Investigan amenazas de muerte a inmigrantes venezolanos en noreste de Colombia
Colombia empezó a investigar el jueves la veracidad y el origen de las amenazas contra inmigrantes venezolanos en la ciudad de Bucaramanga después que aparecieron decenas de panfletos intimidatorios supuestamente firmados por un presunto grupo armado ilegal.
Más de 1,4 millones de venezolanos se encuentran actualmente en Colombia, que se convirtió en el principal receptor de inmigrantes de la nación petrolera que huyen de la crisis política, económica y social, según el último censo de la autoridad migratoria.
La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y las autoridades migratorias anunciaron que adoptarán las medidas de seguridad para evitar ataques xenófobos contra los inmigrantes luego de la aparición de panfletos aparentemente firmados por una supuesta banda criminal dedicada al narcotráfico.
“Llegó la hora de la limpieza para toda Bucaramanga. Gamines (habitantes de la calle) y ladrones que por lo general son venezolanos van para el piso, al igual que quien los acoja. A los que tengan venezolanos empleados en sus negocios se les dan 48 horas para que los reemplacen”, dicen los carteles firmados por el Bloque Central Colombia de las Águilas Negras.
Las Águilas Negras está conformada por exparamilitares de ultraderecha que regresaron a la clandestinidad tras un acuerdo de paz en el 2005, pero la autenticidad de las amenazas no ha sido verificada, según fuentes de la Policía Nacional.
Bucaramanga, la capital del departamento de Santander, cerca de la frontera con Venezuela, alberga a casi 38.000 venezolanos, según Migración Colombia. Naciones Unidas estima que cuatro millones de venezolanos han escapado de la crisis económica y política que vive su país.
“Con una noticia así ¿quién va a andar tranquilo?”, dijo a un canal de televisión William Galindo, un joven inmigrante venezolano que llegó a Bucaramanga huyendo de la crisis en su país.
Los propietarios de establecimientos comerciales que emplean a venezolanos en esa ciudad se declararon preocupados por las amenazas de los panfletos que aparecieron pegados en árboles y postes de alumbrado público.
“Cualquier amenaza a la vida de la población venezolana o colombo-venezolana que ha llegado a Colombia, constituye un delito y por lo tanto los responsables de esos panfletos tendrán consecuencias judiciales y penales”, dijo la vicepresidenta Ramírez.
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