Investigan a Juan Manuel Santos por financiamiento ilegal de su última campaña
La petrolera Pacific Rubiales, de origen canadiendense, realizó presuntos aportes ilegales por 7.220 millones de pesos (unos dos millones de dólares) a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y de Óscar Iván Zuluaga en 2014, reveló la Revista Semana.
Una abogada de Frontera Energy, que surgió en 2017 como resultado del proceso de reestructuración de Pacific Rubiales, entregó a la Fiscalía colombiana documentos, entre «facturas, contratos, correos electrónicos y recibos de operaciones internacionales», que dan cuenta de los presuntos delitos de «falsedad en documento y otros».
En ese sentido, la revista señaló que Frontera Energy «encendió las alertas por lo que sería un importante paquete de pagos no reportados a terceros, cuyo verdadero destino eran campañas políticas para la presidencia en primera y segunda vuelta, así como los partidos políticos de La U y de Cambio Radical en 2014».
En Colombia la ley prohíbe que las campañas políticas reciban donaciones de empresas extranjeras.
La información agregó el primer pago que llamó la atención de la nueva compañía fue uno de 2.636 millones de pesos (unos 766.000 dólares) que se hizo a través de Meta Petroleum Corp, subsidiaria de Pacific, a la empresa de seguridad Coservipp el 10 de junio de 2014, cinco días antes de las votaciones.
De igual forma, Semana señala que en una reunión a la que asistió el vicepresidente financiero de Meta Petroleum, Carlos Pérez, «cruzaron varias versiones de una tabla que da cuenta de siete supuestos pagos bajo el concepto de campañas políticas, que suman más de 7.220 millones de pesos».
Entre ellos están uno de 797 millones de pesos (unos 232.000 dólares) a la agencia de publicidad Sancho BBDO, otro de 758 millones de pesos (unos 220.000 dólares) a la compañía Sístole y 460 millones de pesos (unos 134.000 dólares) a Pato de Hule.
También hay desembolsos de 180 millones de pesos (unos 52.300 dólares) de Creatividad Global, de 1.000 millones de pesos (unos 290.000 dólares) a Langton International Holding y 1.389 millones de pesos (unos 403.000 dólares) a Northern Atlantic Investment Corp.
Estas pruebas también fueron enviadas al Consejo Nacional Electoral y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Frente a esta publicación, Zuluaga, que fue el candidato del uribista Centro Democrático en 2014, aseguró que su campaña «ha sido la más investigada durante los últimos cinco años, los colombianos pueden tener la certeza de que mi campaña actuó de manera correcta».
«Quiero reafirmar de manera categórica que todos los ingresos y gastos de mi campaña presidencial de 2014 fueron declarados, están en la contabilidad y debidamente reportados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE)», agregó en un vídeo difundido en redes sociales.
El pasado 13 de agosto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una indagación preliminar contra el ex presidente Santos (2010-2018) para establecer si su campaña de reelección en 2014 recibió financiación de la multinacional brasileña Odebrecht.
En junio pasado, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes también abrió una investigación preliminar contra Santos para establecer su presunta vinculación con el caso de corrupción de Odebrecht.
Con la diligencia de la Cámara se busca «determinar si hay o no lugar a proceder a una investigación formal» por el presunto ingreso de dineros de la constructora brasileña a su campaña para la reelección presidencial de 2014.
La decisión de abrir la indagación preliminar en la Cámara contra el expresidente se dio con base en declaraciones del exsenador detenido Bernardo Elías, conocido como «Ñoño Elías», a la periodista Vicky Dávila que las publicó en su columna de la revista Semana bajo el título «Dejen hablar al Ñoño».
La Corte Suprema de Justicia condenó en febrero del año pasado a seis años y ocho meses de prisión a Elías por los delitos de cohecho y tráfico de influencias por el pago de coimas que hizo Odebrecht.
En mayo pasado, el ex gerente de la campaña presidencial de Santos en 2014, Roberto Prieto, fue condenado a una pena de cinco años de prisión por recibir dineros de Odebrecht.
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