Investigan a exministro de Transporte español por avalar polémico rescate financiero a Plus Ultra

Pese a que hace solo unas semanas la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo, aseguró en el Congreso español que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) dijo que el exministro José Luis Ábalos no opinó sobre la concesión de la ayuda que otorgó la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la aerolínea Plus Ultra, se supo que él dijo que el rescate era «necesario».

Rallo dijo que su equipo elaboró un informe acerca de Plus Ultra para la SEPI, pero que sólo se limitaba a analizar si la situación económica y financiera de las compañías es suficientemente sólida para garantizar la seguridad en los vuelos.

La documentación preceptiva que manejaba la SEPI sí contenía al menos una opinión favorable de AESA. La agencia dependiente de Ábalos para entonces, sí se «mojó» sobre el rescate público, señala el informe en cuestión que cuenta con nueve páginas.

AESA concluyó que el rescate de la aerolínea, que tenía una situación financiera «delicada» por «los efectos de la pandemia y la dificultad de obtener financiación bancaria adicional», era «necesario», refiere el citado documento firmado la directora de seguridad de aeronaves, Marta Lestau Sáenz, firmado el pasado 26 de febrero de este año.

«La situación financiera de Plus Ultra en el ejercicio 2020 es delicada, ya que estando no calificada como empresa en crisis al cierre de los años 2018 y 2019, experimenta un fuerte deterioro financiero principalmente motivado por los efectos de la pandemia y la dificultad de obtener financiación bancaria adicional, por lo que su supervivencia hace necesario que reciba la ayuda estatal transitoria solicitada a fin de hacer frente a los pagos previstos y mantener su operativa en los próximos 12 meses», indica el documento.

Agrega que «los primeros años de explotación comercial de la sociedad han venido marcados por las dificultades para rentabilizar las operaciones y el control estricto de los costes, considerando la exposición a determinados riesgos significativos como el tipo de cambio o de crédito por la situación económica de los mercados geográficos en los que opera» (Venezuela, Ecuador y Perú).

Entre los años 2015 y 2019, para mantener la actividad comercial y absorber el impacto de los resultados negativos generados se han realizado diversas aportaciones de capital en Plus Ultra, que para el 31 de enero de 2020 ascendían a 10.644.826 euros.

El consejo de administración de la aerolínea había llevado a cabo «una reorganización interna de los principales cargos responsables a nivel operativo y financiero», señala el documento.

Al representar apenas el 0,03% del tráfico aéreo en España, el rescate de Plus Ultra se ha cuestionado por su dudoso carácter estratégico, por el estado financiero de la empresa, al encontrarse en pérdidas desde su creación en 2011; y por quién controla la compañía, con la mayoría de las acciones en manos de empresarios venezolanos vinculados al Gobierno de Nicolás Maduro.

El papel del Ministerio que hasta hace unos días pilotaba Ábalos fue especialmente decisivo en la operación, ya que aportó información clave sobre la compañía aérea.

Antes de que el informe saliera a la luz, Ábalos se desmarcó de esta operación, asegurando que su Ministerio no había tenido nada que ver en el rescate, lo que levantó más sospechas sobre el asunto. El caso ya se investiga en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y en el Tribunal de Cuentas. También ha llegado a la Comisión Europea, que está estudiando si toma partido en el asunto.

Con información de Vozpópuli