Intervenciones y expropiaciones: DirecTV se añade a una larga lista

Tras un tiempo en que el Gobierno de Nicolás Maduro parecía instalado con comodidad en medidas propias del liberalismo, Venezuela ha retomado, sobre el papel, otras que obedecen a un socialismo más ortodoxo con la ocupación de empresas como DirecTV que, en otras ocasiones, le han permitido volver a la retórica, pero no a la senda de la teoría de Marx.

El caso de DirecTV, empresa de TV satelital propiedad de AT&T, es el más reciente. El gigante estadounidense se vio obligado a cerrar su negocio en Venezuela, puesto que las sanciones de EE.UU. prohíben la transmisión de los canales de Globovisión y Pdvsa, de obligatoria emisión según los cánones del Ejecutivo de Maduro.

Su ocupación no es un caso único, pues es frecuente la intervención de empresas, así como la fiscalización de precios y de ganancias. Unas medidas que, en teoría, deben repercutir sobre la población pero cuya ineficiencia y falta de profundidad terminan por caer en saco roto y sacan a flote la economía ilícita que, con frecuencia, funciona, al menos, con la pasividad de las autoridades, cuando no con su complicidad, según multitud de denuncias ciudadanas.

La lista de empresas afectadas parece interminable, con cerca de 400.000 negocios cerrados en los últimos 20 años, según estimaciones gremiales, de los cuales cerca de 10.000 eran industrias.

Estos son algunos de los casos que más han impactado en la sociedad venezolana y en las empresas instaladas en Venezuela.

– DirecTV: la plataforma de precios ínfimos –

Ante la imposibilidad de seguir las transmisiones de DirecTV, millones de venezolanos se quedaron sin un servicio por el que pagaban apenas un precio simbólico. Muchos lo consideraban un balón de oxígeno en un país en el que la falta de agua y energía es frecuente y el Internet tiene una velocidad que complica la reproducción en streaming.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un organismo cuyos componentes son abiertamente cercanos al chavismo y que es considerado ilegítimo por la oposición y parte de la comunidad internacional, ha tardado poco en responder. Ha ordenado a la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ocupar la empresa y restituir su señal.

Pese a que no está claro cómo funcionará a partir de ahora, la rápida respuesta muestra la voluntad del chavismo de garantizar un servicio -banal, ante la falta de agua o energía- que ha reclamado buena parte de la sociedad venezolana y que derivó en el primer gran cacerolazo del año el pasado martes.

La nube de antenas de DirecTV en algunas de las zonas más populares muestra también la implementación de este sistema de televisión por cable en las zonas más humildes, precisamente a las que el chavismo dirige su discurso.

–  Empresas Polar –

Si hay una marca conocida en el mercado venezolano es la de Polar, la cerveza más consumida en el país. Sin embargo, el conglomerado Polar va mucho más allá de la bebida a base de cebada y su sección de alimentos incluye algunos de los que más presencia tienen en las mesas de los venezolanos.

Como parte de la última estrategia para poner coto a la hiperinflación, que comenzó en noviembre de 2017, el Gobierno anunció en abril pasado que iba a comenzar a supervisar las ventas de Alimentos Polar, la mayor empresa del sector en Venezuela.

La compañía calificó la medida como «arbitraria», lo que no ha impedido que el Gobierno comience a controlar los precios junto a los de dos empresas más: Plumrose, dedicada al sector de embutidos, y a un matadero de Turmero, en el estado Aragua.

Esa supervisión implica que todos los precios deben estar controlados por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), ente que depende del Ministerio de Comercio.

Esta no es la primera vez que adopta esas medidas. Entre 2014 y 2018 ya se pusieron en marcha y tuvieron como efecto una grave escasez de alimentos básicos y medicinas.

El año pasado, Maduro viró 180 grados su política sobre controles y permitió a los productores colocar precios según su estructura de costos, además de flexibilizar el uso del dólar, ahora más común en la mayoría de las transacciones en el país.

Ahora, al poner la lupa en el récord de ocupaciones, expropiaciones e intervenciones decretadas por la llamada revolución bolivariana algunos casos destacan sobre otras decenas.

– Estadounidenses en la mira –

En 2010, el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) anunció la expropiación de la filial de la estadounidense Owens Illinois y enmarcó esta nacionalización en una «aceleración» del proceso para hacer de Venezuela un país socialista, dentro del proyecto estatizador que inició en enero de 2007.

Ese plan incluyó también la cadena hotelera Hilton, cuyas infraestructuras fueron expropiadas en 2009 y que desde entonces pasaron a formar parte de una red estatal de hoteles (Venetur), forjada al calor de otras expropiaciones.

El Gobierno de Maduro ordenó en 2016 la ocupación de la planta de la compañía estadounidense Kimberly Clark, dos días después de que la empresa anunciara la suspensión «indefinida» de sus operaciones por el «deterioro de las condiciones económicas y de negocio».

Algo similar se repitió en 2018 con la planta de producción de Kellogg en Venezuela, que el Gobierno «reactivó» un día después de que la empresa estadounidense de cereales anunciase su cierre en el país. Desde entonces, el Ejecutivo comercializa esos productos.

El fabricante estadounidense de vehículos General Motors dejó de operar en Venezuela en 2017 luego de ser víctima de un «embargo judicial ilegal de sus activos», según denunció la empresa. Se desconoce si las plantas producen algo tras las acciones llevadas a cabo por el Gobierno.

La planta de cauchos Goodyear dejó de producir a finales de 2018 y fue enfática al señalar que nadie estaba autorizado a usar la marca en el país. En enero de este año Maduro anunció el reinicio de operaciones.

– RCTV, el canal más antiguo –

RCTV o antes Radio Caracas TV, fue sacado del aire en 2007 y en su lugar el Gobierno instauró la primera «televisora social» TVES, que nunca ha conseguido ni la mitad de la audiencia de su predecesora, pese a contar con las mismas instalaciones físicas y equipos tecnológicos que, según antiguos dueños, nunca fueron indemnizados.

El impacto del fin de RCTV, canal en el que trabajaron algunos de los profesionales más populares del sector, es comparado por muchos con el fin de DirecTV.

– Bancos, un enemigo frecuente –

Aunque el Gobierno ha intervenido varias entidades financieras, solo se hizo con el control absoluto de una en 2009: el Banco de Venezuela, que pertenecía al Grupo Santander de España, por un monto de 1.050 millones de dólares.

Chávez reiteró la rentabilidad de esta operación así como el interés por nacionalizar otros bancos, aunque, hasta el momento, ese deseo no se hizo realidad.

– Servicios –

En los primeros años de la revolución bolivariana, el Estado se hizo con el control de empresas, que estaban en manos de privados, que eran necesarias por un tema de «seguridad nacional», entre ellos la Compañía Nacional de Telecomunicaciones (Cantv) y las del sector eléctrico, entre ellas la centenaria La Electricidad de Caracas (EDC) -todo un modelo de gestión de servicios públicos, a pesar de ser privada-, para crear una gran corporación denominada Corpoelec.

Ambos consorcios prestan un servicio público que es de los peores del continente con numerosas fallas a diario y cortes que duran jornadas completas, incluso, semanas.

– Construcción –

Chávez nacionalizó en junio de 2008 el sector cementero del país, alegando su carácter estratégico y anunció la expropiación de las tres empresas trasnacionales que operaban en su territorio: la suiza Holcim, la francesa Lafarge y la mexicana Cemex.

El Gobierno venezolano anunció en 2009 un acuerdo de pago de 552 y 267 millones de dólares por el 85 y 89 % de las acciones de Holcim y Lafarge, respectivamente. Dos años después acordaron pagar 600 millones de dólares como compensación por la polémica nacionalización de la filial de Cemex en Venezuela.

Durante esos años, el Ejecutivo también expropió decenas de proyectos urbanísticos, algunos con indemnizaciones posteriores que no saciaron las demandas de los agraviados.

– Petróleo –

La segunda nacionalización del petróleo comenzó en 2007 y desencadenó en varios litigios con empresas extranjeras que operaban en el país como Exxon Mobile Corp.

La estadounidense demandó a Pdvsa y años después consiguió que el país sudamericano le pagase 255 millones de dólares por los 908 millones que había ordenado la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

– Supermercados –

Al menos dos cadenas privadas de venta de alimentos, una venezolana y otra colombiana, fueron tomadas por el Gobierno en 2010 y transformadas en la red de Abastos Bicentenario, un negocio que seis años más tarde «se pudrió» según el propio Maduro, que ha criticado la depauperación de estos mercados.

Los dueños de estas empresas expropiadas criticaron entonces, entre otras cosas, que se hayan tomado medidas tan extremas sin ni siquiera permitir procesos judiciales para que los afectados pudieran defenderse