Intervencionismo o libre mercado, Bolsonaro ante su primer dilema ideológico

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afronta una disyuntiva de consecuencias desconocidas: o da marcha atrás en su intento por controlar el precio del diésel y calma al capital o mantiene su posición y apacigua a los camioneros, que amenazan con volver a paralizar el país como en mayo de 2018.

El mandatario se encuentra en un callejón sin salida después de vetar el aumento del precio del combustible, una decisión inesperada que enfureció a los mercados y ha puesto en jaque la supuesta visión liberal de su gobierno.

Bolsonaro, que ascendió a la presidencia bendecido por los mercados y envuelto en la bandera del no intervencionismo, pidió la semana pasada a Petrobras, empresa estatal, pero con acciones negociadas en Nueva York, Madrid y Sao Paulo, que bloqueara el aumento de 5,7% del precio del diésel en las refinerías.

La primera consecuencia fue el desplome de 8% en las acciones de la petrolera, que perdió, solo el pasado viernes, 32.400 millones de reales (uno 8.300 millones de dólares) en valor de mercado. El lunes prácticamente cerraron casi sin cambios.

Todo eso resultó en el inicio de una crisis ideológica en el seno de un gobierno, que se vendió al exterior como un ferviente defensor de la economía abierta, a pesar de estar liderado por un capitán en la reserva del Ejército -históricamente nacionalista- como Bolsonaro.

«Fue una sorpresa porque hizo lo que criticaba de los gobiernos anteriores en relación a intervenir en una empresa», afirmó a Efe el profesor del centro de estudios económicos Fundación Getulio Vargas (FGV) Joelson Sampaio.

El presidente mantuvo el lunes una reunión con el ministro de Economía, Paulo Guedes, para intentar trazar una estrategia en conjunto, mientras el ministro de la Presidencia, Onyx Lorenzoni, se encontraba con el titular de Petrobras, Roberto Castello Branco.

Castello Branco dijo que aún no «hay ninguna decisión» sobre el reajuste, pero mandó un recado al Gobierno al subrayar que Petrobras tiene «vida propia» y es «libre» para tomar una decisión que él considera que compete a la empresa y no al Ejecutivo.

Además, Guedes, no fue informado del veto en un primer momento, aunque luego comentó que si Bolsonaro -quien ha reconocido que «no entiende» de economía- «eventualmente hace alguna cosa que no sea muy razonable», sería posible «arreglarlo».

El problema no es nuevo para un presidente de Brasil. Fue una china en el zapato para Dilma Rousseff (2011-2016) y explotó en las manos de Michel Temer (2016-2018), cuando tuvo que hacer frente a la huelga camionera.

Con Rousseff, Petrobras congeló varias veces los precios del diésel en las refinerías, pese a que por aquel entonces el valor de mercado del barril del petróleo estaba al alza. Una decisión entonces coherente con su posición ideológica.

La hoy exmandataria intentó así aliviar la alta inflación, pero al mismo tiempo arrastró a la petrolera a una profunda crisis que se agravó aún más con los múltiples casos de corrupción destapados en su interior.

En medio de una caída en sus índices de popularidad, Bolsonaro, en el poder desde solo el 1 de enero, bloqueó la subida del diésel para no defraudar al sector transportista y hoy les hizo otro guiño con nuevas medidas.

El gobierno anunció este martes una línea de crédito público de 500 millones de reales (130 millones de dólares) para ayudar al mantenimiento de los camiones y una inversión de 2.000 millones de reales (520 millones de dólares) para mejorar el estado de las carreteras del país.

Los camioneros, cansados de sucesivos aumentos, ya demostraron su fuerza durante 11 días en mayo de 2018, cuando bloquearon las principales vías del país, ocasionando graves problemas de desabastecimiento que causaron un perjuicio de unos 4.100 millones de dólares.

«Bolsonaro se aproxima así mucho más a los errores de Rousseff, que a una política liberal como él tanto propagaba», sostuvo a Efe el profesor Marco Antonio Teixeira, de la FGV.

La concesión a los camioneros muestra, para Teixeira, «un gobierno prisionero» y puede «incluso dificultar el debate de la reforma de las pensiones», la gran apuesta de Bolsonaro y su principal desafío económico.

Una solución apuntada por Sampaio para atender la demanda de los transportistas es que el gobierno reduzca los impuestos que aplica al diésel, que se ubican entre 30% y 40%.

Para abordar la problemática, este martes está prevista una reunión de Bolsonaro con varios de sus ministros y el presidente de Petrobras en la que intentarán pasar página, otra más dentro del historial de polémicas e incertidumbres que han marcado los casi cuatro meses de su gobierno.

«Hay que tener claro quién va a pagar la cuenta», lo que «no puedes hacer es gravar al inversor de la empresa», concluyó Sampaio.