la mesa, en el cual los inversionistas demandarían el adelanto de los pagos del resto de títulos en toda la extensión de la curva y no solo de la deuda pendiente. Sin embargo, este es un escenario que le vemos una probabilidad no muy alta, considerando que el año 2018 es electoral y los mercados internacionales están asignado una probabilidad muy alta a un cambio de gobierno en 2018, ya sea desde la entrada de la oposición propiamente, o con una figura no radical por el lado del Gobierno que introduzca un plan de estabilización macroeconómica, dentro del cual estaría el refinanciamiento de la deuda como uno de los puntos medulares. Si bien esto puede ser visto actualmente como un cisne negro u outlier, en Venezuela en los últimos meses precisamente estos cisnes negros son los que han explicado el panorama económico y político.

El elemento clave para Pdvsa en caso de un plan de estabilización (desde la perspectiva de la deuda externa), sería aplicar medidas similares a las que sucedieron con Iraq mientras estuvo sancionada por Estados Unidos, en el cual la ONU protegió todos los activos petroleros mientras se aplicaba un plan de refinanciamiento, esto con el fin de evitar la entrada de fondos buitres en el juego.

El año 2018 arranca con una caída enorme en la producción de Pdvsa, de cerca de un millón de barriles menos en relación a 5 años atrás, lo cual implica que a pesar de las mejores perspectivas en el precio del crudo, esto no involucra mayor flujo de ingresos sino se detiene la caída en la producción. Mientras no haya un cambio en la política económica actual y en los hacedores de dicha política, las sanciones seguirán en el mapa, por tanto, el default técnico de la deuda soberana seguirá presente en 2018 y se profundizarán los retrasos, lo cual podría obligar a una reestructuración desordenada de la deuda Soberana, lo cual, junto a la hiperinflación, son dos variables de alta presión para conducir hacia un cambio.

Liquidez monetaria se expandió en una cifra histórica de Bs 116,9 billones en 2017

• Todo apunta a que la petromoneda, no será una criptomoneda, sino de un «activo electrónico», un » bono digital» o una «moneda electrónica», que tiene como garantía parte de las reservas de petróleo del país y que nace como una estrategia para sortear el «bloqueo financiero» debido a las sanciones de Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro.
• El gobierno ha dicho que impulsará el uso del petro como medio de pago en tiendas, para lo cual otorgará incentivos a los comerciantes y empresas prestadoras de servicios. De ser así se utilizará como medio de pago, cumpliendo la función primordial del dinero, la cual es facilitar el intercambio por tratarse de un bien «convencional» que en principio debería ser de aceptación general y garantizado por el estado. Por supuesto, que habría que definir la tasa de cambio entre el petro y el dólar y su equivalente en bolívares, hecho que hasta el momento no ha sido claro por el gobierno. Esto partiendo del hecho que un petro será igual a un barril de petróleo venezolano.
• El petro cumplirá con otra de las características más importantes del dinero: depósito de valor. Es decir, el individuo que ha obtenido este «activo electrónico», posee un poder adquisitivo que podrá materializar en el momento que estime oportuno en el futuro. Sin embargo, no puede ser considerado dinero de curso legal ya que el mismo no es emitido por la autoridad competente que es el Banco Central de Venezuela. Tampoco puede ser considerado dinero bancario, ya que la banca no lo crea a partir de los depósitos que hacen los ahorradores.
• El petro es considerado un criptoactivo, ya que a diferencia de las otras criptomonedas que están respaldadas únicamente por la fe, porque la gente cree en ellas y han comenzado a usarlas, el petro va a tener un respaldo en petróleo.
• La emisión del petro se asignará en el mercado primario con un procedimiento similar al de las subastas. Es decir, el Estado tendrá el control de todas las monedas y se sabrá a quién se les entregarán. Esto, al menos al inicio de su emisión.

Apuntes estratégicos para el 2018

El año 2017 resultó complejo en materia económica. Culminó con una contracción económica que estimamos ronda entre 12 y 10 puntos del PIB, en medio de un proceso de aceleración de precios manifiesta en las inflaciones mensuales estimadas por la Asamblea Nacional que para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017 arrojaron valores respectivos de 50%, 56% y 85%, colocando a Venezuela como el único país del mundo con una hiperinflación y una inflación durante todo el 2017 de cuando menos 2.600%.

Sin embargo, el año 2018 podría dejar pálidas a algunas de estas estadísticas si consideramos que el proceso de incremento de los niveles de precios se ha venido acelerando, por lo que se puede esperar un nivel promedio de inflación durante el presente año sustantivamente superior al mostrado durante el año 2017.

Hasta la fecha, las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo Nacional y las acciones por parte de la Asamblea Nacional Constituyente se han restringido a simples medidas de transferencias y subsidios en el primer caso y a la aprobación de leyes punitivas como la Ley Constitucional de Precios Acordados y la Ley Constitucional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción por parte de la ANC.

Se inicia el año 2018 con una tendencia a la caída en la producción petrolera venezolana, la cual se estaría al inicio del año en un nivel de 1,7 millones de barriles diarios.

Adicionalmente, los compromisos de la nación producto de la deuda soberana y de la deuda emitida por la estatal petrolera PDVSA, exigirán erogaciones de divisas durante el año 2018 no inferior a los 8.000 millones de dólares.

Por otra parte, el país está envuelto en un eventual escenario preelectoral, a la espera de la fijación de fechas para la realización de las elecciones presidenciales durante el presente año. Este hecho, es considerado muy especialmente por analistas económicos y políticos como elemento condicionante en la toma de decisiones por parte del Gobierno en el futuro mediato e inmediato. Sin embargo, es justo precisar bien este tema. Pudiera resultar cierto que una vez realizadas las elecciones presidenciales, se inicie un nuevo juego sin amenaza electoral de corto plazo para quien detente la administración de la cosa pública (sean nuevos actores o los actuales gobernantes).

En estricto rigor de teoría de juegos, suponiendo la infalibilidad de los estudios de opinión y existiendo ausencia de fallas cognitivas, deberíamos esperar la realización de elecciones presidenciales en Venezuela solo si quien las convoca o las permite, recibe un pago mayor al hacerlas que al no realizarlas (nos referimos a pagos netos, donde los beneficios superen a los costos, y donde existen elevadísimos costos de salida para la actual administración).

Realizada esta aclaratoria debemos destacar que nosotros condicionaríamos un eventual nuevo juego una vez realizadas las elecciones, aún de mantenerse en el poder la actual administración, a ciertos bemoles y condiciones, porque la tesis de esperar mayor pragmatismo en materia económica por parte de los actuales gobernantes una vez desaparezca la amenaza electoral, no es necesariamente automática o directa.

Primero habría que preguntarse si el objetivo final del gobernante cambiaría una vez realizadas las elecciones. La respuesta probable es que no, seguirá siendo detentar el poder. Segundo, habría que preguntarse ¿el cambio de modelo económico atenta contra este objetivo? O dicho de otra manera ¿mantener el modelo económico facilita ese objetivo? Tercero, habría que preguntarse si el modelo país para quienes detentan el poder coincide o difiere de aquel modelo país de aquellos que apuestan a un cambio pragmático una vez hayan sido realizadas las elecciones.

En este sentido recomendamos a las empresas seguir estas diez recomendaciones:

1. Una gestión eficiente del efectivo ante el escenario hiperinflacionario.

2. Buscar apalancamiento financiero dada la elevadísima negatividad de las tasas de interés activas reales y de ser necesario ayudarse con un lobby bancario.

3. Realizar un análisis estratégico del menú de bienes producidos y/u ofertados para valorar la eventual necesidad de concentrar recursos, esfuerzos, economías, rentabilidad y eficiencias en un abanico más reducido de productos. Generar nuevos productos o rediseños que sean altamente rentables y competitivos a un menor precio.

4. Una gestión estratégica de los costos para potenciar un mayor flujo de caja y posicionar mejor sus productos.

5. Analizar la situación actual de sus mercados, su demanda y la competencia, dada la posibilidad de haberse producido cambios estructurales y de comportamiento en los mercados ante la crisis económica.

6. Valorar la validez y pertinencia de sus actuales estrategias de pricing, ponderando, adicionalmente, los riesgos regulatorios ante la Ley Constitucional de Precios Acordados y la Ley Constitucional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.

7. Iniciar y profundizar líneas de producción para la exportación y consolidar líneas de ingresos en divisas.

8. Valorar la posibilidad de desarrollar nuevos formatos de contratos con los clientes, de riesgo compartido, para lidiar con el acceso a insumos esenciales de origen foráneo y a divisas, reduciendo costos de reposición y riesgos de pérdida de capital de trabajo.

9. Consolidar matriz de grandes clientes tradicionales de alta certeza y cumplimiento en los planes de pedido-producción-despacho, para que precompren parte de sus solicitudes.

10. Añorar el desarrollo de corporaciones y clusters sectoriales para la exportación.